Los contagios por coronavirus van en aumento, con brotes constantes desde que se levantó el estado de alarma; actualmente hay 580 activos, con 6.900 personas afectadas. La situación es preocupante en algunas comunidades como Aragón, Catalunya, Madrid o Euskadi. Sólo es la última semana, Sanidad ha contabilizado más de 19.000 nuevos contagios, y en las últimas 24 horas el total ha ascendido hasta los 1.683 nuevos positivos.

Los datos no son buenos, aunque el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, asegurara este jueves que aun no se puede hablar de manera generalizada de una segunda ola de contagios porque "la transmisión comunitaria no está descontrolada". No parece ser de la misma opinión la consejera de Salud del Gobierno Vasco, Nekane Murga, que ha advertido de que "el importante incremento" de los contagios demuestra que Euskadi "se enfrenta a una segunda ola epidémica" y ha pedido limitar la actividad social para frenar los contagios.

Un virus que empieza a descontrolarse y que puede derivar en situaciones de emergencia como las vividas hace unos meses. En aquel momento todo era desconocimiento. El coronavirus estuvo moviéndose en España desde febrero sin que nadie lo supiera. Cuando la pandemia explotó, era tarde para dar una respuesta planificada: faltaban profesionales, materiales y camas para atender a todos los enfermos. La Atención Primaria se debilitó y casi no había equipos de Salud Pública. Los mayores fueron abandonaron en muchas residencias. La mayoría de españoles comenzaron a teletrabajar sin ninguna regulación y los centros escolares cerraron sus puertas. Las familias sufrieron problemas de conciliación al tener que compaginar el trabajo (o situaciones de precariedad derivada del cierre de empresas y de los ERTE) con el cierre de los colegios. 

Todo esto ocurrió casi de un día para otro. No había margen para grandes cambios. La incertidumbre no solo recorría todo nuestro país, también todo el mundo. El confinamiento fue lo que salvó a España de unas consecuencias aún más devastadoras. El problema al que nos enfrentamos ahora es que nos encontramos ante un nuevo incremento de casos y, aunque hay muchas mejoras, falta mucha planificación, organización y recursos. 

Hay diversidad de opiniones entre los expertos sobre si estamos o no en una segunda ola, pero lo cierto es que la transmisión comunitaria ya se ha extendido por varias regiones. Los rastreadores llevan semanas avisando de que ya no detectan el origen de muchos casos y siguen saliendo positivos que no tienen relación con los brotes comunicados. Esto provoca que la situación alarme a muchos expertos y sanitarios.

Aunque más preocupante aún es que las Administraciones no tienen planes de respuesta concretos. En otoño la situación será peor, sobre todo cuando comience a expandirse la gripe, una enfermedad que ya satura las Urgencias de varias comunidades cada año. Por esto hay muchas lecciones de la primera ola que deberían aprenderse para que no se vuelva a caer en los mismos errores (aunque vamos camino de hacerlo).

Mejor prevenir que curar: más Primaria y Salud Pública

El médico Javier Padilla y el epidemiólogo Pedro Gullón argumentan en su libro Epidemiocracia que España ha dado una respuesta a la pandemia que no es propia de nuestro sistema sanitario, sino propia de países como Alemania en el que tienen un sistema centrado en lo hospitalario. Nuestra sanidad tiene como puntos fuertes la salud pública, la atención primaria y lo comunitario. 

"Alemania tiene hospitales que compiten para intentar captar al paciente y siempre tienen un exceso de capacidad para que nunca tengan que decir que no pueden aceptar pacientes. Los sistemas de salud como el nuestro tienen la lista de espera como modulador, por eso siempre están casi al tope de su capacidad. Ocurre que nosotros hemos dado una respuesta como si tuviéramos un exceso de capacidad, pero no es así. Nosotros tenemos una fortaleza en el ámbito de la atención primaria y deberíamos tener una fortaleza en el ámbito de salud pública y hay que aprovechar eso para intentar no responder con nuestra parte más débil, lo hospitalario", explicó Padilla durante una entrevista con Público.

El problema es que pocas comunidades han reforzado atención primaria y salud pública como debían. Faltan sanitarios, rastreadores y medios para que puedan realizar su trabajo. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, lo sabe y en vez de buscar soluciones pretende paliar esta deficiencia buscando voluntarios entre estudiantes recién licenciados, una estrategia rechazada de plano por todos los profesionales en la materia.

La solución más efectiva es que atención primaria detecte cuantos más casos mejor y que se atienda siempre que se pueda en las casas de los positivos. Que los pacientes no tengan que llegar a los hospitales para que estos no se saturen. Por otro lado, el segundo eslabón es salud pública y la necesidad de refuerzo se ha hecho evidente tras comprobarse el proceso tan largo que supone el estudio de contactos y que no hay personal suficiente. 

Falta de planes e indicadores sobre el sistema sanitario

El Ministerio de Sanidad publicó el pasado 13 de julio el Plan de respuesta temprana. Pese a que se reconoce en el documento, faltan planes de contingencia claros en la mayoría de las comunidades. La estrategia a seguir está indicada, pero faltan números y datos exactos que conviertan un texto en un plan a seguir si la situación se descontrola. 

