Menos del 6% de la población bajo el umbral de la pobreza recibe las rentas mínimas autonómicas
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales denuncia que las cuantías que perciben son "extremadamente" bajas en comparación con la renta media por hogar en España.
Madrid--Actualizado a
Tan solo el 5,9% de aquellas personas que viven bajo el umbral de la pobreza reciben las ayudas de las Rentas Mínimas de Inserción (RMI), lo que supone unas 571.732 personas, según un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales publicado este martes. Este grupo, además, denuncia que las cuantías sólo alcanzan el 15,9% de las rentas medias por hogar en España.
La Asociación ha señalado que en los últimos tres años –desde la implantación del Ingreso Mínimo Vital en diciembre de 2021– se han perdido "casi uno de cada tres beneficiarios", mientras que 13 comunidades autónomas han reducido su gasto en RMI.
Encabezan esta lista (con datos de 2023) Aragón y Madrid, con reducciones del 96,2% y del 91,1%, respectivamente. Le siguen Castilla-La Mancha (82,2%), Castilla y León (69,7%), Andalucía (65,4%) y La Rioja (64,5%). En el otro extremo, Canarias aumentó su presupuesto un 103%, Balears un 74,7%, País Valencià un 18,6% y Euskadi un 4%.
La reducción de los presupuestos de las RMI en la mayor parte de las comunidades, se traduce en que, en los tres años desde la aprobación del IMV, se quiebre la tendencia al alza que se registraba desde 2011. Esto implica una pérdida global de 320 millones de euros.
Reducción de los beneficiarios
La Asociación indica que, desde el año 2020, se han reducido en un 28,6% los perceptores de Rentas Mínimas. En este descenso, destacan especialmente Madrid –donde la pérdida es de nueve de cada diez beneficiarios– y Andalucía –con una reducción del 84,4%–.
De la población que se encuentra bajo el umbral de la pobreza, únicamente el 5,9% se ha beneficiado del RMI que ofrecen las comunidades autónomas. Este descenso se registra desde 2015, con la salvedad del año 2020 –a raíz de la pandemia–, en el que se alcanzó un 8,7%, "su nivel más alto".
Euskadi y País Valencià suponen una diferencia notable, con un 51,2% y un 38,2%, respectivamente, de su población bajo el umbral de la pobreza percibiendo estas ayudas. Estas cifras contrastan con las de Castilla y León (1,7%), Murcia (1,2%), Madrid (0,8%), Andalucía (0,7%) y Castilla-La Mancha (0,3%).
Cuantías "extremadamente" bajas
La cuantía media por beneficiario es del 15,9% en comparación con la renta media por hogar en España. Las directoras y gerentes argumentan que es una cifra "extremadamente baja, aunque haya aumentado dos puntos este último año".
En este sentido, también se registran importantes diferencias entre las regiones. Las cuantías más altas –en relación con la renta media de los hogares– se registran en Balears (36,4%), Catalunya (18,3%), Canarias (17,9%), Asturias (16,5%) y País Valencià (15,2). Las más bajas están en la Comunidad de Madrid (9,1%) y Murcia (9%). No obstante, "el caso más extremo" es el de Aragón, con un 0,7%, como arroja el Informe de Rentas Mínimas de Inserción correspondiente al año 2023, que ha hecho público el Ministerio de Derechos Sociales.
El IMV (Ingreso Mínimo Vital), una oportunidad
Desde la Asociación explican que "pobreza y exclusión social son conceptos diferentes" aunque admiten que "existe una clara relación" entre estos dos términos, "especialmente cuando la pobreza se agudiza, cuando se concentra en un mismo entorno familiar o comunitario o cuando coexisten factores de tipo personal que dificultan la integración".
Es por esto que consideran que la aprobación del IMV, "que viene a aliviar situaciones de pobreza", hubiera servido como oportunidad para destinar los recursos de las RMI de las comunidades a la implementación de "políticas y actuaciones eficaces de inclusión social, más allá de la aportación de recursos económicos a personas con rentas bajas".
No obstante, han denunciado en repetidas ocasiones que diversas regiones destinen su "'ahorro' en los presupuestos del RMI" a cuestiones ajenas a los servicios sociales. En el caso de Castilla y León y Madrid, "al menos" tienen constancia de que "ha existido el compromiso de dedicar ese 'ahorro' a reforzar otros servicios sociales".
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