El PSOE eleva el tono y habla ya de "persecución" judicial tras la declaración del fiscal general
Desde el Gobierno se reafirman en su máxima confianza hacia Álvaro García Ortiz y su actuación para desmentir un bulo sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
"Está siendo perseguido por ese mundo de la ultraderecha del PP de Madrid y por otras personas", destaca Félix Bolaños sobre García Ortiz.
![El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante la toma de posesión de Escrivá como consejero nato del Consejo de Estado El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante la toma de posesión de Escrivá como consejero nato del Consejo de Estado.](https://imagenes.publico.es/files/image_horizontal_mobile/uploads/2025/01/29/679a29f9bd455.jpeg)
Madrid-
Las dificultades de la actual legislatura del Gobierno de PSOE y Sumar no son solo políticas por la minoría parlamentaria a la que se enfrentan. Desde incluso antes de la toma de investidura de Pedro Sánchez, en noviembre de 2023, la ofensiva judicial ha sido constante.
Primero fueron las maniobras contra la ley de amnistía. Desde entonces han surgido casos contra la esposa de Sánchez, Begoña Gómez; contra el hermano del presidente; contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz o contra el propio PSOE y diferentes ministros en el marco de la investigación del 'caso Koldo' y las acusaciones sin pruebas del empresario Víctor de Aldama.
Los socialistas han ido defendiéndose por diferentes vías en cada caso. Decidieron expulsar del partido al exministro José Luis Ábalos por su responsabilidad en las supuestas comisiones cobradas por su asesor en el Ministerio de Transportes. Ábalos está muy cerca de ser investigado judicialmente. Por otro lado, han presentado diferentes querellas por injurias y calumnias contra Aldama, al acusar este a los socialistas de financiación ilegal mediante entrega de comisiones o bolsas de dinero en Ferraz.
La defensa del PSOE, personado como acusación popular en la trama de hidrocarburos, pidió esta semana al juez de la Audiencia Nacional que investiga a Aldama que acuerde una audiencia para "acordar la prisión provisional" del empresario ante "el riesgo en que se coloca el éxito de la investigación" mientras permanece en libertad. El magistrado, Santiago Pedraz, ha rechazado este miércoles la petición.
El respaldo a Álvaro García Ortiz
En paralelo, tanto en Moncloa como en Ferraz han mostrado su respaldo absoluto a la actuación de García Ortiz en el caso de la filtración de documentos privados de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Desde el primer momento en que se puso en tela de juicio su actuación hasta la apertura de una investigación judicial formal contra él los mensajes han sido los mismos.
Este miércoles declaraba el Fiscal General ante el Tribunal Supremo. García Ortiz negó en todo momento que hubiera sido responsable de las filtraciones y que no facilitó ni el expediente tributario ni los mensajes a ninguna persona dentro o fuera de la Fiscalía.
Durante las horas previas a la mencionada declaración judicial desde el Gobierno se afanaron en remarcar su posición. Con más intensidad si cabe tras el último auto del juez Ángel Hurtado. En él se quita importancia del papel de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso y rechaza el volcado de su teléfono móvil para aportarlo a la causa.
El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, fue tajante este miércoles en una entrevista realizada en La Hora de la 1 (TVE). "Está siendo perseguido porque desmintió un bulo. Está siendo perseguido por ese mundo de la ultraderecha del PP de Madrid y por otras personas", destacó. Al mismo tiempo reiteró la "confianza" en la actuación de García Ortiz.
En Moncloa lamentan desde hace meses que el foco del caso no esté puesto en el origen del mismo. Es decir, en los delitos fiscales reconocidos por la pareja de Ayuso. "Es para felicitar a los que consiguen que hablemos del dedo y no de la Luna", señaló Bolaños en la citada entrevista. De "suceso paranormal" habló por su parte la ministra portavoz del Gobierno Pilar Alegría en una entrevista ofrecida en la Cadena SER.
Desde Moncloa, las fuentes consultadas señalan que su objetivo en los mensajes que difunden son centrarse "en los ultras que acusan y acosan" y "en el intento de usar este acoso para tapar un fraude ya confesado".
No es la primera vez, en todo caso, que Bolaños cuestiona el caso en sí de García Ortiz. Hace alrededor de 15 días, cuando se produjo la imputación, Bolaños cuestionó el auto del juez. "No existe ninguna base probatoria, ninguna prueba, ninguna evidencia que acredite lo que ahí se dice", apuntó. "No compartimos la decisión sobre su imputación", había manifestado el día de antes Alegría en rueda de prensa.
Conforme han ido sucediéndose los acontecimientos, el PSOE se ha mostrado cada vez más contundente. Siempre buscando el equilibrio entre el "respeto" a las decisiones judiciales pero dejando mensajes respecto a la ofensiva judicial. Una manera de reconocer la existencia de lawfare sin nombrarlo como tal. Uno de los más contundentes en sus declaraciones ha sido, por ejemplo, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López. "Hay un frente judicial evidente. Hay jueces que hacen activismo político", dijo en una entrevista en el Canal 24 Horas emitida en diciembre.
El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, también ha sido cuestionado de forma abierta por los dirigentes socialistas. "Lo que hemos conocido del señor Peinado es claramente prevaricador. El señor Peinado ha mentido en sede judicial, él, y ha utilizado una mentira para imputar a otra persona. Estamos conociendo cosas que son muy, muy preocupantes", destacó el ministro de Transformación Digital, Óscar López, respecto a una de las maniobras conocidas en el caso.
Precisamente este miércoles la Audiencia Provincial de Madrid decidió anular los registros llevados a cabo en el domicilio y la empresa del empresario Juan Carlos Barrabés el pasado 22 de agosto. El tribunal ha estimado el recurso de la Fiscalía al considerar que el juez Peinado no justificó adecuadamente los motivos para ordenar los registros. Se trata de una decisión que no ha pasado desapercibida en Ferraz.
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