Cuarenta semanas, cuarenta mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Este es el calendario que la violencia machista ha marcado hasta ahora en 2018.

Las cifras que arrastra esta lacra —964 asesinadas desde 2003; 40 muertas, 3 niños asesinados y 31 huérfanos en lo que va de año; y 27 menores asesinados desde 2013— obliga a que la lucha contra este tipo de violencia sea una prioridad en la agenda política.

Estas medidas empiezan a visibilizarse, formando parte del acuerdo que sobre los presupuestos para 2019 han alcanzado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

Un día antes de que se ratificase el citado acuerdo, el Ministerio del Interior anunciaba la puesta en marcha, en breve, de los nuevos protocolos de violencia machista que medirán no solo el riesgo de que una víctima sea asesinada sino la "capacidad agresora" del maltratador y el grado de peligro en el que se encuentran los menores.

Unos mecanismos de valoración policial del riesgo que venían demandando los expertos en violencia machista y que afectan a todos los agentes implicados en esta lucha, desde el Gobierno al Poder Judicial o la Fiscalía, las fuerzas de seguridad del Estado y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Y es que once de las cuarenta mujeres asesinadas este año por sus parejas o exparejas habían presentado denuncia contra ellos, lo que evidencia la incapacidad del actual sistema para protegerlas.

Paralelamente a los nuevos protocolos, el Ministerio del Interior pretende incrementar la plantilla de policías y guardias civiles dedicados a combatir la violencia de género y su voluntad es incorporar la cantidad destinada a este fin en los presupuestos generales del Estado para 2019.

Cambios en la interpretación de las agresiones sexuales

En este sentido, en el documento pactado entre el Gobierno y Podemos está el compromiso de reforzar la lucha contra todas las violencias machistas y para ello quieren blindar el "solo sí es sí" en el Código Penal y financiar de manera completa el Pacto de Estado de Violencia de Género. El acuerdo prevé impulsar una ley integral por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales.

Esta ley implicaría la acreditación de la víctima, la unificación y ordenación de las conductas constitutivas de agresiones y de abusos sexuales bajo la denominación común de "agresiones sexuales".

Una mujer grita consignas durante una concentración feminista en Madrid. Archivo / Reuters

Incluiría, además, una serie de políticas públicas a las que puedan acceder quienes sufran violencia sexual, igual que ocurre con la violencia de género en el ámbito de pareja o expareja. Además, según el acuerdo firmado por Sánchez e Iglesias, es necesario desarrollar de forma completa y ambiciosa el Pacto de Estado de Violencia de Género.

Para ello se comprometen a dar cumplimiento a varias de las medidas incluidas en el citado Pacto, como impulsar la tramitación en el Congreso de un proyecto de Ley que dé más protagonismo a los ayuntamientos devolviéndoles competencias en esta materia, por ser las administraciones más cercanas a las víctimas.

La partida presupuestaria destinada en esos presupuestos a los ayuntamientos será de 40 millones, el doble que la de este año.

También se han comprometido a fortalecer la tutela judicial y el acceso a la justicia para mejorar la participación de la víctima en el proceso penal, con la designación urgente de abogados y procuradores de oficio en los procedimientos que aseguren la inmediata presencia para la defensa y representación de las víctimas.

Se facilitará, además, la acreditación de víctima de violencia machista a través de distintas instituciones, como los servicios sociales municipales, sin necesidad de que medie denuncia policial o judicial.

Por eso se modificará el Código Civil para que la atención y asistencia psicológica quede fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común en el ejercicio de la patria potestad, cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos e hijas de ambos. Para ello quieren aumentar la dotación presupuestaria en un 10 por ciento hasta los 220 millones de euros.