Una plaga de conejos provoca estragos en la agricultura y las granjas cierran por el descenso del consumo en Catalunya

El fosfuro de aluminio es un elemento químico que se utiliza para frenar la presencia de los conejos en los céspedes de los campos de golf, pero que está prohibido en los terrenos agrícolas para evitar los daños que hacen los mismos animales en los cultivos de vid, olivo o fruta. La denuncia la hace Pere Roqué, responsable de la organización agraria Asaja, y que forma parte de la plataforma Pagesos o conills (Agricultores o conejos), constituida ante la emergencia que vive el sector ganadero por los destrozos de los conejos en los campos de cultivo.

La entidad pide aplicar una docena de medidas para frenar el impacto de los ataques de los animales, además de exigir el uso del fosfuro de aluminio en las infraestructuras públicas o de redes nocturnas e indemnizaciones para los afectados. Con este propósito, los agricultores se han manifestado este viernes en Lleida. A la problemática de la fauna salvaje, se añade una caída del consumo de la carne y unos costes de producción elevados que han derivado en el descenso de la cabaña de conejas madres y el cierre de más de la mitad de las granjas en Catalunya en sólo una década. De ahí surge la gran paradoja: una plaga de conejos al aire libre que estropea cultivos e infraestructuras de riego, mientras las explotaciones ganaderas se vacían de animales.

Roqué recuerda que, "aunque los cazadores están llevando a cabo un buen trabajo, la cantidad de ataques de los conejos hace que éste sea insuficiente". Ante la plaga, el campesino aboga por soluciones basadas en la aplicación de sulfuro de aluminio, que elimina a los animales sin afectaciones en la cadena trófica, a la vez que deberían implantarse medidas compensatorias por las pérdidas económicas mientras no se reduzca la cabaña y se deje atrás el episodio de emergencia cinegética.

"Nos encontramos con una invasión de conejos y las personas que se dedican a la cría de los animales deben dejarlo porque no les resulta rentable". Al igual que sucede con otros sectores agrícolas, como el caso de la fruta, Roqué admite que la caída del consumo, unida al incremento de los costes de producción, que se han multiplicado por cuatro, y no pueden trasladarse al precio de venta final, ha dejado muy tocados a los ganaderos.

"Roen nuestro futuro"

El sector agrario consideran que el Departament d'Acció Climàtica es quien debería tomar medidas

Con el lema "Pagesos o conills. Roseguen el nostre futur i el menjar de tots (Agricultores o conejos. Roen nuestro futuro y la comida de todos)", los agricultores y ganaderos se han movilizado este viernes en Lleida, pidiendo una serie de medidas recogidas en un manifiesto. En éste, reclamaban que las Zonas Especiales de Protección de Aves (ZEPA) tengan las mismas condiciones de cacería que en el resto del territorio, la subvención de los chips de los hurones y perros de caza, la gratuidad -mientras dure la plaga- de las licencias de caza, la autorización a realizar movimientos de tierras donde exista mayor densidad de madrigueras y la indemnización para los campesinos afectados.

Los representantes de la plataforma Pagesos o conills, formada per Unió de Pagesos (UP), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), Asaja i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), consideran que es el Departament d'Acció Climàtica quien debería iniciar las acciones. En este sentido, denuncian que "pese a encontrarse en una zona catastrófica y una emergencia cinegética, han tardado mucho en pisar el territorio".

Durante la presentación de la plataforma, los agricultores advirtieron que "no ha habido ninguna circunstancia climatológica que nos haya hecho perder tanto dinero como los conejos y nuestro trabajo no es poner año tras año protectores o vallas ni tampoco manifestarnos o hacer tractoradas para que nos hagan caso".

Caída libre del número de granjas

Más allá de las dificultades en relación con la fauna y los ataques de los conejos, el sector se encuentra con otros hándicaps. Lo evidente es la evolución negativa de la cifra de animales y granjas. Según los datos del Departament d'Acció Climàtica, en 2020 había 138.400 conejas madres en las granjas de Catalunya, lo que representa un 58% menos que las 335.054 del año 2009 y un 65% por debajo de las 398.402 de 1999. En el caso de la cifra de explotaciones, las estadísticas son aún más estremecedoras. El número de granjas ha descendido un 58% entre 2009 y 2020. Ahora sólo quedan 2.768. Respecto al año 1999, el número de granjas ha descendido un 187,9%, cuando había 7.968.

La emergencia cinegética afecta a 75 municipios de las comarcas leridanas del Urgell, el Pla d'Urgell, el Segrià, la Segarra, la Noguera y les Garrigues, que son en total casi 1.500 kilómetros cuadrados. El último censo, hecho en octubre del año pasado, constató que en estos municipios hay 123 conejos por kilómetro cuadrado, un 34% más que en el 2021 -entonces eran 92 ejemplares por kilómetro cuadrado- y el objetivo es que esa cifra baje a 50.

Ante la declaración de emergencia cinegética, la Generalitat de Catalunya quiere incrementar el número de capturas, hasta alcanzar las 285.000 en septiembre, para reducir la superpoblación. De momento, el Govern ensaya con sistemas como redadas nocturnas y con pruebas piloto de un nuevo tipo de trampas que se sitúan entre los cultivos y las madrigueras.

El Departament d'Acció Climàtica afirma que trabaja ya en un inventario para detectar los puntos más afectados por los daños de conejos en las infraestructuras. Según añade la conselleria, los técnicos están planificando la revisión de varios tramos y taludes de carreteras que se encuentran dentro del ámbito de la declaración de emergencia cinegética para identificar las zonas con madrigueras de conejo. De esta forma y de acuerdo con los titulares de las infraestructuras, esta información servirá para determinar los tratamientos que sean necesarios para la adecuada conservación de las infraestructuras.

A pesar de estas gestiones, desde la plataforma Pagesos o conills alertan de que la situación permanece estancada. Mientras explican que Acció Climàtica les asegura que ya ha pedido los permisos al Gobierno español para poder aplicar el fosfuro de aluminio, éste se excusa en que no tiene constancia de la petición.

Aparte de los enfrentamientos administrativos, los ganaderos piden soluciones para evitar los lamentos posteriores de tener que importar la carne de conejo a un precio muy elevado, a la vez que los animales campan libremente por los campos catalanes.