Un año de investigación judicial no evita que la Casa de Alba siga sacando agua de pozos sin permiso junto a Doñana

Todo sigue más o menos igual que hace un año, cuando comenzó la investigación tras una querella de la Fiscalía por posible delito medioambiental contra la empresa Eurotécnica Agraria, propiedad de la aristocrática Casa de Alba, la mayor propietaria de tierras en España, que estaba regando en una finca en el entorno de Doñana con agua de ocho pozos sin autorización. La Guardia Civil constató hace unas semanas que seguía extrayéndose agua de esos pozos, pero el juez que investiga el caso se ha negado a ordenar su precinto de forma cautelar, al entender que eso le corresponde hacerlo a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Y así, entre una cosa y otra, va pasando el tiempo en una zona de enorme importancia ambiental, donde la falta de agua amenaza seriamente su conservación.

Desde septiembre de 2023, cuando la Fiscalía presentó la querella, han pasado muchas cosas en este alambicado procedimiento judicial. Este sería un breve resumen de todas ellas: la CHG ha hecho al menos varios informes sobre la situación de los acuíferos del entorno y la extracción de aguas en la finca Aljóbar de Eurotécnica Agraria, situada en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla), a las puertas del Espacio Natural de Doñana; el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor ha emitido también varios autos y providencias en uno y otro sentido; el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) ha desprecintado, por orden del juez, los pozos que se habían sellado tras la denuncia de la Fiscalía y ha constatado luego que se sigue extrayendo agua de ellos sin contar con la autorización pertinente; y Ecologistas en Acción, organización personada en la causa como acusación particular, ha llegado a solicitar la nulidad de las actuaciones en desacuerdo con algunas de las medidas tomadas.

La Guardia Civil y la CHG se personaron el 21 de junio de 2023 en la finca para sellar de forma cautelar ocho pozos que habían comprobado que carecían de autorización

Este caso comenzó en la primavera de 2023 con la denuncia que presentó un vecino de la zona ante la Confederación Hidrográfica, donde dijo que había descubierto nueve pozos que estaban ocultos bajo lonas de color verde para camuflarlos entre los cientos de naranjos plantados en la finca Aljóbar, de 200 hectáreas de superficie. Ante la falta de respuesta, el hombre se puso en contacto con Ecologistas en Acción, que presentó a su vez otra denuncia, también ante la CHG.

A raíz de esas denuncias y tras una inspección previa, agentes de la Guardia Civil y de la CHG se personaron el 21 de junio del año pasado en la finca para sellar de forma cautelar ocho pozos que habían comprobado que carecían de autorización. Pero les negaron el paso. Así que la Confederación Hidrográfica, a través de la Abogacía del Estado, tuvo que solicitar en el juzgado la autorización para proceder al cierre de los pozos, mientras se tramitaba el expediente por una supuesta captación ilegal de agua en un terreno que tan solo contaba con permiso para dos puntos de extracción destinados al riego y una balsa de acumulación.

Tres meses después, en septiembre, fue cuando la Fiscalía de Sevilla presentó la querella en los juzgados de Sanlúcar la Mayor por un presunto delito contra el medio ambiente en la finca Aljóbar, basándose en un informe de la CHG, en el cual se valoraban en 36.702 euros los daños ocasionados al dominio público hidráulico por los riesgos ilegítimos con más de 305.851 metros cúbicos de agua en solo media campaña agrícola.

La querella de la Fiscalía incorporó el atestado de la Guardia Civil, en el cual se detalla que los hechos pueden ser constitutivos de un delito contra el medio ambiente, por detracción ilegal de aguas, tipificado en ella artículo 325 del Código Penal, y de otro de desobediencia, por haber impedido la clausura de los pozos ordenada por la CHG.

Extracciones de agua sin control volumétrico

El ministerio público solicitó un informe específico de la Confederación Hidrográfica en el que, además de cuantificar los perjuicios ocasionados sobre la base del importe que se precise para la restauración de la zona a su estado originario, aclarase si la extracción de agua había causado daños sustanciales a la calidad del acuífero afectado y perjudicado gravemente su equilibrio, e, incluso, un riesgo para la salud de las personas.

El acuífero Aljarafe Sur ha sufrido un "progresivo deterioro", con una tendencia descendente desde el año 2011 hasta alcanzar un mínimo histórico en septiembre de 2023

Como medida cautelar, pidió la retirada de los materiales de bombeo de esos pozos para impedir que siguieran extrayendo agua de ellos y, entre las diligencias a practicar, que se tomase declaración al representante legal de Eurotécnica Agraria, en la que en ese momento figuraba como presidenta Eugenia Martínez de Irujo, hija de la fallecida duquesa de Alba.

La Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir emitió un informe en enero de este año en el que concluyó que la extracción de agua de los pozos sin autorización de Aljóbar "es susceptible" de haber causado daños sustanciales al acuífero afectado, Aljarafe Sur, o haber perjudicado gravemente su equilibrio natural. Las posibilidades de haber originado un daño son aun mayores, según este órgano dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, si se tiene en cuenta que las extracciones de agua se han hecho sin control volumétrico alguno y sin conocimiento de su régimen estacional.

La CHG también señaló en su informe ante el juzgado un agravante en esa extracción de agua sin control en la finca de la empresa de la Casa de Alba: cuando se produjo la intervención, la unidad territorial que se encontraba asociada a ese sistema de explotación se "encontraba en prealerta en el informe de sequía de 30 de abril de 2023".

El acuífero Aljarafe Sur ha sufrido, además, un "progresivo deterioro", tal como subraya la CHG, con una tendencia descendente desde el año 2011 hasta alcanzar un mínimo histórico en septiembre de 2023. Ese descenso ha propiciado que, tras las campañas de riego en las fincas agrícolas que se abastecen de su agua, la recuperación del nivel del acuífero haya sido progresivamente inferior en cada ejercicio.

Desprecinto de los pozos sin autorización

Sin embargo, el titular del juzgado de Sanlúcar la Mayor encargado de la instrucción de este caso, Pablo Aragón, emitió en mayo un auto por el cual ordenó al Seprona desprecintar "de inmediato" los ocho pozos que había mandado sellar de forma cautelar en octubre de 2023 por carecer de autorización de la Confederación Hidrográfica.

A petición de la empresa de la Casa de Alba, y en contra de la opinión de la Fiscalía, que solicitó mantener el precinto de los pozos, el juez basó su decisión de cesar las medidas cautelares en un informe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la CHG emitido en noviembre de 2023. En ese documento se informa favorablemente sobre la solicitud de Eurotécnica Agraria para incorporar los ocho pozos a la cantidad de agua autorizada a esa explotación agraria, reduciendo la superficie de riego.

De acuerdo con ese informe, en el que se precisa que la incorporación de los ocho pozos que carecían de permiso no supone un aumento de la superficie ni del volumen de regadío, el juez consideró que no resultaba procedente mantener su precinto, ya que no "parece que su uso o utilización suponga un riesgo" para la masa de agua afectada.

La vía para legalizar los pozos

Lo cierto es que, paralelamente a la instrucción judicial por un presunto delito contra el medio ambiente, la empresa de la Casa de Alba ha emprendido un proceso administrativo para intentar legalizar en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la situación de los ocho pozos cuyo uso se investiga por la vía penal, transformando de derecho privado a concesión de aguas públicas esas extracciones.

Ecologistas en Acción considera que la empresa de la Casa de Alba está tratando "de eximir sus responsabilidades" en el daño causado en el entorno de Doñana

De acuerdo con la solicitud que presentó en la CHG, Eurotécnica Agraria se compromete a reducir de 200 a 161,62 las hectáreas autorizadas para un riego por goteo de naranjos y olivar superintensivo, incorporando los ocho pozos que carecen de permiso, pero sin superar el caudal máximo concedido. Además, asegura que informará a la Confederación Hidrográfica en el primer trimestre de cada año de los volúmenes de agua extraídos y que dispondrá de un libro de control con el consumo mensual.

Sin embargo, ese expediente para la regularización de los pozos aún no se ha podido concluir por defectos de forma en uno de los trámites que han de cumplimentarse y que fueron denunciados por Ecologistas en Acción, que considera que la empresa de la Casa de Alba está tratando "de eximir sus responsabilidades" en el daño causado al acuífero del entorno de Doñana. El trámite que se ha tenido que repetir esta semana es un acto de confrontación entre la empresa y la entidad ecologista, personada como afectada, bajo la supervisión de la CHG, que en la primera ocasión, la que fue recurrida en junio, delegó la firma en personal de una empresa subcontratada, según la organización ambientalista.

