El juicio que se ve hoy en la Ciudad de la Justicia de Málaga donde el fiscal pide cuatro años de prisión por cultivo de marihuana para Fernanda de la Figuera, de 76 años, la activista más veterana de España a favor de la legalización del cannabis, ha vuelto a encender al cada vez más activo y nutrido movimiento asociativo cannábico de nuestro país, formado por cerca de un millar de entidades que se quejan del tratamiento judicial y policial que recibe su causa.

La Confederación de Asociaciones Cannábicas (CONFAC), una de las principales organizaciones del sector, ve en estos procedimientos judiciales un "ataque político" al movimiento asociativo que trabaja y defiende el cultivo de la marihuana para autoconsumo, y, tras ello, falta de interés por emprender una regulación y acabar con la indefensión que sufren cientos de personas que han de enfrentarse a juicios de los que no saben si saldrán camino de la cárcel, pagando cuantiosas multas o de vuelta a casa absueltas de todos los cargos.

La espada de Damocles que pende sobre estas personas es el artículo 368 del Código Penal, el cual, entre otras cosas, establece como delito contra la salud pública el cultivo de drogas tóxicas o sustancias estupefacientes, y lo castiga con penas de tres a seis años de prisión. Y aunque los tribunales pueden imponer una pena inferior en atención a la escasa entidad del hecho y las circunstancias personales del acusado, también pueden estimar agravantes en función de determinadas circunstancias, como que la cantidad aprehendida sea superior a 10 kilos, como le ha ocurrido a Fernanda de la Figuera, que gestionaba el cultivo para abastecer a una asociación con fines medicinales de más de un centenar de socios.

De la interpretación, por tanto, que hagan jueces y fiscales del artículo 368 y siguientes del Código Penal (369 y 370) dependerá en gran medida la suerte de quienes cultivan cannabis, aunque sólo sea para su consumo. Podrán ir a juicio o ser desestimado cualquier procedimiento judicial contra ellos, podrán ser condenados a una mayor o menor pena, o, simplemente, podrán ser absueltos. "No hay una regulación general para este tema, así que cada juez interpreta la jurisprudencia como entiende y eso crea mucha indefensión", se lamenta Beatriz Macho, asesora jurídica de CONFAC.

"Dependemos mucho de lo que decida el ministerio púbico", que es el único que presenta acusación en este tipo de procedimientos, explica Beatriz Macho, quien considera que hay una "estrategia" montada desde la Fiscalía General del Estado para "acabar con el asociacionismo" de usuarios del cannabis en España.

Notable aumento de las incautaciones

El último Anuario Estadístico del Ministerio del Interior refleja que las incautaciones de plantas de cannabis aumentaron un 55,2% en 2017, hasta superar los 1,12 millones, y un 12,2% las de semillas, intervenciones que comprenden, según se refleja en la propia memoria, desde los cultivos a pequeña escala para el autoconsumo hasta las grandes plantaciones destinadas al tráfico.

El mismo Anuario Estadístico de Interior revela que el 69% de las sanciones impuestas por infracciones de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como la Ley Mordaza, corresponden a consumo o tenencia de drogas en vías o lugares públicos, con una cuantía que alcanza los 103,5 millones de euros, lo que, a juicio, de Macho, da a entender el claro carácter recaudatorio de esta norma a costa de los consumidores de sustancias como el cannabis.

El Grupo de Acción para la Legalización del Cannabis en España (GALCE), menos numeroso que CONFAC pero muy combativo, no ve sólo intereses políticos, también aprecia los económicos. Su presidente, Paco Mascaraque, considera que hay una "doble vara de medir": una para los grandes, las empresas autorizadas por el Gobierno para cultivar plantas de cannabis con diferentes fines, y otra para los pequeños cultivadores, como Fernanda de la Figuera, que se enfrenta a una petición de cuatro años de cárcel, "un caso muy sangrante", subraya.

En la respuesta a una pregunta parlamentaria del grupo de Unidos-Podemos, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social señala que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios concedió hasta finales de 2018 un total de ocho autorizaciones para cultivar cannabis sativa a siete entidades, cinco con fines de investigación, dos con fines medicinales y una con objetivos "exclusivamente didácticos y educativos" al Parque Etnográfico Pirámides de Güimar, en Tenerife.

Mascaraque dice desconocer los criterios con los que se conceden estas autorizaciones mientras se mantienen en la ilegalidad miles de pequeños cultivos en toda España. "Nos parece una hipocresía, que se está actuando con un doble rasero porque hay muchísimos millones de euros en juego". El presidente de GALCE cita expresamente el caso del multimillonario Juan Abelló, que se ha metido en este negocio tras unirse con un fondo de inversión británico propietario de Alcaliber, una de las entidades a las que la Agencia Española de Medicamentos ha dado una licencia para la producción y fabricación de cannabis.

Tanto GALCE como CONFAC exigen que haya una regulación de esta actividad en toda España para todos cuantos se dedican a ella, con independencia del tamaño de la explotación. "No queremos ser delincuentes, queremos que haya una forma viable para el consumo y autocultivo de cannabis de la forma más segura posible", señala Beatriz Macho. Para Paco Mascaraque, es un absoluto sinsentido que aún no se haya regulado de forma conveniente la actividad de los clubes de usuarios de cannabis, y, por ejemplo, se permita que a las puertas de los institutos haya acechando un estanco, un bar y un local de apuestas.

La situación en España sigue estancada, se queja el movimiento asociativo, mientras en otros países de Europa y de América, como Holanda, Canadá, Estados Unidos, México y Uruguay, ya han dado pasos importantes para la legalización del cultivo y consumo del cannabis. "El PSOE, como el PP, es prohibicionista. El único que ha propuesto algo en este sentido en los últimos años es Unidos-Podemos", dice Mascaraque.

La activista más veterana de la lucha por la legalización del cannabis en España, Fernanda de la Figuera, a punto de cumplir 76 años se enfrenta hoy a un juicio en el que el fiscal le pide 4 años de cárcel por cultivo y distribución de marihuana. Los hechos se remontan a 2014, cuando la Guardia Civil requisó las plantas de su huerto con las que se abastecían más de un centenar de socios de una asociación cannábica de mujeres que, fundamentalmente, se valían de los frutos de ese cultivo para aliviar enfermedades como el cáncer, la artrosis o la fibromialgia.

Integrantes de esa organización, alguno llegado desde otras partes de España, acompañarán a Fernanda de la Figuera en el Juzgado de lo Penal 5 de la Ciudad de la Justicia de Málaga, a los que se suman las decenas de apoyos que está recibiendo de entidades cannábicas de todo el país que comparten su lucha y los riesgos que ella conlleva.