150 familias de Sant Joan Despí (Barcelona) temen quedarse sin casa de manera inminente, después de que un grupo inversor, detrás del cual hay personas vinculadas al gigante estadounidense Goldman Sachs, haya conseguido la propiedad del bloque del barrio de les Planes en el que viven desde hace cinco años y plantee incrementos desorbitados del precio del alquiler. El grueso de las familias no podrían asumir los posibles aumentos, que según les han comunicado extraoficialmente oscilarían entre el 40% y el 100% de las rentas actuales, situándose en una horquilla que iría de los 1.100 a los 1.350 euros mensuales. Buena parte de los contratos finalizan durante el primer semestre de este año y los primeros terminan a mediados de marzo.

Dada la emergencia de la situación, la mayoría de los afectados ha celebrado este miércoles una asamblea abierta en el centro cívico del barrio, donde más allá de denunciar sentirse víctimas de un nuevo caso de especulación, han planteado posibles acciones para evitar quedarse sin casa. A la asamblea han asistido representantes de la PAH y del Sindicato de Inquilinos, además de miembros de los diversos grupos políticos municipales, con la excepción del PP. También estaba la diputada de En Comú Podem Sònia Farré, vecina de Sant Joan Despí.

El punto de partida de los afectados está claro: están dispuestos a negociar colectivamente y en ningún caso de uno en uno; no se niegan a una modificación del alquiler siempre que sea razonable, pero no aceptarán quedarse en la calle. Y, si es necesario, dejan claro que no entregarán las llaves cuando se les agoten los contratos. "¿En qué situación nos encontraremos? Estamos hablando de 150 familias [más de 300 personas viven en las viviendas] que tienen un futuro incierto. ¿Y dónde vamos a vivir, si no hay oferta de pisos en Sant Joan y en muchos casos hablamos de parejas que tienen hijos escolarizados en el municipio? ", explicó Julio Jiménez, portavoz de los vecinos y vicepresidente de la Asociación de vecinos y vecinas de les Planes.

La sombra de Goldman Sachs

La historia comienza en 2013. Un bloque de pisos enorme de Sant Joan Despí situado muy cerca de la B-23 y, por tanto, a escasos kilómetros de la entrada a Barcelona por la avenida Diagonal, estaba vacío después de que no se encontraran compradores una vez estalló la burbuja inmobiliaria. Algunas de las viviendas habían salido al mercado a un precio que rondaba los 600.000 euros. Finalmente, se pusieron en alquiler a precios de entre 580 y 900 euros y la práctica totalidad pasó a estar habitado, en gran parte por parejas jóvenes que ya vivían en el municipio.

Durante todos estos años, los alquileres se abonaban a Arrenda Asociados, una administradora de fincas y edificios con sede en Terrassa, que es con quien se habían firmado los contratos. La situación cambió, sin embargo, hace algunas semanas, cuando varios vecinos recibieron un burofax en el que se les notificaba que al vencimiento del contrato -mediados de marzo- deberían entregar las llaves y abandonar el piso. La notificación la envió una sociedad llamada Medasil Desarrollos, que según han podido saber los afectados es simplemente la gestora del "grupo inversor" que se ha hecho con la propiedad del inmueble, del que desconocen aún la identidad. Esta sociedad tiene como administrador único Valentín Bascuñana, un conocido empresario del sector inmobiliario que participa en más de una decena de sociedades. La compañía tiene como apoderadas dos empresas: Picton Investments y Promociones Lladero. Ambas tienen a Bascuñana, pero además comparten domicilio social con Medasil Desarrollos, el 4-1ª del número 682 de la avenida Diagonal de Barcelona.

