La tele gallega mantiene un centenar de causas abiertas por vulneración de derechos laborales

La Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG), que dirige Alfonso Sánchez Izquierdo y que en los últimos dos años y medio ha perdido 40 casos por vulneración de los derechos de sus trabajadoras, mantiene abiertas en la actualidad otro centenar de causas judiciales por esos mismos motivos.

Así se lo aseguró el propio Sánchez Izquierdo a la jueza de Instrucción Número 1 de Santiago, Ana López-Suevos, que le ha imputado junto a otros ocho directivos de la casa por un presunto delito de acoso laboral a una periodista a la que supuestamente sometieron a una campaña de hostigamiento y descrédito personal y profesional que le provocó severos daños emocionales.

En el acta de su declaración del pasado 22 de febrero en el juzgado, a la que ha tenido acceso este diario, el director general, nombrado por Alberto Núñez Feijóo en 2009 y mantenido ilegalmente por Alfonso Rueda en su cargo pese a que debía haber sido renovado hace 13 años, reconoce además que él es el máximo responsable de la estrategia de despidos de la empresa, muchos de ellos declarados improcedentes en los juzgados de lo Social. De hecho, afirma que son la única tarea relacionada con la gestión de los recursos humanos de la compañía que le ocupa personalmente:

"Al poco tiempo de incorporarme yo a las tareas de dirección de la tele y la radio, decidí delegar por completo las facultades en materia laboral en la dirección de recursos humanos [...] Lo que no delegué fue la facultad de despedir a alguien, eso sí que no lo delegué”.

Gana 102.168 euros al año

Sánchez Izquierdo gana un salario de 102.168 euros al año, y, pese a lo que declaró ante la jueza, el pasado 4 de noviembre envió una comunicación al comité de empresa en la que él mismo recuerda que la ley le atribuye la competencia de “ejercer la jefatura superior del personal de la corporación y desarrollar las directrices básicas del consejo de administración en materia de personal”.

Muchos de los despidos llevados a cabo durante su mandato han sido declarados nulos o improcedentes por los juzgados de primera instancia y por la sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. En el primer caso, los trabajadores y trabajadoras afectadas tienen derecho a reincorporarse a su puesto, pero en el segundo, la empresa puede indemnizarlos y hacer efectiva su baja.

Dado que como imputado en la comisión de un presunto delito, a Sánchez Izquierdo le asiste el derecho a mentir en sus declaraciones ante la juez de instrucción, Público se ha dirigido a la CRTVG para saber si el contenido de sus testimonios se ajusta a la verdad. La empresa ha eludido dar una respuesta alegando que, como sociedad, no ha sido "denunciada, demandada ni querellada" por los hechos por los que el juzgado investiga a nueve de los miembros de su cúpula de mando.

La dirección tampoco ha querido indicar cuántos de los despidos ilegales decididos por el director general se han consumado con cargo al presupuesto público desde 2009, y qué cantidad de dinero ha destinado a ellos desde entonces. Este diario ha podido contabilizar que sólo en los últimos dos años y medio, las sentencias en firme del TSXG contrarias a la empresa han elevado esas indemnizaciones a cerca de 300.000 euros, a los que habría que sumar otros entre 20.000 y 30.000 euros por las condenas al pago de costas judiciales que acarrean.

La CRTVG tampoco ha contestado a la pregunta de cuánto va a destinar a indemnizaciones por despidos improcedentes en el futuro, en previsión de que pueda perder alguna de las alrededor de 100 causas abiertas que, según su propio director, se tramitan en los juzgados y podrían derivar en nuevas bajas de la plantilla.

En su declaración ante la jueza de Instrucción, Sánchez Izquierdo se desvinculó de la supuesta campaña de acoso contra la citada periodista, por la que la jueza ha imputado a ocho directivas y exdirectivos de la Corporación que, asegura, en ningún momento le informaron de ella: Xosé Pereira Fariña, director de innovación y negocio, Alejandro López Carballeira, subdirector de informativos; Tania Fernández Lombao, exjefa de programas; Paula Veloso Pereira, jefa de gestión de personal; Susana Fernández Veiguela, exdirectora de recursos humanos; Manuel Casas Macía, jefe de seguridad y salud laboral, y Vitalina Cuña Palencia, coordinadora de personal de la Radio Galega.

Centenares de sentencias en contra

Durante los mandatos de Sánchez Izquierdo bajo las presidencias de Feijóo y Rueda, los tribunales de lo Social han fallado centenares de veces contra la CRTVG, y los trabajadores y trabajadoras han planteado, y ganado en muchas ocasiones, demandas y denuncias por vulneración de derechos fundamentales y persecución ideológica de periodistas; discriminación de género, subcontrataciones ilegales y condiciones laborales inadecuadas.

El TSXG incluso ha puesto en duda la legalidad de la estructura directiva de la Corporación, y aunque la empresa lo niega, las juntas electorales también han apercibido a la dirección en varias ocasiones por faltar a la debida neutralidad en sus informaciones. También se han producido polémicas por la emisión de contenidos sexistas, y acusaciones de la oposición, los sindicatos y el Colexio de Xornalistas de Galicia por manipulación a favor de Feijóo, Rueda y el PP.

Los trabajadores de la Corporación mantienen una huelga indefinida intermitente desde el pasado mes de octubre, y se manifiestan cada semana –los venres negros– en defensa de sus derechos y de su profesionalidad.

Al comienzo de este mes, Rueda anunció la tramitación parlamentaria de una nueva ley que permitirá al Partido Popular elegir al director general de la CRTVG sólo con sus votos en el Parlamento de Galicia y sin necesidad de pactarlo con la oposición.