El desbloqueo de la amnistía o los presupuestos del Govern, retos de la política catalana para 2025

La política catalana navega entre las aguas tranquilas que dibuja el relato del Govern del PSC que preside Salvador Illa, y las turbulencias que la reivindicación independentista todavía provoca. 

2025 será el primer año entero en el que un president de la Generalitat socialista volverá a comandar Catalunya desde el 2010, después de unos meses de 2024 que han servido al PSC para tomar las medidas del Govern y poco más, a la espera de que los procesos congresuales de los partidos se terminaran.

El nuevo año se inicia con una serie de retos por delante para la política catalana, entre los que destacan la aprobación de los presupuestos de la Generalitat, el desbloqueo judicial de la ley de amnistía o la relación entre los partidos independentistas, entre otros. 

La Catalunya del 2025 está muy lejos de la frenética actividad desarrollada desde el 2017, con el procés y sus consecuencias –entre ellas la represión judicial– impactando de lleno. Sin ninguna convocatoria electoral a la vista, el nuevo año plantea retos políticos que van desde la vivienda a la sequía.

Con unos socialistas hegemónicos en el control de las instituciones catalanas, pero en franca minoría, y un independentismo en la oposición después de perder la mayoría absoluta, aunque con sus votos como llave para la gobernabilidad tanto en la Generalitat como en la Estado. Todo ello con una situación política compleja, pero muy alejada de la tensión de los últimos años.

Los presupuestos de la Generalitat

El principal reto del año para cualquier gobierno es conseguir aprobar sus presupuestos. Para Salvador Illa es, sin duda, el principal objetivo de 2025, ya que supondría aprobar las primeras cuentas como president de la Generalitat. 

El Govern del PSC se ha visto forzado a trabajar con los últimos presupuestos aprobados por el Ejecutivo de ERC, que han tenido que prorrogarse a pesar de que Illa se comprometió a tener ya en vigor las nuevas cuentas a partir de éste 1 de enero. Sin embargo, fuentes del Govern recuerdan que los presupuestos prorrogados "llevan la firma del PSC", ya que fueron fruto del acuerdo presupuestario para 2023 entre socialistas, republicanos y comuns.

La negociación presupuestaria se ha visto postergada a causa de los congresos que han celebrado varios partidos políticos, con especial incidencia por parte del de Esquerra Republicana, que vuelve a estar encabezada por Oriol Junqueras. 

Justo ahora, el nuevo equipo negociador de los republicanos ha quedado fijado, compuesto por Josep Maria Jové -en caso de que decida continuar como presidente del grupo parlamentario-, Lluis Salvadó, Ester Capella, Joan Ignasi Elena, Jordi Albert, Juli Fernàndez, Laura Castel, Inés Granollers y Norma Pujol. El equipo del Govern socialista, liderado por la consellera de Economia, Alícia Romero, lleva ya tiempo trabajando documentos y dialogando también con los comuns de Jéssica Albiach.

Desde el PSC se muestran optimistas y creen que la negociación se acelerará en las próximas semanas y el presupuesto puede ser una realidad en el primer trimestre del nuevo año. Pero las vibraciones que llegan desde ERC no son demasiado positivas. "No hay ninguna negociación en marcha", así de rotunda se ha mostrado la nueva secretaria general de ERC, Elisenda Alamany. 

No menos tajante ha sido el presidente del partido, Oriol Junqueras: “No habrá ningún otro acuerdo con los socialistas si antes no se cumplen los que ya se acordaron”. Una demanda que replica la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, asegurando que el Executiu "hace todo lo que puede y todo lo que debe hacer". "El Govern cumple y seguirá cumpliendo", insiste, y defiende que "semana a semana" el Consell Executiu aprueba acuerdos incluidos en los pactos de investidura. 

Por otro lado, desde los comuns se suman a la consellera Romero a la hora de pedir celeridad en la aprobación de las cuentas, pero también dan un toque de atención al Govern: "el discurso es bueno" pero el PSC "va muy lento" a la hora de “aterrizar". Los comuns ponen el acento en la partida destinada a la vivienda y Albiach asegura que "faltan concreciones" para poder sacar adelante una negociación satisfactoria.

Impulso a la financiación singular

Si Esquerra no afloja, uno de los principales puntos del acuerdo de investidura que deberá cumplir Salvador Illa, para tener presupuestos, es el del nuevo modelo de financiación singular para Catalunya que pactó con los republicanos. Y este objetivo pasa por el imprescindible impulso del Gobierno de Pedro Sánchez. 

