Nunca antes en nuestra historia una frase tan breve ha provocado cambios sociales tan drásticos. Sólo tres palabras añadidas al final de un brevísimo texto dieron el acceso a derechos fundamentales a un amplia parte de la población que hasta ese momento eran ciudadanos de segunda. En el camino hubo de todo. Reuniones en el garaje de Ferraz con el entonces secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero; oferta de Aznar para una ley de pareja sin llamarlo matrimonio, llamadas al desacato por porte de la Conferencia Episcopal e incluso un monarca que no quiso "ser como el rey de los belgas", quien abdicó durante 36 horas para no tener que sancionar una ley que avanzaba derechos de las mujeres al aborto.

Lo que desde hace años denominamos ley de matrimonio homosexual o igualitario, en realidad no existe. Nunca existió. Y ese fue el mayor triunfo.

Porque no existe ninguna ley específica que regule el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino un Código Civil que en 2005, por fin, acogió en su artículo 44 los derechos de toda la ciudadanía al matrimonio. Donde la ley establecía que "el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código", el 2 de julio de 2005 se incorporó las siguiente aclaración: "El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo".

Este 30 de junio se cumplen 15 años desde la aprobación de esta modificación en el Congreso de los Diputados. Una sesión que mantuvo a casi toda la ciudadanía con el corazón en vilo. Unos, los más, porque pensaban que algo se podía torcer y que la votación no saliera adelante. Para entonces la ciudadanía española, de forma mayoritaria, se había manifestado a favor de este cambio legal. Otros, los menos pero más ruidosos, porque se oponían a una reforma que, decían, amenazaba a la propia existencia de la familia, devaluaba la institución del matrimonio y abriría la puerta a la zoofilia o al matrimonio con las mascotas. Y estos no eran los peores ataques.

El próximo 3 de julio se cumplirán tres lustros desde que esta modificación se publicara en el Boletín Oficial del Estado y entrara realmente en vigor. Desde entonces se han celebrado cerca de 50.000 matrimonios de personas del mismo sexo en nuestro país (49.477, según los datos del INE), registrándose las mayores cifras de estos enlaces en 2018 (4.726) y 2019 (5.108). Pero los datos estadísticos dicen poco de lo que se consiguió, de los debates que hubo que superar para igualar derechos, de las consecuencias que para las personas LGTBI tuvo esta reforma y de cómo este cambio transformó nuestra sociedad. 

¿Por qué se tenía que llamar matrimonio?

Entre el principio de este siglo y el año 2005 en que finalmente se aprobó el matrimonio igualitario, diversos discursos intentaron retrasar o descafeinar la conquista de este derecho. Uno de los más persistentes fue el que tenía que ver con el nombre que se le daba y la forma de conseguirlo. La repetida frase de "que hagan lo que quieran, pero que no lo llamen matrimonio" inundó los debates televisivos, políticos y las calles. Ya no se discutía siquiera que no hubiera que conceder derechos, incluso todos los derechos, pero que no se denominaran de la misma forma que las uniones entre un hombre y una mujer.

"Incluso Aznar, entonces presidente del Gobierno, nos ofreció una ley de parejas con todos los derechos. Era un momento en que ya había un clamor por el matrimonio igualitario y una presión por parte de Europa porque éramos casi el único país en que no había nada. Pero la condición era que no se llamara matrimonio. Y le dijimos que no. Incluso la Iglesia, viendo lo que se venía, acabó diciendo que ley de pareja sí, cuando poco antes se habían opuesto", recuerda Beatriz Gimeno, entonces presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y hoy directora del Instituto de la Mujer. 

"Llamarlo matrimonio era importante por lo que hoy sigue siendo importante. Porque las cosas iguales hay que llamarlas iguales; si no, son distintas. El matrimonio no se podía llamar de otra forma porque entonces hubiera contenido otros derechos. La igualdad se llama igual y no tiene escalas de grises. La consecución de muchos derechos civiles se ha hecho esperar y ha requerido su tiempo, como la educación a las mujeres o el acceso al voto, pero en ningún caso se generaban nuevas figuras estancas para acceder a ellas, sencillamente porque no hubiera sido igualdad, sino otro tipo de discriminación", incide la activista Sylvia Jaén, que hace 15 años estuvo en la coordinación del área internacional de la FELGTB y hoy es viceconsejera de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias.

"El vocabulario nunca es banal o indiferente en política, y mucho menos en políticas sociales. Y en este caso era sencillo. Queremos los mismos derechos con el mismo nombre", añade.

Pero esta batalla no se libró sólo de puertas para afuera, sino que fue un debate que hubo que ganar primero dentro de los propios colectivos. La necesidad de conseguir algo que mejorara la situación de los derechos de personas LGTBI y la convicción de que la ciudadanía y los políticos no aceptarían la plena equiparación de estos en las leyes, influía en que muchos apostaran por la estrategia de pelear una ley de parejas lo más amplia posible.

