Illa buscará reactivar un Parlament estancado, tras apuntalar el arranque de su Govern sobre la continuidad de ERC

El Parlament de Catalunya prevé empezar, el próximo día 15 de enero, el segundo período de sesiones de la legislatura que comenzó el pasado 10 de junio. El primer pleno de la reanudación se celebrará el 28, 29 y 30 de enero. Y la previsión –o al menos la voluntad– del Govern del PSC, es buscar una reactivación parlamentaria, que permita sacar la cámara catalana del letargo en el que ha vivido en el 2024. Salvador Illa ha dado órdenes de intentar intensificar las negociaciones con ERC y Comuns, que el president de la Generalitat ha situado como socios prioritarios, después de que le dieron la investidura. 

El primer gran hito es la negociación del presupuesto, pero el objetivo de Illa va más allá y la intención es desplegar una intensa actividad parlamentaria, para lo cual los socialistas ampliaran los contactos con todas las formaciones políticas –con la excepción de Vox y Aliança Catalana– para estudiar mayorías suficientes que les permita llevar adelante una agenda legislativa potente y con acento propio en la acción del Ejecutivo. Después de que el PSC haya apuntalado el arranque de la nueva etapa sobre la continuidad de proyectos de ERC, con temas como el Estatut de los municipios rurales, la nueva ley de Memòria o la del amianto, entre otras iniciativas.

El PSC, entre la mayoría estable con ERC y Comuns

El Govern de Illa buscará la estabilidad con acuerdos de gran alcance con ERC y los Comuns, pero a corto plazo la crisis interna de ERC todavía dificulta un entendimiento global y será necesario un titánico trabajo parlamentario, tema a tema y con geometría variable, para sacar al Parlament del estancamiento del año pasado. Y es que, en el primer medio año de legislatura, la cámara catalana ha aprobado una sola ley, la de creación del Fons Agrari i Ramader (Fonda Agrario y Ganadero), y se ha limitado a validar cuatro decretos ley.

La crisis interna de ERC todavía dificulta un entendimiento global

A la ínfima actividad parlamentaria de la segunda mitad del año 2024 es necesario sumar una primera pobre primera mitad, marcada por las elecciones del 12 de mayo, que tuvo disuelto el Parlament entre el 19 de marzo y el 9 de junio de 2024. Pero también por las grandes dificultades que tuvo el Govern de ERC, con Pere Aragonès al frente, para acordar iniciativas. Por la falta de una mayoría sólida, que finalmente impidió incluso la aprobación del presupuesto que desató la convocatoria electoral avanzada.

El PSC tiene la misma situación de minoría, aunque con un grupo parlamentario más nutrido –ERC gobernaba con 33 diputados y el PSC con 42 cuando la mayoría absoluta está en 68–. Pero Illa quiere evitar caer en el mismo pozo de minoría y bloqueo en el que ERC quedó atrapado tras romperse el Govern con Junts.

Hasta ahora, las tensiones del proceso congresual de ERC han imposibilitado ningún tipo de negociación más allá de la investidura de Illa. Ahora, con Oriol Junqueras al frente del partido, los socialistas esperan poder reactivar las relaciones y dar dinamismo a la actividad parlamentaria impulsada por el Govern.

Fuentes del PSC admiten que "gobernar sin tener garantizada la mayoría siempre es difícil" y consideran que "no será fácil llegar a acuerdos en una cámara tan fragmentada". Pero también se muestran convencidos de que "hay que entrar en una nueva fase, tomar la iniciativa y reactivar la actividad parlamentaria".

El propio Salvador Illa se muestra contundente en esta línea y asegura que el Govern "no se levantará de ninguna mesa [de negociación]" pero tomará las decisiones necesarias para "no tener el país parado". "Vamos a hablar y tendremos actitud de generosidad, pero gobernaremos", recalca.

Por el momento, aparte de la citada Ley de creación del Fons Agrari i Ramader aprobada el pasado 11 de diciembre, el Govern del PSC sólo ha logrado ratificar cuatro decretos ley, según las cifras facilitadas por el Parlament de Catalunya. La cámara ha validado el de medidas urgentes en materias de financiación de los sistemas públicos de saneamiento y regeneración de aguas residuales, y servicios sociales; el de concesión de un suplemento de crédito a los presupuestos de la Generalitat para 2023 prorrogados para 2024 en el ámbito de la salud; el de modificación de la Llei de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, y el de medidas urgentes en el ámbito del impuesto sobre el patrimonio.

Actualmente queda pendiente de validación por parte del Parlament el último decreto ley aprobado por el Govern, el de necesidades financieras del sector público en prórroga presupuestaria, de incremento del indicador de renta de suficiencia de Catalunya y de medidas en el ámbito de las prestaciones sociales.

Primeras iniciativas con continuismo

El PSC ha anclado el arranque de la actividad parlamentaria en el continuismo respecto a las políticas de ERC, y el Govern socialista no lo esconde. Hay dos motivaciones para seguir esta línea: la primera la explicitan fuentes del PSC: "No somos partidarios de las políticas dogmáticas ni sectarias, si hay iniciativas en curso que consideramos beneficiosas para la gente las sacaremos adelante". La segunda es la facilidad de encontrar el acuerdo con ERC, para aprobar iniciativas parlamentarias si éstas ya vienen inspiradas por los republicanos o por el acuerdo de investidura. Así lo manifiesta la consellera portavoz, Sílvia Paneque, que lo defiende como un síntoma del cumplimiento de los acuerdos: "La tramitación de estas leyes demuestra que somos un Govern que cumplimos".

