El PP inicia en plena huelga de la tele pública de Galicia la tramitación de la ley que refuerza su uso partidista

El Gobierno de Alfonso Rueda ha enviado al Parlamento de Galicia el proyecto de ley de medios que permitirá al PP reforzar su control sobre la Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG), en medio de la huelga intermitente indefinida que mantienen los trabajadores de la empresa pública para denunciar los abusos continuados en materia laboral, las represalias por motivos políticos y la manipulación de los servicios informativos.

El pasado lunes, dos días después de la manifestación que los trabajadores celebraron en Santiago para publicitar sus reividicaciones, el Consello de la Xunta anunció el inicio de la tramitación parlamentaria de la nueva norma.

Rueda asegura que servirá para modernizar los medios públicos y adaptarlos "a los cambios" del sector audiovisual en los últimos años, y que está basada en la búsqueda de "consenso" con la oposición. Pero tanto BNG como PSdeG creen que está pensada para garantizar lo contrario perpetuando su uso partidista en favor del PP.

Una de las cuestiones más polémicas del texto se refiere al nombramiento de su máximo responsable, el director o directora general. Ese puesto lo ocupa desde hace 15 años Alfonso Sánchez Izquierdo, designado por Alberto Núñez Feijóo en 2009 y quien lleva en el mismo de manera irregular desde 2011, cuando se aprobó la ley autonómica aún en vigor que obliga a que su nombramiento cuente con el respaldo de dos tercios de las diputadas del Parlamento.

Con los votos del PP

El PP ha evitado en todo este tiempo someter a Sánchez Izquierdo al respaldo de la Cámara porque nunca ha disfrutado de esa mayoría, y el proyecto que Rueda ha puesto en marcha ahora garantiza que su sustituto pueda ser elegido por mayoría simple, con lo que bastarán los votos populares para hacerlo.

Los mandatos de Sánchez Izquierdo acumulan centenares de sentencias de los tribunales de justicia por vulneración de los derechos laborales y fundamentales de los trabajadores y por persecución ideológica de periodistas, así como denuncias por sexismo y machismo.

La dirección mantiene que el volumen de litigiosidad que ha enfrentado proviene de etapas anteriores a la del actual director y que representa menos del 0,5% de los procedimientos judiciales que ha encarado la Corporación, aunque nunca ha detallado de dónde extrae ese porcentaje.

El propio Sánchez Izquierdo y ocho de sus directivos han sido procesados por un juzgado de lo Penal de Santiago por un delito de acoso laboral contra una periodista de la casa, contra la que habrían montado una estrategia de descrédito personal y profesional que le ocasionó graves daños morales y psicológicos. El director general y sus subordinados han declarado como imputados y el caso está pendiente de la decisión de la jueza de abrir o no juicio oral contra ellos.

Falta de neutralidad informativa

La junta electoral ha fallado en numerosas ocasiones contra la falta de neutralidad informativa en la TVG. La última fue durante los comicios autonómicos del pasado febrero, cuando ordenó aumentar los tiempos de cobertura de la campaña, reducidos por la dirección de Sánchez Izquierdo en línea con la estrategia de perfil bajo que Rueda diseñó para la suya.

La Justicia también ha constatado la represión ejercida por la dirección de la empresa contra los huelguistas, como expedientar a dos de ellos como "cabezas de turco", según la definición del comité de empresa, después de que los paros impidieran en varias ocasiones la emisión en directo del programa O Termómetro de la Televisión de Galicia (TVG), cuya externalización a una productora privada denuncian los huelguistas.

El pasado noviembre, la jueza de lo Social número 2 de Santiago ordenó a la CRTVG que devolviera a su turno a un productor de ese espacio que fue trasladado "por necesidades organizativas", según la versión de la empresa, pero que el comité denunció por considerarlo en realidad una represalia por la implicación activa del trabajador en los paros y, en consecuencia, una vulneración de su derecho fundamental a la huelga.

La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, consideró este martes que el proyecto de ley de medios de Alfonso Rueda representa "un auténtico asalto del PP a la CRTVG" para "hacerse con el control absoluto de los medios públicos y para seguir usándolos como su terminal de propaganda particular [...] con un grado de manipulación que ya roza lo obsceno".

El Bloque, que lidera la oposición al PP en Galicia, ha llevado el caso al Parlamento Europeo, donde una delegación del comité de huelga se reunió la semana pasada con dos vicepresidentes de la Eurocámara y con la eurodiputada encargada de la ley europea de medios, para trasladarles "el ataque a la libertad de prensa y la manipulación" que, a su juicio, padecen los medios gallegos de titularidad autonómica.

Criterios transparentes y objetivos

En septiembre pasado, en respuesta a una pregunta escrita de la eurodiputada nacionalista Ana Miranda, la entonces vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Transparencia y Valores, Vera Jourová, recordó que la normativa europea establece que el o la responsable de la gestión de los medios públicos, incluidos los autonómicos o regionales, deben ser nombrados siguiendo criterios y procedimientos "transparentes, objetivos, no discriminatorios y proporcionados".

Jourová añadió en su respuesta que la Comisión "tomaba nota" del proyecto de ley de medios de Rueda, y que seguiría el caso "con atención".

"Es un auténtico asalto del PP para  seguir usando los medios públicos como su terminal de propaganda"

El eurodiputado socialista gallego Nicolás González Casares también ha dirigido varias preguntas al Ejecutivo comunitario, alertando de que los trabajadores llevan años denunciando la manipulación informativa en los medios públicos de Galicia, y de que la nueva norma contraviene la legislación europea y aumenta aún más "el descontrol" sobre su uso partidista en favor del PP.

Según el calendario de huelga del comité de empresa, los trabajadores de la CRTVG están llamados a un paro de 24 horas el próximo viernes 13 de diciembre, coincidiendo con la emisión del último de los 65 episodios de O Termómetro contratados por la dirección con una productora privada por un total de 1.040.000 euros.

Según fuentes sindicales, esa cantidad representa 5.000 euros más del coste por programa del espacio al que sustituyó O Termómetro, producido en su integridad con recursos y medios humanos propios de la TVG.