El portavoz de Ciutadans, investigado por fraude fiscal de 429.000 euros

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha decidido investigar al diputado y portavoz de Ciutadans en el Parlament Jordi Cañas por un delito contra la Hacienda Pública, por su supuesta relación con un fraude fiscal de 429.203 euros. Cañas ha anunciado hoy que renunciará a su escaño si es acusado formalmente o se alarga mucho el caso.

En un auto, la sala civil y penal del TSJC acuerda abrir diligencias contra Cañas, por sus "relaciones personales y profesionales" con un entramado societario que defraudó a Hacienda 429.203 euros en la declaración del impuesto de sociedades del ejercicio 2005. El delito fiscal en España está castigado con entre 1 y 5 años de prisión. Cañas es actualmente portavoz palamentario y secretario de Comunicación de la formación liderada por Albert Rivera.

El Tribunal Superior se ha declarado competente para investigarle por estar presuntamente implicado en un fraude de 429.203,45 euros en el impuesto de sociedades a través de un entramado societario inmobiliario en 2005.

En un auto de este lunes, el Tribunal asegura que "existen indicios de que el diputado Jordi Cañas pudo haber participado en hechos susceptibles de ser un delito contra la Hacienda Pública" cuando era socio de las empresas inmobiliarias S.Y. Servei Inmobiliari S.L. y de Inversiones Manais 2002 S.L.

La investigación arrancó a raíz de una querella presentada por la Fiscalía contra otras diez personas que ya han prestado declaración como imputados en el Juzgado de Instrucción 19 de Barcelona, y ahora la instrucción proseguirá en el TSJC debido a la condición de aforado de Cañas.

Según el auto, Cañas era administrador, socio al 50% y autorizado en las cuentas bancarias de la sociedad S.Y. Servei Inmobiliari S.L. --el otro 50% era de su entonces pareja M.A.L.--, y socio del 40% de Inversiones Manais 2002 S.L.

Cañas trabajaba en un local en la calle Juan de Malta de Barcelona, desde donde se controlaban las sociedades mercantiles del Grupo Corbelia, dirección que a su vez era la sede social de Inma & Marc Habitatges S.L.

El TSJC asegura que esta última empresa presuntamente defraudó 429.203,45 euros en el ejercicio 2005 por el impuesto de sociedades, utilizando las sociedades que forman parte del Grupo Corbelia, "en las que participaba como socio y como administrador el aforado".

Para llevar a cabo este fraude se emitieron y recibieron facturas que no respondían "a prestaciones ni servicios reales" entre las mercantiles del Grupo Corbelia, y además se llevó a cabo un aumento fraudulento del precio de adquisición de un bien inmueble por parte de Inma & Marc Habitatges, aminorando el beneficio obtenido por la venta.
COLABORACIÓN "NECESARIA"

Según el auto judicial, en el primer caso "la organización del entramado societario y de la operativa articulada correspondía a José Luis A.L. --entonces cuñado de Cañas-- y la colaboración de Jordi Cañas, junto con el resto de querellados, devenía necesaria para la defraudación".

Asimismo, asegura que no se ha aportado "contrato ni documentación alguna que permita acreditar la realidad de los servicios" de una factura emitida por Inma & Marc Habitatges a la mercantil administrada por Cañas S.Y. Servei Inmobiliari S.L. por importe de 100.050 euros bajo el concepto de servicios de colaboración.

El TSJC considera que el diputado de C's participó en el entramado y la operativa para defraudar "atendida la existencia de relaciones personales y profesionales con quien parece ser el organizador", por sus cargos en sociedades del Grupo Corbelia y por ser receptor de una factura que no corresponde a ningún servicio real.

Por otra parte, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya Enric Anglada ha denegado la petición del ministerio fiscal de que se investigue al diputado autonómico de CiU Oriol Pujol por cohecho en una pieza separada del caso ITV, al entender que podría tratarse de la misma "actividad delictiva continuada".

En un auto, el magistrado desestima así el recurso que presentó el fiscal Anticorrupción Fernando Maldonado contra su decisión de investigar dentro del caso de las ITV la nueva imputación por cohecho que plantea el ministerio público para Oriol Pujol, su esposa Anna Vidal y los empresarios Sergi Alsina y Ricard Puignou.

La nueva línea de investigación de la Fiscalía se basa en informes de la Agencia Tributaria que apuntan a que Oriol Pujol cobró supuestamente de la trama corrupta en el año 2008, con el tripartito en el poder, a cambio de defender sus intereses en la tramitación de la Ley de Seguridad Industrial.

El juez instructor se niega a separar esa investigación de la causa principal, en la que Oriol Pujol está imputado por tráfico de influencias por intentar amañar presuntamente el mapa de ITV, al considerar que ambos casos no pueden juzgarse de forma separada, porque "podrían dar lugar a pronunciamientos diferentes sobre los mismos hechos con riesgo de una decisión final que podría llegar a ser contradictoria entre sí"