Pero mientras se dilucida la regularización administrativa de las extracciones, la Guardia Civil no ha dejado de trabajar en la vía penal de este caso. A requerimiento de la propia Confederación Hidrográfica, agentes del Seprona hicieron el pasado 11 de noviembre una inspección conjunta en la finca Aljóbar, donde, según el informe remitido al juzgado, comprobaron que ocho pozos que habían sido desprecintados en mayo, pero que aún carecen de la preceptiva autorización y de contador volumétrico, estaban equipados con elementos de captación y extrayendo agua.

Antonio Amarillo (Ecologistas en Acción): "Parece que la Fiscalía, la que presentó la denuncia por supuesto delito medioambiental, es el único actor que está trabajando en este procedimiento judicial"

La respuesta que ha dado el juez a ese informe ha sorprendido mucho, sin embargo, al menos a la acusación particular. El magistrado Pablo Aragón emitió el 27 de noviembre un auto en el que considera que aún no ha quedado suficientemente determinado que haya existido un grave daño al medio ambiente –a expensas, no obstante, de lo que indique el informe de la Fiscalía que se aportará próximamente– y rechaza las medidas cautelares por la vía penal solicitadas nuevamente por el ministerio público.

En lugar de ello, el juez ha autorizado que se tomen medidas por la vía administrativa, es decir, ha permitido a la CHG entrar en la finca Aljóbar para acordar, si lo estima necesario, las medidas cautelares de precinto de los pozos y retirada de los equipos de bombeo.

"Parece que la Fiscalía, la que presentó la denuncia por supuesto delito medioambiental, es el único actor que está trabajando en este procedimiento judicial, mientras la Confederación Hidrográfica echa balones fuera y no quiere culpabilizar exclusivamente a la propiedad de las extracciones de agua, y el juez tampoco parece que haga nada, mientras se intentan legalizar las captaciones", dice a Público el responsable de Agua en Ecologistas en Acción Andalucía, Antonio Amarillo.

Aún no han declarado los dueños de la empresa

Tras más de un año de investigación, no se tiene constancia de que haya declarado en el juzgado representante legal alguno de la empresa de la Casa de Alba, una de las diligencias que la Fiscalía solicitó en septiembre de 2023. En su querella, el Ministerio Público detalla que en el consejo de administración de Eurotécnica Agraria figuran Eugenia, Cayetano y José Martínez de Irujo Fitz-James Stuart, y Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg. Y los autos del juzgado van siempre encabezados como un procedimiento de Fiscalía "contra Eugenia Cecilia Martínez de Irujo Fitz-James Stuart y Eurotecnia Agraria SA".

Los ecologistas temen que una excesiva dilación de la investigación pueda beneficiar a los denunciados

La empresa, sin embargo, difundió un comunicado en el que, además de asegurar que la extracción de agua no había superado en ningún momento el volumen máximo autorizado por la Confederación Hidrográfica, precisó que Luis Marínez de Irujo era el miembro del consejo de administración responsable de la explotación de la finca y que Eugenia Martínez de Irujo nunca había participado en esa gestión.

No obstante, a la investigación judicial todavía le queda recorrido, porque el juez acordó en octubre prorrogar otros seis meses la instrucción del caso, hasta el próximo 9 de abril, atendiendo la petición de la Fiscalía. En ese auto, el magistrado explicó que estaba a la espera de recibir un informe del Ministerio Público, "anunciado en escritos anteriores", y que, a tenor de sus conclusiones, podrá ser necesario recabar nuevos informes técnicos o las declaraciones de las personas que se consideren presuntas autoras del delito ambiental que se investiga.

Los ecologistas ven, por un lado, positivo que se prorrogue la instrucción judicial, porque permitirá llevar a cabo más diligencias y obtener más pruebas para poder llevar a juicio a los responsables de la empresa de la Casa de Alba por un presunto delito contra el medio ambiente. Pero, por otro, temen que una excesiva dilación de la investigación pueda beneficiar a los denunciados, como ha ocurrido con otro caso muy sonado de terratenientes procesados por uso ilegal de agua para regadío, también en las cercanías de Doñana.

Se trata del caso de una familia de cinco hermanos terratenientes que fue condenada, en primera instancia, a tres años y cinco meses de prisión y a pagar una multa de 1,9 millones de euros a la CHG por haber extraído de forma ilegal, durante más de cinco años, casi 20 millones de metros cúbicos de agua para regar una finca de unas mil hectáreas de algodón y arroz, Hato Blanco Viejo, situada, precisamente, en las proximidades de Aljóbar. Sin embargo, tras un recurso, la Audiencia Provincial de Sevilla redujo en octubre la condena a año y medio de prisión, por las dilaciones indebidas de un proceso judicial que data de 2008.