La Fiscalía se opone al recurso de la Junta de Andalucía contra la absolución de los sindicalistas juzgados por una protesta

La Junta de Andalucía se ha quedado sola en la acusación contra tres miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) por una protesta laboral en la delegación provincial de una Consejería en Granada. La Fiscalía se ha opuesto al recurso presentado por la administración autonómica contra la absolución de los sindicalistas, en el que pide un año y tres meses de prisión.

En un escrito dirigido al Juzgado de lo Penal número 3 de Granada a finales de noviembre, la Fiscalía solicita que se  desestime el recurso de la Junta ante la Audiencia Provincial y se confirme la sentencia de ese órgano judicial que en septiembre absolvió a tres miembros del SAT acusados de desórdenes públicos durante la protesta por el despido de una trabajadora de la limpieza, al considerar acreditado que no hubo ningún tipo de violencia o coacción.

La Fiscalía provincial granadina argumenta que, a pesar de que durante el juicio mantuvo la acusación contra parte de los procesados, la sentencia emitida por el titular del Juzgado de lo Penal número 3 "argumenta y motiva las razones que le han llevado a la absolución", por lo que, ante el relato de los hechos probados, no aprecia motivos para sostener el recurso contra ese fallo.

En la sentencia, el magistrado Antonio Aguilera concluye que los procesados no cometieron ningún acto violento ni en el momento de acceder al interior de la Delegación de Turismo de la Junta en Granada, donde trabajaba la limpiadora despedida, ni cuando estuvieron en la tercera planta del edificio, donde se encontraba el despacho del delegado, a tenor de lo que declararon como testigos en el juicio un policía nacional y el vigilante de seguridad que se encontraba en la entrada del inmueble.

En el fallo se concluye que "en modo alguno se ha acreditado que, como sostiene la acusación particular, el grupo de unas diez personas, entre los que se encontraban los acusados, accedieran de forma violenta al edificio, pasando sin las preceptivas precauciones el control de acceso al mismo, ni generando en el personal de vigilancia sentimiento de intimidación".

Sin embargo, la Junta, que inicialmente pidió cinco años de prisión para cada uno de los acusados, se ha mantenido en sus trece y sigue solicitando una pena de cárcel para dos de los tres procesados. En el recurso presentado por el gabinete jurídico provincial de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía se argumenta que dos de los acusados, el secretario de Organización del SAT en Granada, Néstor Salvador, y la trabajadora de la limpieza Vanesa Sánchez, miembro también de ese sindicato, debieron ser condenados como autores del allanamiento con violencia o intimidación de morada, en virtud de la declaración realizada por la secretaria del delegado territorial de la Administración autonómica, y solicita para cada uno de ellos una pena de un año y tres meses de prisión por un delito de coacciones.

En contra de la declaración de un policía

La exposición de los hechos que hace la Junta se contradice, sin embargo, con la del funcionario del Cuerpo Nacional de Policía que intervino en aquella protesta, quien aseguró en el juicio que se encontró en la escalera a siete u ocho personas en "actitud muy pacífica", que se marcharon "sin jaleos ni voces" y que no vio ninguna perturbación grave, según se refleja en la sentencia recurrida.

Los hechos se produjeron durante una protesta sindical en marzo de 2021, cuando un grupo de manifestantes se concentró en la delegación territorial de Turismo de la Junta en Granada por el despido de Vanesa Sánchez, quien llevaba 11 años trabajando en sucesivas empresas subcontratadas para el servicio de limpieza en ese edificio administrativo.

Esta trabajadora de la limpieza había denunciado ante la Inspección de Trabajo que le estaban pagando menos de lo que correspondía y luego, cuando el servicio fue subcontratado a otra empresa, la única de las 70 trabajadoras de la plantilla a la que no se subrogó fue, precisamente, ella.

El SAT sostiene que detrás de la acusación particular de la Junta en este proceso hay un objetivo de persecución sindical. "Estamos ante un claro intento de ilegalización del sindicalismo más combativo y la defensa de los derechos de los trabajadores. Los hechos nos parecen muy graves y volveremos a llevar al Parlamento europeo y al Parlamento andaluz esta persecución sindical", ha manifestado la portavoz del sindicato en Granada, Inmaculada Manzano.

Uno de los procesados, el secretario de Organización del SAT en Granada, llegó a calificar, cuando se conoció el recurso de la Junta contra su absolución, de "escándalo público" que se destinase dinero público y personal jurídico de la administración andaluza a alargar este proceso judicial. "Lo único que se puede entender de este recurso es que les sale gratis, porque se paga con dinero público. Eso es una malversación de fondos públicos, cuando sabes que no tiene ningún sentido seguir con este proceso", dijo entonces a Público Néstor Salvador.

En mayo del año pasado, el que entonces era consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta, Arturo Bernal, tuvo que responder a una pregunta de Adelante Andalucía sobre este caso en el Parlamento andaluz. Ahí dijo que la petición de cinco años de prisión era una decisión del gabinete jurídico de la Administración autonómica, que había calificado los hechos como delito de ocupación de una sede administrativa. "Y contra eso habrá que asumir las consecuencias. Estamos muy mal acostumbrados. Aquí cuando hacemos unos unas cosas, sí, y cuando las hacen otros, no. Pues habrá que apechugar", apostilló el consejero.

En su escrito inicial de acusación, la Junta de Andalucía afirmó que los cuatro acusados -uno de ellos falleció durante el proceso judicial- formaban parte de “un grupúsculo de personas” que “no se limitaron a gritar reiteradamente soflamas en contra del delegado territorial, al que llegaron a insultar”, sino que "accedieron de forma violenta al edificio, generando en el personal de vigilancia sentimiento de intimidación".

Este largo proceso judicial, con una petición de condena que ha llegado a los cinco años de prisión, ha afectado a la salud de la trabajadora de la limpieza acusada, que padece una enfermedad congénita que le ha dañado seriamente el corazón y le ha causado un 33% de discapacidad. La enfermedad ya la tenía antes, pero, según ella, se le ha agravado a causa del estrés que le ha supuesto verse acusada por unos delitos tan graves.