"Exigir que nuestros derechos se incorporaran en la ley que ya existía, que fuera matrimonio, y no en una ley especial, generó tensiones. Muchos argumentaban que no se iba a conseguir y que no debíamos pedirlo porque la sociedad española no estaba preparada. Decían que esto podía generar aún más rechazo hacia los homosexuales, que podían pensar que estábamos pidiendo más de lo que nos correspondía y que lo único que conseguiríamos serían reacciones en contra", recuerda Gimeno.

"Veníamos de momentos muy duros. Las personas LGTBI sufrían una amplia y profunda discriminación entonces. No hay que olvidar que empezamos a reivindicar estos derechos en plena crisis del sida, cuando veíamos que se morían compañeros y la familia que no había querido saber nada de su hijo por ser homosexual impedía a su pareja despedirse en los últimos momentos de vida de su amor, o les cambiaban la llave del piso tras el entierro porque lo que habían construido juntos estaba a nombre del que había fallecido y muchas familias dejaban al otro directamente en la calle. Situaciones de este tipo nos dieron la fuerza para reivindicar y decir que queríamos tener los mismos derechos porque la injusticia era grandísima", recuerda Toni Poveda, vicepresidente de la Fundación Pedro Zerolo, quien entonces era gerente de la FELGTB.

Zapatero, una pieza clave e inesperada

Uno de los pasos decisivos para conseguir el cambio fue convencer al entonces recién nombrado secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, para que en el programa electoral de su partido a los comicios de 2004 cambiara la petición de una ley de pareja por la exigencia del matrimonio igualitario. Una reunión organizada en el garaje de Ferraz (sede nacional del partido) que en esos momentos estaba en obras, congregó a parte del activismo (Pedro Zerolo, Beatriz Gimeno, Boti García, Miguel Ángel Fernández...) y aliados como Juan Fernando López Aguilar (quién sería posteriormente ministro de Justicia) o Leyre Pajín, entre otros.

"Zapatero nos había pedido que lo convenciéramos y de esa reunión salió totalmente convencido y modificó el programa, a pesar de la oposición de la parte más conservadora de su partido, como José Bono, que puso objeciones. Por nuestra parte, pensábamos que era más fácil que un partido que iba a estar en la oposición incorporara propuestas más radicales en su programa, y para entonces nadie, ni siquiera creo que el propio Zapatero, confiaba en que sería presidente. Pero ganó y lo llevaba en el programa. El día de las elecciones supimos que habíamos conseguido la reforma, porque Zapatero había salió muy convencido del encuentro y deslumbrado por la elocuencia de Pedro Zerolo y por la sencillez y la solidez de nuestro discurso", recuerda Gimeno.

Pero el de la denominación no fue el único debate. La idoneidad o no de las personas LGTBI para tener o adoptar hijos y la campaña de desprestigio público hacia este colectivo social fueron otros de los caballos de batalla de los conservadores, con un fuerte protagonismo de la Iglesia y de los grupos ultra. El empuje de la derecha fue tan brutal, recuerdan muchos de los protagonistas de esta lucha, que la sociedad comenzó a abrir los ojos y a contemplar abiertamente en los platós de televisión y en los púlpitos las discriminaciones que las personas LGTBI sufrían hasta entonces en silencio.

El discurso del odio contra las personas homosexuales era cotidiano y cuasi universal. Lo que hizo este debate fue colocar un altavoz gigantesco a las barbaridades que hasta ese momento se decían solo en la esfera de lo privado: que los homosexuales provenían de familias desestructuradas, que tenían padres o madres alcoholizados, que sus hijos también serían homosexuales... 

"Había que permitir que esa extrema derecha se manifestase en público, que se dejase ver, para ganar la simpatía social. Porque esos insultos que recibías enfrente de las cámaras, eran los que teníamos que soportar en el día a día durante toda nuestra vida", recuerda Silvia Jaén.

La estrategia estaba ya bien marcada. No se trataba de entrar en ningún debate identitario, ni en derechos concretos, ni siquiera en las discriminaciones históricas que arrastraba el colectivo. Sólo de exigir igualdad y respeto a los derechos humanos y no salirse del guión. Si se conseguía la reforma, todo el resto entraba en el paquete de derechos.

El día que se votó la modificación del Código Civil en el Congreso, una amplia representación del activismo estaba en el palco de visitantes. Expectantes, porque según el relato de varios de ellos no las tenían todas consigo. Los márgenes en la votación eran estrechos. Algunos partidos, como Convergencia y Unió, habían dado libertad de voto. Otros, como el PP, habían marcado su postura en contra. La votación, finalmente, fue de 187 votos favorables (con el voto afirmativo de la diputada del PP Celia Villalobos que se saltó la disciplina de voto) y 147 en contra (todos los del Partido Popular).

