El juez de Madrid que investigaba la muerte de María José Carrasco, la enferma terminal a la que su marido, Ángel Hernández, ayudó a morir el pasado 3 de abril, ha decidido trasladar el caso a un juzgado de violencia contra la mujer, según adelanta el diario El País, citando como fuente a la abogada de Hernández. 

El titular del Juzgado de Instrucción Número 25 de Madrid se inhibe "basándose en la última jurisprudencia del Tribunal Supremo, que dice que es competente" ese tribunal "por el solo hecho de ser de un hombre contra una mujer, sin entrar a valorar la intencionalidad", según ha explicado la letrada a El País. 

La decisión del magistrado supone un nuevo giro en el caso del suicidio asistido de María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple que la pasada semana se quitó la vida con el auxilio de su marido.

Ángel Hernández, quien reconoció los hechos, pasó a disposición de la jueza que estaba de guardia, el 36 de Madrid, que decidió dejarlo en libertad sin medidas cautelares investigado por un delito de auxilio o cooperación al suicidio. Esa jueza se inhibió en el número 25, que es el órgano que conoce del procedimiento, dado que es el que se encontraba de guardia de diligencias cuando se conocieron los hechos y el que procedió al levantamiento del cadáver.

Pero, ahora, el juez del 25 ha decidido que el caso se investigue en un juzgado de Violencia contra la Mujer. 

Se ampara en la Ley de Violencia de Género y en la doctrina del Tribunal Supremo, que determina que cualquier delito tipificado dentro de los relacionados con el homicidio que se hayan cometido contra quien o haya sido la esposa del autor o haya tenido una relación de afectividad análoga deben ser investigados por juzgados específicos.

A falta de una legislación sobre la eutanasia, el suicidio asistido está recogido en el artículo 143 del Código Penal como un homicidio. Ángel Fernández se enfrenta a una pena de entre dos y diez años de prisión pese a que él mismo grabó varios vídeos el proceso por el que su mujer ratifica su deseo de morir.  Ese artículo prevé una rebaja sustancial en las condenas de aquellos que actúen por "petición expresa, seria e inequívoca" de la víctima, si ésta sufriera "una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar", es decir, el caso de María José Carrasco y Ángel Hernández.

La propia Fiscal Delegada de Violencia de Género ha reconocido a El País que este caso está "bastante alejado de la violencia de género y no debería confundirse".