De momento, nada más empezar el año se celebrará un Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que las comunidades autónomas y el Ejecutivo estatal debatirán la condonación de parte de la deuda con el Fondo de Liquidación Autonómica (FLA). 

En el caso de Catalunya supone restar 15.000 millones de euros a los cerca de 72.000 millones que la Generalitat debe al FLA. Desde ERC admiten que sería un primer paso "en la buena dirección", pero recuerdan que éste es un acuerdo de la investidura de Pedro Sánchez, y ponen el acento en la financiación singular acordada para la investidura de Salvador Illa.

El cumplimiento total sobre el nuevo modelo de financiación resulta imposible conseguirlo a principios de año para poder acordar el presupuesto de la Generalitat. Requiere un largo y complejo proceso legislativo, y de efectivos, que no estará listo antes de un año y medio, eso si no surge ninguno de los múltiples obstáculos previsibles. 

Entre ellos, los obstáculos políticos y jurídicos que pongan las comunidades del PP, pero también del PSOE. Además de que hará falta reformar la Lofca (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas), y no está claro que haya una mayoría en el Congreso para hacerlo efectivo.

Desde ERC se asegura que son conscientes de ello, pero quieren sentarse en la mesa de la negociación presupuestaria con dos documentos terminados: un calendario claro y detallado sobre el desarrollo de la nueva Agència Tributària de Catalunya, con suficientes efectivos para recaudar el 2026 todo el IRPF de Catalunya. 

Asimismo, una hoja de ruta que incluya el desarrollo legislativo de la nueva ley de financiación singular, y las bases negociadoras del sistema de reparto del dinero entre la Generalitat y el Estado, a partir de los dos fondos incluidos en el acuerdo, el de servicios prestados por el Estado y el de solidaridad interterritorial, que será necesario fijar y cuantificar.

El desbloqueo judicial de la amnistía

Si en la política catalana, y por derivada en la española, 2024 ha sido el año de la aprobación de la ley de la amnistía, el reto del 2025 será sin duda el desbloqueo judicial de la norma. Cerca de siete meses después de ser publicada en el BOE, los efectos de la amnistía han sido muy limitados, inmersa en un laberinto de recursos judiciales y por el rechazo de los jueces a aplicarla. 

Solo cerca de dos centenares de personas -del medio millar, al menos, susceptibles de beneficiarse de ellas- han logrado la aplicación de la ley de amnistía, según datos de Alerta Solidària difundidos el pasado diciembre. Y la mitad, 96 en total, son los policías acusados por las agresiones durante el referéndum del 1 de octubre. El resto son mayoritariamente manifestantes independentistas, 84, y 13 corresponden a cargos públicos.

El desbloqueo de la amnistía contribuiría a una cierta distensión política

A nadie se le escapa que el principal efecto político del bloqueo judicial de la amnistía es que impide que dirigentes políticos como el presidente de Junts, Carles Puigdemont, pueda regresar a Catalunya sin ser detenido. Y que otros como el secretario general de este partido, Jordi Turull, o el presidente de ERC, Oriol Junqueras, puedan normalizar su actividad política al mantenerse inhabilitados, lo que provoca una alta inestabilidad en la política catalana y española, dado el papel clave del independentismo en la gobernabilidad del Estado.

El desbloqueo de la amnistía contribuiría a una cierta distensión política y esta medida está en manos del Tribunal Constitucional. Está por ver cuál será la sentencia de un TC de mayoría progresista, pero todo apunta a que no se dictará a corto plazo. 

Aunque fuentes de Junts insisten en que todavía existe la posibilidad de que el TC dicte, en las primeras semanas del año, unas medidas cautelares que permitirían a Puigdemont volver a Catalunya sin peligro a la espera del dictamen final, las fuentes del alto tribunal indican que no se tomará ninguna resolución en meses. El plazo fijado sería resolver antes de octubre, pero algunas fuentes indican que no se puede descartar que la sentencia llegue hacia el inicio del verano.

La primera piedra del TC para lograrlo, nada más empezar el año, deberá ser la resolución sobre la recusación del magistrado conservador José María Macías, que se pronunció públicamente contra la amnistía. Es la última de las más de 50 recusaciones presentadas contra los jueces que integran el TC. 

Una vez se entre en el fondo del litigio, habrá que responder primero a la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Supremo, y luego resolver los múltiples recursos contra la ley presentados por el PP y por sus comunidades autónomas, además de la socialista de Castilla-La Mancha.