"Cuando se aprobó la reforma nos quedamos en shock", recuerda Poveda. "Nos dimos cuenta de que habíamos ganado porque los diputados afines comenzaron a aplaudir, pero nosotros tardamos segundos eternos en comenzar a festejar", rememora Jaén.  "Cuando comenzamos toda esta lucha yo le dije a Boti [García] que esto no lo íbamos a ver nosotras, sino nuestros hijos e hijas. Fíjate lo que teníamos en la cabeza. Así que cuando vi que se aprobó me quedé en blanco, sin reaccionar. Me sacaron corriendo para hablar con la prensa y cuando me rodearon periodistas y cámaras, yo que no soy nada expresiva, me puse a llorar".

Pero aún faltaba sancionar la ley. La presión entonces se dirigió hacia el rey. La Conferencia Episcopal, en un movimiento desesperado, había llamado al desacato a todos los católicos contra esta reforma y esto incluía al monarca. Pero Juan Carlos I se limitó a afirmar: "Yo soy el rey de España, no el rey de Bélgica", y firmó la norma. Con ello hacía alusión al rey Balduino, que unos pocos años antes había abdicado del trono durante 36 horas para evitar sancionar la ley del aborto en su país.

​Una reforma que lo cambió todo

La reforma de la ley supuso un cambio radical para las personas gais y lesbianas, pero también para la sociedad en su conjunto. A pesar de que el Partido Popular interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra la reforma, esto no impidió que la cúpula de la formación, con Mariano Rajoy a la cabeza, celebrara años más tarde la boda de uno de sus altos cargos que se casaba con su compañero. El recurso tardó más de siete años en resolverse, pero en 2012, por fin, el Tribunal Constitucional decretó la legalidad de la ley.

Tal como dijo Zapatero al aprobar la reforma, España se ha convertido en "un país más decente porque una sociedad decente es la que no humilla a sus miembros" y la victoria en derechos "nos hace mejores a todos".

"La ley se aprobó con un margen de aceptación social bastante ajustado, pero tan sólo dos o tres meses después este porcentaje había subido muchísimo, hasta convertir a España en el país que más aceptación tenía respecto a la igualdad", afirma Gimeno. Esta política y activista recuerda que "las leyes educan y conceden legitimidad social a las reivindicaciones. Por eso son tan importantes, porque ejercen una función pedagógica", comenta Gimeno.

El hecho de que a partir de esta conquista lo único que se veía en los medios de comunicación, en las familias, fueran imágenes de personas alegres celebrando la vida, celebrando bodas largamente retrasadas, expresando públicamente su amor, derribó muchas barreras sociales, explican los activistas.

"Hubo algo que no nos esperábamos, y es que cuando comenzaron a celebrarse las bodas hubo tanto sentimiento unido detrás que fue lo que más rápido se transmitió y se contagió. En esas bodas que comenzaron a realizarse, a las que venían las familias, una parte convencidas y otras porque es lo que que tocaba, inevitablemente todos acababan rodeados de felicidad. Y entonces la gente cambió".

Aún faltan muchos derechos por conquistar. "Vivimos en un espejismos de la casi igualdad", explica Jaén, que resalta el hecho de que las personas homosexuales sean las únicas a las que se les obligue a casarse para que se le reconozcan los derechos sobre sus propios hijos.

También los derechos de las personas trans son una asignatura pendiente, que representa el colectivo más vulnerable de las personas LGTB. "Nos queda la conquista de romper los armarios en los espacios laborales, la conquista internacional, para que nuestros matrimonios sean reconocidos en otros países y nos queda conquistar los espacios de mayores, que siguen siendo espacios heteropatriarcales donde a la realidad LGTBi no se la espera. Se acepta a quien viene, pero no se la espera. También ser capaces de envejecer en positivo y de una forma esperada y no volver a ser la excepción", reconoce Jaén.

El riesgo del retroceso

Si el avance de los derechos de la población LGTB puso a España a la vanguardia de la aceptación social, el auge de la ultraderecha en nuestro país ha comenzado a cambiar el discurso. "Es otro país. En poco años pasamos de ser un país contento, que se miraba satisfecho de ser avanzado en derechos, que era transversal y que nos hacía mejores, a una creciente criminalización hacia las feministas y hacia las personas LGTB", afirma Gimeno. 

"Ahora volvemos a pelear por la desaparición de los discurso de odio. La discriminación que se había rebajado muchísimo ahora ha crecido. Hubo un momento en el que bajaron muchísimo y había pocas agresiones. Hoy estamos viendo cómo se han incrementado. Las personas con afán discriminador no se atrevían a manifestarlo hace unos años, pero la llegada de la extrema derecha y la legitimación de sus discursos homófobos los ha envalentonado. Y eso que parecía que estaba en decadencia o retroceso ha vuelto a resurgir. Hay muchas más agresiones. Se están visibilizando y han vuelto a surgir discursos de odio que pensamos que eran marginales. Eso es lo que sin duda tenemos que combatir de nuevo. Con todas nuestras armas", concluye Gimeno.