Los suicidios de 235 guardias civiles y 160 policías en los últimos 20 años son "materia reservada"

La lista sigue aumentando. Cada año, sin interrupción, hay policías y guardias civiles que deciden acabar con su vida. Tantos como los que aparecen en un documento del Gobierno, en el que se señala que entre 2001 y lo que va de 2020 ha habido 395 suicidios entre miembros de ambos cuerpos armados. De ellos, 235 eran guardias civiles y otros 160, policías. Nada más se sabe: el resto, según sostiene el Ejecutivo, es información clasificada como "reservada" bajo el amparo de la Ley de Secretos Oficiales del franquismo, aún en vigor.

Los datos numéricos y las limitaciones oficiales en torno a lo que implican tales cifras aparecen en una respuesta remitida por Interior al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, quien había formulado sendas preguntas para tratar de determinar el número de agentes que se habían suicidado en los últimos 20 años, indicando "fecha, provincia, edad y género del agente". Además, el representante abertzale preguntaba también que "cuántos de ellos estaban en tratamiento psicológico o psiquiátrico"; "cuántos de ellos se suicidaron con su arma de servicio" y "cuántos con otro arma para el que contaban autorización".

En una respuesta enviada el pasado día 15 de este mes, el Gobierno ofrece un cuadro en el que aparecen las cifras de guardias civiles y policías nacionales fallecidos por esa causa desde 2001. De acuerdo a esos datos, en lo que va de 2020 ha habido seis suicidios en la Guardia Civil y otros dos en la Policía Nacional.

El año con más muertes de este tipo fue 2002, cuando se registraron 21 suicidios entre miembros de la Benemérita y otros 12 en filas policiales, mientras que en 2017 se produjeron, en total, 28, de las cuales 15 tuvieron lugar en la Guardia Civil y 13 en la Policía Nacional. En 2019 hubo otros 19, lo que significó dos más que en 2018.

Respecto a las "distintas circunstancias de los suicidios", Interior alega que no puede ofrecer ningún tipo de información porque estos datos se encuentran "clasificados como materia 'Reservada' con arreglo a lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986". Se refiere así a la decisión adoptada entonces por el Gobierno de Felipe González de clasificar determinados asuntos y materias "con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales" de la dictadura franquista, aún vigente.

Suicidios en las Fuerzas Armadas

Sin embargo, el ministerio de Defensa no realiza las mismas consideraciones en una respuesta remitida a Iñarritu sobre los suicidios entre miembros de las Fuerzas Armadas. En ese documento, remitido también al diputado de EH Bildu el pasado día 15, se indica que entre 2011 y 2020 –no se especifica hasta qué mes– hubo nueve casos de este tipo.

La tabla incluye el género (ocho hombres y una mujer) y la graduación de las personas fallecidas (un marinero, dos soldados, un cabo, un cabo primero, un sargento primero, un subteniente, un teniente y un teniente coronel). Del mismo modo, la respuesta indica que "en dos casos se empleó un arma oficial y en una ocasión un arma no oficial".

Estos datos ofrecidos por Defensa son precisamente algunos de los que Interior se negó a aportar por estar clasificados como "reservados". "Contradicciones de la transparencia", señala Iñarritu a Público. El diputado soberanista sostiene que "Interior declara secreto todo, por lo que es difícil dilucidar" el alcance de esta problemática. "Estamos hablando de personas armadas que pueden ser un peligro para ellos, para sus compañeros y para la ciudadanía", destacó.

A la espera del protocolo

Precisamente, la Dirección General de Policía trabaja desde hace tres años en el denominado "Plan de promoción de la salud mental y prevención de la conducta suicida". Según han señalado fuentes policiales a Público, el próximo miércoles 28 a las 11.00 está convocada una reunión en la sede de la Dirección General de la Policía para tratar de avanzar en la "revisión y modificación" de ese plan.

En septiembre pasado, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) reclamó la "aprobación urgente" de ese protocolo, cuyo borrador contempla retirar el arma de forma cautelar a aquellos policías "que presenten patologías de índole psíquico, hayan protagonizado una tentativa de suicidio o mostrado indicios de voluntad autolítica", además de "procurar una adecuada valoración de la capacidad laboral".

"Se trata de un proyecto que venimos impulsando desde 2017 con la constitución de un grupo de trabajo en la Comisión de Seguridad y Salud Laboral policial y que está ultimado desde hace meses, sin que haya visto la luz todavía", denunció mediante un video el secretario nacional de riesgos laborales del SUP, Carlos Prieto. En ese contexto, la Agrupación Reformista de Policías (ARP) también elaboró una propuesta que fue entregada al ministerio del Interior.

Una muerte cada 26 días

Por su parte, la Benemérita cuenta con un protocolo antisuicidios que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), principal organización de ese cuerpo, ha calificado en distintas ocasiones como "insuficiente" para evitar este tipo de muertes. El pasado 10 de septiembre, coincidiendo con el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la AUGC advertía sobre el alcance de "una tragedia que promedia una muerte cada 26 días, muy por encima de la media de la sociedad española y de otros cuerpos policiales".

"Frente a esto, desde la Dirección General se ha optado tradicionalmente por negar el problema, quitarle importancia o, en cualquier caso, evitar afrontarlo con medidas concretas, tal y como reclama AUGC: externalización del servicio de atención psicológica, de manera que los facultativos no pertenezcan a la escala de mando; dotación de armeros en todas las unidades; y garantía de que las bajas psicológicas no repercutan en la vida laboral del guardia civil, entre otras medidas", criticaba esa organización. En esa misma declaración criticaban al presidente Pedro Sánchez por haber lamentado el suicidio del preso de ETA Igor González Sola.

El mismo día en el que la AUGC advertía sobre ese drama, la Comisión de Interior del Congreso aprobaba una Proposición No de Ley de Ciudadanos en la que se reclamaba la aprobación urgente del protocolo antisuicidios de la Policía Nacional, así como la actualización del plan que está vigente a día de hoy en la Guardia Civil. Un día antes de esa votación, otro miembro de la Benemérita había decidido acabar con su vida.