Junts y el frente de derechas con el PP y Vox

Las últimas votaciones en el Congreso de los Diputados, en temas de fiscalidad o inmigración, han generado de facto un frente de derechas paradójico, ya que reúne a partido tan diversos y enfrentados como el PP y Vox, con Junts o el PNV. 

Aunque nadie quiere admitir una alianza, la coordinación en determinadas votaciones en el Congreso, entre Junts y la derecha y la extrema derecha españolas, es el mayor motor de inestabilidad para el Gobierno de Pedro Sánchez, y ha generado inquietud en el Ejecutivo del PSOE y Sumar. 

Junts se justifica diciendo que "nosotros no participamos de ningún bloque, ni de la investidura ni de derechas, sólo votamos en función de lo que consideramos beneficioso o perjudicial para Catalunya, y si esto supone coincidir con unos partidos u otros nos importa poco", en palabras de su portavoz Míriam Nogueras. El límite lo dejan muy claro, Junts no participará en ninguna moción de censura que suponga hacer presidente a Alberto Núñez Feijóo, aseguran fuentes de la dirección del partido.

Respecto al PP, Miguel Tellado asegura que "no ha cambiado nuestra posición respecto a Junts", y remarca que "Sánchez sólo es capaz de llegar a acuerdos –con Junts– subastando al Estado, y Feijóo ha demostrado que nosotros somos capaces de conseguir las bajadas de impuestos que incluye nuestro programa electoral sin chantajes y sin cesiones". 

Lo cierto es que, con o sin frente de derechas, uno de los retos de la política catalana y española del 2025 será ver cómo Sánchez intenta enderezar su relación con Junts. Un inminente posible acuerdo para la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat podría ser un primer paso. Y quedará aún por resolver la patata caliente de la cuestión de confianza de Pedro Sánchez, que la Mesa del Congreso debe decidir si se tramita o no. De rechazarla, la tensión entre el PSOE y Junts podría subir unos grados.

El PSC, en minoría en la Generalitat y en Barcelona

La política catalana entra en 2025 con un partido hegemónico al frente de las instituciones, el PSC, que tiene la presidencia de la Generalitat, la de la Diputación de Barcelona y la alcaldía de las principales ciudades de Catalunya, empezando por la de Barcelona. Pero tanto en el Govern de la Generalitat –con Salvador Illa como president–, como en el Ayuntamiento de Barcelona –con Jaume Collboni como alcalde– el PSC gobierna en solitario y en franca minoría. Lo que dificulta de forma considerable la acción política.

Así pues, otro de los retos de la política catalana del 2025 será que el PSC consiga mayorías estables tanto en el Parlament como en el consistorio barcelonés. De entrada, el tripartito de izquierdas formado por PSC, ERC y los comuns es la ecuación más viable. Pero en la práctica no está claro que esta suma tripartita pueda convertirse en una fórmula factible de carácter permanente. 

De momento, Salvador Illa sigue apostando por el tripartito que le dio la investidura como socios parlamentarios de su Govern, pero sin que esto suponga la incorporación al Ejecutivo.

ERC ya manifestó que se mantendría en la oposición la misma noche electoral del 12 de mayo, y Oriol Junqueras lo ratificó tras recuperar la presidencia del partido. En cuanto a los comuns, la posibilidad de entrar a formar parte del Govern no está descartada, pero de momento no se considera una prioridad, con los esfuerzos centrados en la negociación del presupuesto en la que la partida de vivienda es la pieza clave para los de Albiach. 

Desde ERC se deja claro que no habrá un entendimiento global

Otra cosa será la relación entre las tres fuerzas a nivel parlamentario. El PSC confía en llegar a acuerdos estables de legislatura, pero desde ERC se deja claro que no habrá un entendimiento global y que, para negociar temas nuevos, "Illa deberá cumplir con los acuerdos de la investidura", asegura un miembro de la dirección.

En Barcelona, la situación es la contraria. Las relaciones entre el PSC y Barcelona en Comú pasan por el peor momento, pese a haber gobernado conjuntamente durante casi dos mandatos. La retirada de Ada Colau certifica que los comuns difícilmente se incorporarán al Gobierno municipal. 

En cambio, Collboni tiene cerrado un acuerdo con ERC para la incorporación de los republicanos, pero la convulsa situación interna del partido, la llegada de la jefa del grupo municipal de Esquerra, Elisenda Alamany, a la secretaría general del partido, y la necesaria ratificación del acuerdo por parte de una militancia que no parece demasiado propicia a los acuerdos con el PSC, dificultan su materialización. Y la entrada de ERC sería, pese a no sumar la mayoría, una burbuja de oxígeno para un Collboni que sólo dispone de los 10 concejales socialistas.

