El decano del Colegio de Abogados de Madrid se atrinchera ante la ministra Irene Montero contra una justicia feminista

El acto parecía ir bien. La ministra de Igualdad había sido invitada por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid a participar en un coloquio. En su discurso se refirió a la "justicia patriarcal como un obstáculo para el acceso de las mujeres a las garantías de todos sus derechos", como denuncia el movimiento feminista, así como organismos internacionales de Naciones Unidas. Al final de su alocución, destacó "el enorme reto que tenemos como país, como instituciones, para construir marcos legales, políticas públicas y también un sistema judicial feminista".

Entonces justo antes de finalizar el evneto, el decano del ICAM, José María Alonso, pidió la palabra y mirando a Montero afirmó: "No estoy de acuerdo en que tengamos que tener una justicia feminista, como no estoy de acuerdo en que tengamos que tener una justicia machista; tenemos que tener una justicia independiente que no se incline ni hacia un lado ni hacia el otro".

Ante esta afirmación, la ministra Montero le invitó a "reflexionar", afirmando que "el feminismo no está proponiendo lo contrario que el machismo, el feminismo está proponiendo que todos seamos iguales".

Las palabras del decano igualando el machismo (una serie de comportamientos creencias y prácticas que se basan en la discriminación de las mujeres y la superioridad masculina) con feminismo (un concepto político y social que se basa en la igualdad de derecho entre hombres y mujeres), muestra hasta qué punto algunas de las instituciones clave de nuestro país siguen perpetuando la discriminación hacia las mujeres, especialmente en la justicia. Así lo han entendido diversas juristas que han reaccionado para Público a las palabras de Alonso, que consideran, cuanto menos desacertadas.

Un gran desconocimiento del derecho internacional

Para la magistrada Gloria Poyatos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la respuesta pone en evidencia "un gran desconocimiento de las teorías jurídicas feministas y sobre todo del derecho internacional antidiscriminatorio y también de la perspectiva de género en la impartición de justicia, que es un mandato vinculante para el poder judicial. A esto refiere el concepto 'justicia feminista', a la obligación que tenemos quienes juzgamos de hacerlo con perspectiva de género cuando se comprometan relaciones asimétricas o patrones estereotípicos de género". 

Esta jurista afirma que lo que compromete la independencia es no acatar la constitución y que juzgar con perspectiva de género está además recogido en el articulado de la ley de Igualdad aprobada en 2007. 

Poyatos explica que "el derecho tiene género y no es el femenino" y por ello aplicar la perspectiva de género en la justicia "subsana las deficiencias del derecho para integrar en su aplicación, las experiencias femeninas ausentes". Esta magistrada recuerda, también, que nuestro país ha sido condenado en varias ocasiones por organismos internacionales "por no integrar la perspectiva de género en la impartición de justicia, pero nunca lo fue por hacerlo".

La formación de los operadores judiciales en perspectiva de género es una de la tareas aún no acometidas en profundidad. Contenida en la ley contra la violencia de género de 2004, sigue siendo una asignatura pendiente y urgente. El pacto de Estado contra la violencia de género acordado en el Parlamento lo volvió a recordar e introdujo medidas para que se hiciera realidad.  

Una falsa contradicción muy extendida en la Justicia

"No me sorprende. Una de las cosas que estoy viendo en el ámbito jurídico es que la polarización social y política y el discurso negacionista se va infiltrando en el ámbito jurídico. Este tipo de declaraciones, emitidas por quien tiene un cargo de representación, al final constituye una manifestación más de la violencia de genero institucionalizada", afirma la magistrada Lucía Avilés. Explica que estas declaraciones son sinónimo de todo lo que queda por avanzar y de las carencias en formación en género y violencia de genero que aún tiene la Justicia. 

"Cuando se habla de Justicia feminista, se está hablando de Justicia. Hoy no se pede ejercer una profesión jurídica sin ser feminista. No puedo ser jueza sin ser feminista. Es un concepto inherente a la Justicia y además el decir que la Justicia es feminista es tanto como abogar por una Justicia independiente", añade Avilés.

Para Altamira Gonzalo, abogada y miembro de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, "por desgracia esa falsa contradicción entre justicia machista y feminista la plantean abundantes operadores jurídicos. Como si la justicia fuera neutra, cuando de hecho, con demasiada frecuencia, no lo es", explica a Público.

Afirma que las declaraciones el Decano de Madrid "evidencian su machismo: la justicia feminista que reivindicamos es la justicia igualitaria, la que trata a mujeres y hombres por igual. La justicia machista es la que discrimina y trata a las mujeres con prejuicios o estereotipos de género, caducos, que corresponden a un pasado legislativo y social superado en nuestro País".

"En España cambiaron las leyes, tenemos leyes que no discriminan a las mujeres en relación con los hombres. Pero continúan discriminando los jueces y otros operadores jurídicos, entre los que hemos de incluir a los y las abogadas, forenses, psicólogos/as, fiscales". Y concluye que un gran número de ellos "no juzgan con los mismos criterios a las mujeres y a los hombres; en su mente operan los prejuicios machistas y eso les empuja en muchas ocasiones a no aplicar bien una buena ley, o a no creer el relato de una mujer cuando denuncia, porque no responde a la idea preconcebida que tienen de como ha de ser una mujer maltratada".

Para la abogada penalista Carla Valls, estas manifestaciones "demuestran que todavía hay quien tiene arraigada la idea de que feminismo es el contrario de machismo". "Una justicia feminista no es que todas y cada una de las mujeres deban ser creídas en los procesos judiciales, una justicia feminista es la que permite que las mujeres y sus hijos tengan un espacio sin juicios previos para poder explicarse y defender sus derechos. Lo contrario a esta posibilidad no es derecho a la defensa, es derecho a la impunidad", concluye.