La Televisión de Galicia ordena a sus redactores censurar los nombres y los rostros de los acusados de matar a Samuel

La Televisión de Galicia (TVG), el canal público autonómico en manos de la Xunta de Alfonso Rueda, ha ordenado a sus redactores de la delegación de A Coruña que dejen de incluir en sus informaciones los nombres de los acusados de matar a Samuel Luiz, cuyo juicio se celebra desde la semana pasada en la Audiencia Provincial de A Coruña. También les ha comunicado que deben evitar tomar imágenes de sus rostros, y que si lo hacen, deben editarlas antes de difundirlas, pixelando sus caras para impedir que puedan ser identificados.

Según varios trabajadores consultados por Público, esa estrategia coincidiría con la de la defensa de una de las presuntas asesinas, cuyo abogado es Luciano Prado del Río, hermano de la secretaria general del Partido Popular de Galicia, Paula Prado del Río.

Esas fuentes aseguran que los periodistas y cámaras de la delegación de A Coruña que cubren la vista oral han recibido esas órdenes mediante indicaciones verbales de sus superiores que, sin embargo, no han sido transmitidas formalmente a todos sus compañeros en la sede central de la Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) Santiago.

Penas de entre 22 y 27 años cada uno

Los acusados en el juicio por el asesinato de Samuel Luiz son Diego Montaña, Alejandro Freire, Kaio Amaral Silva, Alejando Míguez y Catherine Silva, quienes se enfrentan a penas de entre 22 y 27 años de cárcel cada uno por los delitos de asesinato con ensañamiento y alevosía, en dos de los casos con la agravante de discriminación por orientación sexual y en uno, con el delito añadido de robo con violencia.

Sus rostros y nombres han aparecido en la prensa de todo el Estado, dado que se trata de una audiencia pública por un caso con gran repercusión social y a que la magistrada que preside el juicio ha permitido que se fotografíe y se grabe a los acusados en el interior de la sala de vistas, al menos una vez a la semana mientras dure el proceso. Tres de ellos están en libertad provisional y dos siguen en libertad bajo medidas cautelares.

Es el caso de Catherine Silva, para quien la Fiscalía y las acusaciones particular y popular piden 25 años de prisión y cuyo abogado es Luciano Prado. Como sucede con el resto de acusados, el rostro de su defendida aparece repetidamente estos días en televisiones, periódicos de papel, diarios digitales y redes sociales, dado que además, al estar en libertad, entra cada mañana por la puerta principal de la Audiencia donde la esperan los medios de comunicación acreditados para el juicio.

"Una niña"

Silva, que tiene 21 años y contaba 19 cuando Samuel fue apaleado hasta la muerte, se ha declarado inocente, y Prado se ha esforzado desde el principio en presentarla como "una niña" que no sólo no participó en los hechos sino que intentó evitar que sus novio y sus amigos lo lincharan, tras pensar el primero que Samuel le estaba grabando cuando en realidad hacía una videollamada. Desde entonces, y por la exposición mediática derivada de la acusación que se le imputa, Catherine asegura que padece constantes insultos y amenazas.

Hace aproximadamente un mes, es decir unas tres semanas antes de la vista, varios trabajadores de la TVG recibieron una circular sin membrete ni firma bajo el título en gallego "Pautas de estilo para los informadores sobre el tratamiento de la imagen", al que ha tenido acceso este diario y cuyo punto número uno se refiere precisamente a los juicios y procesos judiciales.

En la misma, se advierte a los reporteros gráficos que no deben "grabar primeros planos de las personas que estén siendo procesadas, pero que no hayan sido condenadas", y se les insta a utilizar "planos de escorzo, traseros o con máscara, así como planos generales o imágenes de los abogados y otras partes del juicio".

"Difuminar los rostros"

En el caso de que un cámara grabe "accidentalmente" a un procesado que aún no ha sido condenado, como sucede con los presuntos asesinos de Samuel Luiz, se les encarga a los redactores "difuminar los rostros", del mismo modo en que se procedería si eso sucediera con los miembros del jurado. Además, se les pide a los periodistas "cuidado con los detalles: se debe revisar que no se incluyan documentos o pantallas  que puedan revelar información privada, como el nombre de las partes implicadas".

Las fuentes de la plantilla y del comité de empresa consultadas por Público alertaron ayer de que esas normas, transmitidas sólo a algunos trabajadores de manera verbal o mediante la citada circular, que no fue aprobada por el Consejo de Administración de la empresa, suponen una vulneración del derecho de la ciudadanía a recibir información. "Eliminar los nombres de los acusados de asesinato en un juicio es eliminar información. Son directrices ideológicas delirantes", añaden.

Además, subrayan la incoherencia de que se transmitan a los periodistas de A Coruña unas pautas de estilo que no se siguen en la central de Santiago ni se han transmitido oficialmente a toda la plantilla que trabaja en la Corporación.

Nombres censurados en la web

De hecho, los telexornais —telediarios— sí están ofreciendo los nombres y las caras de los acusados, que, por contra, se censuran mediante pixelados y difuminados en los mismos vídeos, incluidos los  extraídos de la señal que ofrece libremente a la prensa la Audiencia de A Coruña, y que se editan antes de colgarlos en la web de noticias de la CRTVG y en los posts que la empresa difunde posteriormente a través de sus redes sociales. Los nombres de los acusados aparecen sustituidos por sus iniciales.

Público se ha dirigido a la CRTVG, que dirige Alfonso Sánchez Izquierdo desde que Alberto Núñez Feijóo lo nombró para el cargo hace 15 años, y también al Partido Popular, para obtener  la versión de ambos sobre las citadas acusaciones. A la hora en la que se publicó este artículo no había recibido respuesta de ninguno.

Los trabajadores de la CRTVG, actualmente en huelga contra la externalización de programas, llevan casi seis años celebrando "venres negros" cada semana para denunciar la vulneración constante de sus derechos laborales y fundamentales reflejada en las centenares de fallos en contra de los tribunales y de las juntas electorales que ha recibido la compañía desde que Sánchez Izquierdo la dirige.