El Govern ha buscado el perfil propio en temas como la seguridad, con una visible proyección inicial del Departament d'Interior comandado por la consellera Núria Parlon. Aunque este apartado también le ha dado quebraderos de cabeza a Salvador Illa con los partidos independentistas, por la intención de conectar la Policía Nacional y la Guardia Civil al centro de emergencias 112; o el retraso de la incorporación de los Mossos al control de puertos y aeropuertos. Desde el PSC también se ponen en valor proyectos de perfil propio de los socialistas, como la nueva Llei de Barris, o la inversión de 77 millones de euros para mejorar el servicio de Rodalies, mientras se inicia el traspaso acordado entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez.

Pero es evidente que la continuidad ha marcado hasta ahora al Govern de Illa, con la aprobación y envío al Parlament de leyes emblemáticas de los republicanos como la del amianto o la de Memòria Democràtica. En el primer caso, el Govern de Salvador Illa ha vuelto a aprobar el anteproyecto de la ley para la erradicación del amianto en Catalunya. Se trata del mismo texto que acordó el Ejecutivo republicano de Pere Aragonès el pasado mayo, y que no llegó a tramitarse porque acabó la legislatura. El nuevo marco jurídico permitirá avanzar en la eliminación del fibrocemento de edificios e instalaciones y dotará a las administraciones de una regulación común. Contempla sanciones de hasta 100.000 euros para propietarios que incumplan las órdenes de retirada; crear un certificado de presencia de fibrocemento para las transacciones de compra, venta o alquiler; o un plan de infraestructuras que concrete cuáles será necesario impulsar para eliminar los dos o tres millones de toneladas de amianto que quedan.

Por otra parte, sólo dos días después de que el Consell Executiu aprobara el anteproyecto de ley para la erradicación del amianto, la propia diputada y exconsellera de los republicanos, Ester Capella, actual portavoz del grupo parlamentario de ERC, confirmaba que el Govern también recuperaba la Llei de Memòria Democràtica. Y el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, presentaba el anteproyecto en un acto en la antigua cárcel Modelo de Barcelona. Ésta es otra iniciativa impulsada por el Ejecutivo de Aragonés en marzo de 2023, que superó las enmiendas a la totalidad en el Parlament, pero que tampoco se pudo aprobar de forma definitiva por el final anticipado de la legislatura.

El Govern del PSC la ha reactivado, tras decaer por la disolución del Parlament fruto de la convocatoria electoral del 12 de mayo, y lo ha hecho conservando el mismo texto en su totalidad. La iniciativa propone, entre otras cuestiones, retirar toda la simbología franquista del espacio público de Catalunya en un plazo máximo de dos años.

Otras iniciativas de la etapa de ERC

Y la ley de memoria o la del amianto no son, ni mucho menos, las únicas iniciativas que el Govern de Illa ha recuperado del de ERC. Recientemente, el Parlament también ha reactivado, recuperándola de la legislatura anterior, la ley que fija el Estatut de los municipios rurales. Una iniciativa que impulsó el Govern de Pere Aragonès, con las entidades municipalistas, y que tuvo al frente a la entonces vicepresidenta, Laura Vilagrà. "Es una ley histórica, única y pionera que supondrá un antes y un después en nuestro país, el mundo rural de Catalunya da un paso de gigante en el camino por la dignidad y las oportunidades", aseguran desde ERC

El Estatut de municipios rurales incorpora medidas para combatir el despoblamiento y garantizar oportunidades en todos los rincones de Catalunya

La Ley incorpora medidas para combatir el despoblamiento y garantizar oportunidades en todos los rincones de Catalunya. Concretamente, contempla actuaciones para facilitar vivienda en estos municipios, ayudas a autónomos y emprendedores, bonificaciones y mejoras tributarias o reducir la burocracia de los ayuntamientos, además de incrementar los recursos económicos por estos municipios. Además, el Estatut fija la obligatoriedad de adaptar cualquier nueva ley a la realidad del mundo rural.

La lista de medidas administrativas o legislativas a las que el nuevo Govern del PSC ha dado continuidad no se queda en estas leyes. Pueden añadirse iniciativas como llevar al Parlament la Ley de la Agencia de la Atención Integrada Social y Sanitaria o la subida de las tarifas sociales que determinan las condiciones de los trabajadores en las entidades del tercer sector que colaboran con la Generalitat. Así como el incremento del Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC), un elemento básico que fija múltiples prestaciones sociales.

Todas ellas, medidas recuperadas de la legislatura anterior y que el Govern de ERC dejó prácticamente terminadas. En consellerías como el Departament de Política Língüística o el de Cultura, que Salvador Illa quiso que las encabezaran ex altos cargos del Govern de ERC, la continuidad en las políticas, obviamente, es aún más acentuada. Y todavía habría que sumar las distintas iniciativas para luchar contra la crisis de la vivienda, que tienen su origen en las demandas de Esquerra y los Comuns, aceptadas por el PSC para la investidura de Illa.

Con perfil propio o con continuidad, el Govern del PSC tiene ya en trámite para aprobar en el próximo período de sesiones, que empezará el próximo 15 de enero, siete nuevas leyes, según datos del Parlament de Catalunya. Los siete proyectos de ley son el del Estatut de municipios rurales, el de modificación del Código civil de Catalunya en materia de apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas, el de la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria de Catalunya, el de Erradicación del Amianto, el de Memòria Democràtica de Catalunya, el de modificación de la Ley de comercio, servicios y ferias y del Decreto ley de ordenación de los equipamientos comerciales y el de modificación parcial de la Ley de la Carta Municipal de Barcelona. Una agenda de reactivación parlamentaria que tocará negociar tema a tema, en la siempre compleja política catalana.