Alemania registró una cifra récord de delitos de extrema derecha en los primeros 11 meses de 2024

Las autoridades alemanas informaron este lunes de que el año pasado se registró según cifras preliminares una cifra récord de delitos catalogados como de extrema derecha, cuyo número ascendió al menos en un 17% con respecto a 2023, en parte debido a la intensificación de la lucha contra la criminalidad en internet.

Hasta el 30 de noviembre de 2024, se contabilizaron 33.963 delitos de motivación ultraderechista, dijo en Berlín un portavoz del Ministerio del Interior, Lars Harmsen, que advirtió de que se trata de datos incompletos y que el total aún va a ascender probablemente.

Esto supone un incremento de por lo menos el 17,34% con respecto a los 28.945 delitos ultraderechistas registrados en todo 2023.

"Es un nuevo récord en materia de criminalidad de motivación política de extrema derecha. Se da sobre todo en la red, en especial en el ámbito de las declaraciones delictivas y los delitos de propaganda", afirmó Harmsen.

La lista del año pasado incluye 1.136 delitos violentos, la mayoría de ellos de lesiones, frente a los 1.270 delitos violentos denunciados a lo largo de todo 2023.

Casi dos tercios del total, 21.311 delitos, se inscriben dentro del ámbito propagandístico -lo que incluye por ejemplo el uso de símbolos de organizaciones prohibidas o la apología de actos criminales-, mientras que en 5.097 casos se trata de delitos de incitación al odio.

"Evidentemente vemos estas cifras como una señal de alarma", dijo el portavoz, que matizó que el Ministerio vincula el aumento con un mayor número de denuncias procesadas a través de la Central para los Contenidos Delictivos en Internet, puesta en marcha en 2022.

Además, en el último año la Policía ha intensificado sus esfuerzos por combatir este tipo de delitos en la red, agregó.

Por su parte, el portavoz de la cancillería, Steffen Hebestreit, calificó de "preocupante" la tendencia ascendente de los delitos de motivación extremista en los últimos años e instó a la sociedad a responder con "coraje civil e implicación", mientras que el Estado revisa una y otra vez los instrumentos disponibles para luchar contra ellos.