En el consejo de Picton y de Lladero aparecen varios altos cargos de Goldman Sachs, el todopoderoso banco de inversión de Estados Unidos. En concreto, son Ana Estrada López, consejera de Picton, presidenta de Lladero y persona de referencia de Goldman Sachs en España; Marielle Stijger, también consellera de Picton, vicepresidenta de Lladero y manager general de la filial de los fondos de inversión en Luxemburgo; y Guillaume Marinacce, director de Goldman Sachs en España y apoderado de las dos sociedades que tienen presencia en el consejo de la sociedad que gestiona el edificio de Sant Joan Despí. Goldman Sachs es uno de los gigantes de la banca de inversión a nivel global y entre los múltiples sectores en los que tiene intereses también se encuentra la vivienda. De hecho, a través de filiales se ha hecho el control de miles de casas en España, algunas de las cuales previamente destinadas al alquiler social.

Según informó TV3, el argumento de la sociedad gestora es que los pisos se alquilaron el 2013 "por debajo del precio de mercado" y ahora pretenden "actualizarlos". Ahora bien, varios vecinos afectados han confirmado a Público que han hablado extraoficialmente con representantes de la compañía y que la propiedad considera las viviendas "de alto standing" y los alquileres se situarían claramente por encima de los 1.000 euros mensuales, un nivel inasumible para buena parte de los actuales residentes. El presidente de la asociación vecinal, Antonio Gámez, detalla que "nos dijeron que querían negociar y que buscarán soluciones pero que los precios serán los de mercado". Gámez, que no vive en el inmueble pero va casi a diario para que reside su madre, añade que "llegaremos hasta donde haga falta" para evitar dejar sus hogares. Justamente este jueves, representantes de los afectados se reunen con un responsable de Medasil Desarrollos para abordar la situación.

Asamblea de afectados del bloque de pisos de Sant Joan Despí, este miércoles. / Marc Font.

Un problema que va más allá de Barcelona​

Tras registrar subidas constantes los últimos años, el precio del alquiler de los pisos se ha situado en máximos históricos, superando el nivel que alcanzó en la época de la burbuja inmobiliaria. Entre los distintos elementos que explican la situación está la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que aprobó el gobierno español en 2013, que redujo de cinco a tres años la duración de los contratos de alquiler, de forma que el plazo para incrementar el precio más allá de lo que establece la inflación se acorta. Paralelamente, tanto en Barcelona como en el área metropolitana se ha multiplicado el aterrizaje de fondos de inversión -que en muchos casos se han etiquetado directamente de 'buitres' - que compran edificios enteros, si es necesario rehabilitan las viviendas , disparan el precio de los alquileres y, consecuentemente, fuerzan la expulsión al grueso de los vecinos.

Sólo en la ciudad de Barcelona, ​​son cerca de un centenar los inmuebles adquiridos por sociedades mercantiles, controladas casi siempre por grandes fondos de inversión, como reveló la Directa en un reportaje. Y, de hecho, más del 40% de las compras de viviendas en la capital catalana ya están en manos de empresas inversoras. Vauras Investment, Norvet Negotial o MK Premium son los nombres de algunas de estas compañías, que en algunos de los casos están vinculadas a paraísos fiscales, como Luxemburgo, la isla británica de Man o Luxemburgo. Blackstone, uno de los grandes fondos buitres a nivel global, también controla varias sociedades que se han hecho con el control de numerosas viviendas en Barcelona y su área metropolitana.

La problemática no deja de aumentar y afecta cada vez un grupo más amplio de la población, fruto de ello también se ha incrementado la movilización y la organización ciudadana para intentar denunciar lo que pasa y hacerle frente. Los vecinos de varios bloques, por ejemplo, se han articulado para denunciar que eran víctimas de una "ofensiva especuladora". En este sentido, el año pasado también nació el Sindicato de Inquilinos, que ya suma más de 1.200 afiliados. Entre otras cuestiones, reclama que los contrates duren 12 años en el caso de los grandes propiedades y seis en el de los pequeños, y que se renueven automáticamente. Pide también la limitación de los aumentos de renta índice objetivos, ya sea el IPC o índices municipales, o que las administraciones sólo promuevan vivienda pública de alquiler. Más allá de una nueva LAU, el sindicato defiende la necesidad de regular el precio de los alquileres, básicamente para evitar los actuales "abusos", que se está traduciendo en una constante expulsión de vecinos cada vez más zonas.