"Lo único que pido es que se reconozcan mis derechos, aplicar un poco de sensatez. Esto no tiene nada que ver con ideas ni posturas políticas. Es una casa que llevo más de 20 años pagando todos los meses. No hay manera de echarlos". El cantante Manu Tenorio les ha declarado la guerra a sus inquiokupas. Dice que no es una batalla ideológica, pero su discurso coincide –casualmente– con el de la extrema derecha. Los jueces, abogados y sindicatos de inquilinas denuncian que la casuística legal no coincide con la alarma social que se ha generado y ponen el foco en el papel de los medios de comunicación. 

El Ministerio de Vivienda sostiene que sólo el 0,06% del parque inmobiliario de todo el país está en situación de okupación ilegal. Este porcentaje sale de los 16.765 casos denunciados de allanamiento y usurpación de inmuebles, sobre un total de 20,9 millones de viviendas. El número de desahucios es "tremendamente" superior: una media de 25.000 personas son expulsadas de sus casas cada año. Los expertos piden no restar importancia al problema, pero tampoco exagerarlo. Esta premisa choca de lleno con el seguimiento que hacen a menudo los magazines vespertinos y otros programas de televisión.

"Hablamos de espacios que buscan un enfoque sensacionalista de casi cualquier asunto. Es su forma de captar audiencia, recurrir al plano emocional. Las narrativas parten del conflicto. Los programas, cuando hablan de okupación, lo hacen desde la mesa de actualidad y sucesos, como hacen con los crímenes. No cubren el tema desde la mesa de política, aunque está lleno de connotaciones ideológicas", precisa Lucía Márquez Martínez, periodista e investigadora en la Universitat de València. Ana Rosa Quintana gestiona decenas de viviendas turísticas en las zonas más caras de Madrid y Sevilla. La okupación es un tema recurrente en sus tertulias. 

La mayoría de los casos que denuncian los medios son realmente conflictos entre arrendadores e inquilinos, o casos de usurpación por la inacción de los propietarios –muchas veces, bancos–. Manu Tenorio, sin ir más lejos, lleva semanas cargando contra sus inquiokupas –primero los tachó de okupas, pero cuando se destapó que eran inquilinos, cambió los términos– porque supuestamente no le pagan el alquiler. La familia que reside en el apartamento asegura que, desde el año pasado, ingresa la renta en Hacienda, porque el cantante arrastra una presunta deuda con el fisco. El propietario salió automáticamente a explicar que el contrato había caducado en 2023, para luego decir que nunca había existido y, más tarde, subrayar que "nunca" había alquilado el inmueble "sin un contrato firme y legal".

"El capital especulativo ha cambiado sus inversiones, pasando de la venta de inmuebles al alquiler. Esto influye mucho en el relato mediático. Lo que tenemos es un choque entre el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad privada. Los medios y las redes defienden el segundo y no abordan el primero, pasan por alto la falta de alternativas que sufre la población, la dificultad para hacer frente a unas rentas desorbitadas", reivindica Robert González, sociólogo y profesor en la Universitat Autònoma de Barcelona. Los alquileres se han multiplicado por dos en las grandes ciudades y rara vez bajan de las cuatro cifras en Madrid o Barcelona. Los sueldos, mientras tanto, permanecen estancados. 

La desinformación sobre este tema ha tocado techo y pocos medios dedican tiempo a explicar las diferencias entre el allanamiento de morada y el delito de usurpación. "La prensa apela mucho a la necesidad de cambiar las leyes, porque supuestamente no protegen a la ciudadanía. Esto es mentira", insiste Lucía Márquez, autora del artículo De Vox a Ana Rosa (y viceversa): el fenómeno de la okupación en los programas de infoentretenimiento. La normativa actual ya garantiza el desalojo inmediato en los "allanamientos", tanto de la vivienda habitual como de las segundas residencias. 

"Estos bulos alimentan los discursos de la extrema derecha, que se alinea con los intereses del capital. La estrategia es clara: frenar alternativas como la okupación, criminalizar a los colectivos sociales y apelar al derecho a la propiedad privada. Esto último es algo que la gente tiene muy interiorizado, porque casi todos los españoles aspiran a comprar su propia casa", continúa Robert González. El grueso de los propietarios en España son grandes tenedores, con más de diez viviendas por cabeza. Los medios, sin embargo, suelen olvidar este detalle.

Los desahucios, en un segundo plano

España cerró 2022 con un total de 38.269 desahucios, siete de cada diez por deudas con el alquiler. El año pasado se produjeron 26.659 lanzamientos, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La cifra de viviendas okupadas está por debajo del número de desalojos, pero los medios insisten en darle la vuelta a la tortilla y cubren de manera desproporcionada estas dos realidades. Esta semana, dos familias madrileñas se han quedado en la calle y el Congreso ha tumbado la regulación de los alquileres vacacionales, con los votos a favor de PP, Vox y Junts. Los anuncios de alarmas y Manu Tenorio han ocupado más horas de televisión que cualquiera de estas noticias. 

"Las televisiones ponen el foco en el problema de la okupación, pero cuantitativamente, los desahucios son más habituales. Los tertulianos tocan mucho el tema de la propiedad privada, pero no hablan del derecho a la vivienda. Es aquí donde tenemos realmente un problema. Los medios no lo conectan, tratan ambas cuestiones como si fueran dos universos independientes, que no tienen nada que ver. La okupación funciona mucho mejor porque despierta el pánico social, crea una especie de monstruo muy peligroso", destaca Lucía Márquez. Los desahucios apenas tienen espacio en las mesas de actualidad de Tardear o Espejo Público.

Las empresas de seguridad hacen caja con la okupación y pelean por los espacios con más target comercial. "Te te vas de vacaciones y te okupan la casa". "Bajas a por el pan y te okupan la casa". Los mensajes alarmistas han irrumpido hasta en los telediarios. Al mismo tiempo, Daniel Esteve, líder de Desokupa, ha visitado casi todos los platós de Atresmedia y Mediaset. "Los anuncios de alarmas proliferan a costa de los discursos antiokupación. Las empresas, los políticos y los medios necesitan que exista este miedo para subsistir", advierten los expertos.