Desde la sanidad pública del Reino Unido, una de las más prestigiosas del mundo, llegan señales muy claras de los peligros que entraña su privatización. Un estudio del departamento de Política e Intervención Social de la Universidad de Oxford, que ha sido presentado este viernes en Sevilla, revela que el incremento de la externalización de los servicios sanitarios británicos entre 2013 y 2020 elevó al mismo tiempo el índice de mortalidad evitable, es decir, la tasa de muertes que se podrían haber evitado con una mejor atención médica.

El modelo sanitario de Reino Unido es el que ha sido puesto precisamente como ejemplo a seguir por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Su gerencia de Atención Primaria, en una respuesta a la reclamación de tres pacientes por haber sido atendidos por personal de enfermería y no de medicina en urgencias extrahospitalarias, ha alegado que "en algunos países, como Reino Unido, la atención a determinados procesos está organizada en centros atendidos exclusivamente por enfermeras".

Y en Andalucía, la polémica por la privatización de ciertos ámbitos de la sanidad pública se encuentra en un momento álgido tras conocerse la aprobación de una orden de la Junta, gobernada por el PP como Madrid, que permite concertar consultas de atención primaria para que las presten médicos de empresas privadas en los centros de salud. De acuerdo con esa orden, la Administración andaluza pagará a las empresas unas tarifas máximas de 65 euros por la primera consulta de atención primaria, 90 euros por las consultas posteriores y de 215 euros por las de "alta resolución".

Invitado por las Mareas Blancas y la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía, el profesor Aaron Reeves, de la Universidad de Oxford, ha presentado en la capital andaluza el estudio que causó una gran polémica en Reino Unido tras su publicación en julio de 2022 en la revista científica The Lancet. En la investigación se analizaron los efectos de la externalización de los servicios de salud británicos con empresas privadas, con el objetivo de determinar de forma empírica el impacto del gasto de esos conciertos en relación con las tasas de mortalidad y la calidad de los servicios de atención sanitaria. 

Para llevar a cabo la investigación, sus autores analizaron los datos de ambas variables entre 2013 y 2020, tras lo cual obtuvieron los siguientes resultados: cada incremento anual de un punto porcentual en la subcontratación de servicios sanitarios públicos con el sector privado se correspondió con un aumento del 0,38% de la tasa de mortalidad evitable por cada 100.000 habitantes en el año siguiente.

Ser "cautos" con lo que pueda pasar en España

En declaraciones a Público, Aaron Reeves ha subrayado que es difícil establecer comparaciones entre diferentes países y modelos sanitarios, pero sí ha recomendado en el caso de España "ser muy cauto" y estar prevenidos en torno a los procesos de privatización del sistema público de salud que se puedan acometer o ya se hayan iniciado, porque implican en muchos casos una reducción de gastos e inversiones que afectan directamente a la atención de los pacientes. 

Según Reeves, este estudio demuestra cómo las decisiones políticas y económicas afectan directa o indirectamente a la salud de la población, sobre todo a la más vulnerable, a la que tiene menos recursos económicos y sufre en mayor medida las consecuencias de la desigualdad. En el caso de Reino Unido, comprobaron que la esperanza de vida había crecido de forma constante desde 1980 hasta 2010, año en el que se estancó coincidiendo con el comienzo de los recortes en sanidad y servicios sociales, y el aumento de la brecha entre ricos y pobres, en medio de una grave crisis económica mundial. 

La investigación del departamento de Política e Intervención Social de Oxford demostró también que el índice de mortalidad evitable había disminuido en los años en que se invertía más en salud pública y que empezó a subir a raíz de la llegada al poder del partido conservador en 2010, con David Cameron, tras 13 años de gobiernos laboristas, y el impulso de las políticas de externalización o concierto de los servicios sanitarios. 

El profesor Reeves sostiene que su trabajo dejó patente que si en su país no se hubieran externalizado los servicios sanitarios mediante contratos con empresas privadas que buscan más el beneficio económico que la calidad del servicio, las tasas de mortalidad evitable habrían sido menores, porque los pacientes habrían recibido una mejor atención. 

En España, el octavo informe sobre la privatización sanitaria que publicó en 2022 la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública refleja que el peso del gasto sanitario privado se ha incrementado notablemente en la última década en nuestro país: ha pasado de representar el 24,6% del gasto sanitario total a ser el 29,2%, y eso debido, fundamentalmente, a una bajada continuada de los presupuestos destinados a la sanidad pública, que han descendido de un 6,78% del PIB en 2009 a un 6,42% en 2019.

A la vez, según este informe, se ha registrado una derivación creciente de los fondos públicos hacia el sector privado, que han deteriorado la sanidad pública y han favorecido la búsqueda en el sector privado de prestaciones que no se consiguen en aquélla. Como resultado, los seguros privados sanitarios han obtenido un mayor crecimiento, un 3,8% anual entre 2016 y 2021, hasta llegar en ese último año a los 11,55 millones de afiliados, a los que hay que sumar más de un millón y medio de personas provenientes del mutualismo administrativo. "Los recortes y el deterioro de la sanidad pública han sido y continúan siendo el principal incentivo para el crecimiento del sector privado, y por eso es una de las estrategias utilizadas para favorecer la privatización", subrayan los autores del informe. 

Las Mareas Blancas por la defensa de la sanidad pública consideran que estudios como el que se ha hecho en Reino Unido, y se ha presentado este viernes en Sevilla, constituyen una vía muy interesante para defender sus argumentos a través de evidencias científicas que demuestren los efectos perniciosos de la privatización en la población. Y según su portavoz, Antonio Vergara, ya han contactado con investigadores andaluces para impulsar que se haga aquí una investigación similar a nivel autonómico o estatal. 

"Estamos muy preocupados, porque se están cargando la sanidad y parece que se quieren cargar cuanto antes nuestro modelo público de sanidad, y este tipo de estudios nos aportan argumentos, datos científicos sobre las consecuencias de la privatización", ha advertido Vergara.