Recomposición de los partidos independentistas

La recomposición de los partidos independentistas será otro de los retos clave para 2025, después de que en 2024 hayan perdido la mayoría absoluta por primera vez en 12 años. Habrá que ver si esta recomposición sienta las bases para la recuperación de la mayoría, y si la tensión y la pugna por la hegemonía independentista se rebaja. 

2025 comienza con Carles Puigdemont y Oriol Junqueras reelegidos en la presidencia de Junts y ERC, respectivamente. El primero tuvo un congreso plácido, mientras que el segundo se impuso en una ERC muy fragmentada, y que aún debe completar el proceso congresual el próximo mes de marzo. 

Desde Junts admiten que "la prioridad debe ser recuperar la mayoría independentista"

El expresident de la Generalitat y el exvicepresident, artífices del referéndum del 2017, han mantenido un fuerte distanciamiento desde entonces, primero como consecuencia de la prisión y el exilio, y después por las diferencias políticas. Fuentes de ambos partidos admiten que será necesaria una aproximación entre los dos, y se da por hecho que el arranque del 2025 llevará una reunión en Bruselas entre los dos dirigentes políticos.

En cuanto a la CUP, los anticapitalistas han abierto una nueva estrategia a raíz del llamado Procés de Garbí de reflexión política, y después de la renovación de la dirección. Una estrategia más flexible que podría reconducir la dañada relación de la CUP con Junts y ERC.

Junts llega a 2025 como partido mayoritario del independentismo, después de la debacle electoral de ERC y de la CUP, pero desde el partido de Puigdemont admiten que "la prioridad debe ser recuperar la mayoría independentista", ya que la situación actual los ha abocado a la oposición. Por lo que, desde Junts se considera necesario "rebajar la tensión entre independentistas que ha desanimado a buena parte del electorado". 

Desde ERC también se plantea poner las bases para un nuevo proyecto "realista" para alcanzar la independencia, que reactive las bases independentistas, y que los republicanos sitúan para 2031.

Vivienda y sequía, dos patatas calientes para el Govern

Por último, en el ámbito de la gestión, la política catalana estará sin duda marcada en el 2025 por dos temas claves, a los que el Govern de Salvador Illa tendrá que hacer frente: la vivienda y la sequía. La dificultad en el acceso de la vivienda es ya una de las principales preocupaciones de los catalanes como muestra la última encuesta del CEO, y el Barómetro del Ayuntamiento de Barcelona en caso de los barceloneses.

El Govern del PSC deberá dar respuesta a las presiones de ERC y los comuns para el cumplimiento de los compromisos de la investidura en materia de vivienda: la construcción de 50.000 viviendas de protección oficial y el desarrollo de la legislación que frene los precios de los alquileres con topes y con la regulación del alquiler de temporada son ejes centrales. 

En el ámbito de Barcelona, Collboni ha anunciado ya la erradicación de las licencias de pisos turísticos. La presión social también marcará este 2025, con numerosas entidades –con el Sindicat de Llogateres al frente– que exigen medidas e impulsan una huelga de alquileres. Una presión reforzada después de la gran manifestación por la vivienda que el pasado noviembre llenó el centro de la capital catalana.

En cuanto a la sequía, el 2025 comienza con un nivel de reservas en los embalses mucho mejor que en el 2024, que en la primera mitad vivió una situación de fuerte alarma hídrica. Ahora, la reserva de agua en las cuencas internas se ha doblado respecto al inicio del pasado año, pasando del 16,7% al 33,6%, pero todavía se está lejos de tenerlos llenos. 

Buena parte del país ha pasado del estado de excepcionalidad al de alerta, pero en muy pocos puntos puede hablarse de normalidad, y en algunas comarcas concretas, menos favorecidas por las lluvias, se mantiene la fase de emergencia con restricciones. Desde el Govern se pide prudencia y se es muy consciente de que este será un problema grave, de cara al próximo verano, si la primavera no aporta una nueva tanda de lluvias.

La política catalana también se tensionará con este tema por el malestar del campesinado por la falta de agua, o por la presión de determinados poderes fácticos para hacer la interconexión de las cuencas internas con las del Ebro. Una infraestructura que los colectivos medioambientales, además de ERC, comuns y la CUP, rechazan frontalmente. Por el momento, el Govern del PSC ha desestimado hacerlo, apostando por nuevas infraestructuras como desaladoras o plantas de regeneración de agua.