Hay un problema con el número de personal de cada servicio. En España nunca se ha realizado, por ejemplo, un indicador de rastreadores a diferencia de otros países como Alemania o Reino Unido. Esto sería algo que ayudaría a saber la situación de cada comunidad autónoma y si cumplen o no con un mínimo necesario porque si se toman como referencia los indicadores internacionales solo La Rioja y Castilla-La Mancha tienen los suficientes rastreadores.

Sobre este aspecto ha llamado la atención Lorenzo Armenteros, médico de familia y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia: "Tendría que contarse unas mínimas normas adaptadas, con el número de rastreadores que tiene que haber por habitante, como tienen en otros países, en los que las cifras están muy definidas, como Alemania o Escocia. Debería haber un rastreador por cada 4.000 habitantes. Pero si miramos las cifras por cada comunidad autónoma vemos que estamos muy lejos".

Tampoco hay más indicadores sobre el resto del personal sanitario ni se indica qué categoría de profesionales corresponden a los contratado. El único indicador numérico es sobre el número de camas de hospitales y de las UCI.

Faltan protocolos para las residencias y medidas laborales

El cuidado y la protección sobre los más vulnerables es un punto básico no solo para afrontar la pandemia, sino para evitar que se cebe con los más frágiles o los que menos tienen. El drama vivido en las residencias no debería repetirse de ninguna manera, pero ya hay varios brotes que afectan a los centros de mayores. Si siguen aumentando los casos, se teme que no se pueda dar una respuesta que evite lo que ya hemos vivido. 

Las comunidades, de momento, parece que no están preparadas para ello. Según el estudio '¿Estamos preparados para el Covid?', del Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia (CEAPs), la mitad de las comunidades siguen sin estar preparadas para proteger a los mayores. Uno de los graves problemas que se repite es la distribución de material. El informe revela que comunidades como Cantabria, Cataluña o Castilla-La Mancha facilitan EPIs a personas usuarias y profesionales, mientras que otras regiones como País Vasco o Comunidad Valenciana los entregan a los segundos, y la Comunidad de Madrid, Galicia, Aragón o Andalucía, a ninguno de ellos. 

La precariedad laboral también ha evidenciado la vulnerabilidad de muchos trabajadores durante la nueva normalidad. Para evitar los brotes, es necesario que el Gobierno tome medidas y no sólo denuncie la situación "deplorable" en la que se encuentran personas que trabajan como temporeros. En este sentido, la regularización de las alrededor de 600.000 personas que (se calcula) que están en situación administrativa irregular es fundamental para cambiar sus condiciones de vida. Esta fue una petición de colectivos antirracistas durante el estado de alarma y el Gobierno español no la impulsó pese a que otros países vecinos como Portugal sí la hicieron.

Falta de seguridad total en la vuelta al colegio

La vuelta al colegio sea, posiblemente, uno de los asuntos más graves en septiembre. La falta del Gobierno y de las comunidades autónomas para garantizar seguridad a docentes y alumnos se ha evidenciado durante toda la pandemia, con declaraciones confusas y contradictorias, protocolos abiertos sin concreciones y delegando las responsabilidades sobre los centros.

La gestión de la reapertura de los centros es una de las más complicadas. Países como Israel han registrado un repunte de casos importante tras la vuelta a los colegios y después de haber controlado la pandemia. En España no se está planificando bien. Los docentes advierten del peligro y las Administraciones no dan ninguna seguridad. Se ha perdido mucho tiempo para trabajar en ello y no será hasta agosto cuando se "ultimen" los planes en una Conferencia de presidentes. 

Si no hay un cambio, parece que la vuelta no será segura. Pero, aunque se consiguieran modificar los planes y las Administraciones atendieran a peticiones de la comunidad educativa como la bajada de las ratios, hay otros problemas más profundos que han derivado del incremento de las desigualdades sociales durante el confinamiento. 

"Un sistema escolar diseñado para el siglo XIX ha llegado hasta aquí cambiado muy poco. Se estudian protocolos para hacer posible diferentes tipos de asistencia escolar (según niveles) calculando aforos, ventilación, normas de higiene personal, distancias, control de temperatura, señalizaciones, etc. pero poco sabemos de los cambios que deberían ser más relevantes: los contenidos y la función de la escuela poscoronavirus", señala a Público la catedrática de Teoría e Historia de la Educación en el Departamento de Pedagogía de la Universidad de Granada, Pilar Ballarín.

Ballarín comparte que la enseñanza online (inevitable en el confinamiento) y la necesidad de sociabilidad de niños y niñas en el espacio escolar son valores poco discutibles, pero también hay que tener en cuenta las dificultades de "conciliar las exigencias sanitarias con los limitados recursos materiales y personales del espacio escolar y con las necesidades de las familias trabajadoras. Las propuestas de alternancia de trabajo presencial en grupos reducidos y online, parece presentarse como la mejor solución para jóvenes, en esa conciliación necesaria. Pero más que en una atención más personalizada –que sin duda favorecería- se basa en el mejor aprovechamiento de los recursos materiales y profesionales existentes. Cada centro tendrá que ensayar sus soluciones y no aferrarse a ellas".