Trabajo se prepara para negociar esta semana la subida del SMI tras recibir el informe de expertos
El ministerio de Yolanda Díaz llamará a la mesa de diálogo social a CCOO, UGT, CEOE y Cepyme para abordar con ellos una medida que, en última instancia, es decisión del Gobierno.
El Ministerio de Trabajo tiene previsto convocar esta semana a la mesa de diálogo social para abordar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2025, una vez reciba el informe elaborado por la comisión de expertos. La reunión contará con la participación de los sindicatos CCOO y UGT, así como de las patronales CEOE y Cepyme, aunque la decisión final corresponde al Gobierno.
Según adelantó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, la convocatoria se realizará "inmediatamente después de Reyes". Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido en que el incremento debe cumplir dos objetivos fundamentales: garantizar que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, reflejando al menos la inflación, y avanzar hacia un SMI que represente el 60% del salario medio en España.
Los sindicatos ya han expresado su postura a favor de una subida en torno al 6%, lo que situaría el salario mínimo por encima de los 1.200 euros mensuales brutos. Actualmente, el SMI está fijado en 1.134 euros mensuales en 14 pagas, tras el aumento de 54 euros aprobado para 2024. Este incremento, logrado con el respaldo de los sindicatos y sin el apoyo de la patronal, elevó el salario mínimo anual a 15.876 euros brutos.
Desde su creación en 1963, el SMI ha experimentado 60 aumentos. En el último lustro, ha registrado una revalorización significativa del 54%, pasando de 735 euros en 2018 a su nivel actual.
No obstante, el debate sobre el alcance de la próxima subida ha generado tensiones dentro del Ejecutivo. Díaz ha criticado las declaraciones del secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, quien sugirió que el SMI debería ajustarse a la evolución de la economía. La vicepresidenta segunda considera que estas declaraciones restan prioridad a la protección del poder adquisitivo de los trabajadores.
La negociación con los agentes sociales será clave para determinar la cuantía definitiva. A pesar de las discrepancias históricas entre sindicatos y patronales sobre el impacto del SMI en el empleo, el Gobierno busca un consenso que permita mantener la sostenibilidad económica y avanzar en la mejora de las condiciones laborales.
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