El defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha instado al Gobierno a que estudie, junto con las comunidades autónomas, la prohibición total de la publicidad relacionada con el juego y las apuestas en los medios de comunicación, radio, televisión e internet. Una prohibición de la que, según ha explicado este lunes en una nota de prensa, quedaría exenta la de loterías y apuestas de la Administración del Estado y la de la Organización de Ciegos Españoles (ONCE).

Y en el caso de que se decida no prohibir la publicidad en su totalidad, el defensor pide que se aumenten las franjas horarias en las que no se emita, de modo que alcancen los horarios infantiles, y que no pueda utilizarse como reclamo publicitario la imagen de personas con notoriedad pública. Estas son algunas de las recomendaciones dirigidas a los ministerios de Hacienda y de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en el marco de una actuación de oficio abierta ante la proliferación y la publicidad intensa de anuncios de juego y casas de apuestas.

Para el Defensor, el fenómeno de la difusión sin control del juego, "y muy en especial si los jugadores son menores de edad", tiene unas características similares a las del consumo de tabaco o drogas. Un problema del que ha recibido quejas de ciudadanos por la publicidad constante y continua en la televisión y medios on line de anuncios de casas de apuestas.Por ello, y tras estudiar la información aportada por ambos ministerios, la Institución considera que deben reforzarse las políticas activas de juego responsable dirigidas a fortalecer la protección de las personas más vulnerables a la adicción.

Nueva regulación

Asimismo, el Defensor aboga por establecer una nueva regulación, revisar los tipos de infracción y endurecer las sanciones, así como por acometer una revisión de las licencias en vigor, incluidas las de actividad y de apertura de locales de salas de juego. Para la Institución, las infracciones en esta materia deben ser tipificadas como graves o muy graves y las sanciones deberían incluir la retirada de la licencia en esos casos o también para los de reiteración.

Además, considera  que la publicidad del juego y de las apuestas no debe ampararse en la libertad de empresa, como no lo está en productos como el tabaco o las sustancias adictivas. Cree que la adicción al juego debe considerarse como un asunto de salud pública que requiere un marco regulatorio con normas jurídicas imperativas, ya que un modelo de autorregulación no sería eficaz en esta actividad económica.

También recomienda que el Consejo Interterritorial de Salud elabore un estudio sobre el trastorno socio sanitario que produce el juego; que se diseñen protocolos de actuación y de prevención de estas adicciones en los ámbitos escolar, asistencial, sanitario y familiar; y que se lleven a cabo programas de formación en prevención de la ludopatía dirigidos a profesionales de la salud y de los servicios sociales y a otros agentes implicados.

Por último, el Defensor considera que el proyecto de real decreto de comunicaciones comerciales de las actividades de juego y de juego responsable debería incluir una referencia expresa al juego en línea (online) y ajustar la regulación a la presencia de esta modalidad.