El 1 de octubre de 2017 es, más que probablemente, el momento de máxima unidad estratégica que ha vivido el independentismo los últimos años. Los pasos posteriores al referéndum ya evidenciaron las diferencias entre los principales actores soberanistas –fundamentalmente los tres grandes partidos y las dos grandes entidades, la ANC y Òmnium Cultural– y hoy, a pocas horas del inicio del juicio del 1-O en el Tribunal Supremo, la división es evidente y con múltiples vectores. Probablemente, el único elemento que ahora mismo une a todo el espectro soberanista es la demanda de libertad para los presos independentistas y el regreso sin represalias de los dirigentes en el exterior. La represión es uno de los grandes cambios respecto a la situación previa a los hechos de octubre de 2017. Junto con la falta de un horizonte político compartido, es el elemento clave que explica que el independentismo haya perdido la iniciativa, para pasar a actuar, fundamentalmente, en clave reactiva y responder, por ejemplo, a los encarcelamientos. A todo ello hay que sumarle la proximidad de dos citas electorales –las municipales y las europeas, convocadas para el 26 de mayo–que ha acentuado el peso de los intereses partidistas.

Con pocas horas de diferencia, el jueves de la semana pasada se visualizó con claridad como la unidad antirepressiva no significa, ni de lejos, la existencia de una estrategia política compartida. Por la mañana, los principales partidos y organizaciones presentaron una batería de movilizaciones unitarias coincidiendo con el arranque del juicio. Por la tarde, en el Parlament, Junts per Catalunya y ERC no apoyaron el punto de una moción presentada por la CUP que apostaba por "avanzar unilateralmente" en el ejercicio de la autodeterminación. La formación de la Esquerra Independentista es, ahora mismo, la única que aboga por mantener la vía unilateral, mientras que tanto Esquerra como el espacio posconvergente –que reúne las marcas del PDeCAT, JxCat y la Crida Nacional per la República– la han aparcado. Eso sí, en sus respectivas hojas de ruta dicen no descartarla.

Mientras que el horizonte del referéndum mantuvo la alianza independentista durante la pasada legislatura, en la actual la CUP ya anunció que pasaba a la oposición después de facilitar la investidura de Quim Torra como presidente. A medida que han pasado los meses, sus críticas a un Ejecutivo que califica como "autonomista" han ganado intensidad. La Asamblea Nacional Catalana (ANC) es el otro actor que se mantiene en la unilateralidad y también tacha al Govern de la Generalitat de autonomista. De hecho, la semana pasada comenzó una campaña de presión al Ejecutivo y al Parlamento "para que se pongan las pilas y apliquen el mandato del 1-O".

Más allá de actuar como un agente movilizador, la ANC se ha implicado como nunca hasta ahora en la política institucional. La entidad es una de las responsables de las Primàries Catalunya, la iniciativa que en decenas de municipios –empezando por la capital, bajo el nombre de Primàries Barcelona–surgió con el teórico objetivo de promover candidaturas unitarias independentistas que se escogerían a través de elecciones primarias. A la hora de la verdad, sin embargo, los partidos independentistas no la han apoyado y, tal como ocurre en Barcelona, ​​ahora mismo parece más cerca que la iniciativa se articule mediante candidaturas propias y, por lo tanto, dividiendo el voto independentista, que no alcanzando unas listas unitarias que parecen del todo descartadas.

La hegemonía dentro del independentismo, en juego

La gran pugna que existe ahora mismo en el independentismo es entre ERC y el espacio posconvergente. A tres meses y medio de las elecciones europeas y municipales, tanto unos como otros están ya en campaña de cara a unos comicios que serán decisivos para aclarar cuál es la fuerza hegemónica dentro del independentismo. Las encuestas son claramente favorables a los republicanos que aspiran a hacer, de una vez por todas, el sorpasso. Ya es un clásico, sin embargo, que los sondeos les sean más favorables que el veredicto final de las urnas, como ya se comprobó en las elecciones al Parlamento del 21 de diciembre de 2017, cuando JxCat superó a ERC por dos escaños (34 a 32).

El partido de Oriol Junqueras aspira a convertirse en la fuerza central del soberanismo y quiere tener las manos libres para hacer pactos con fuerzas de izquierdas no independentistas en numerosos municipios –básicamente con el espacio de los comunes–. Por todo ello, rechaza las llamadas a la unidad electoral que periódicamente hacen herederos de la antigua Convergència, como se ha vuelto a comprobar con la puesta en marcha de la Crida Nacional. Teóricamente, un espacio que quiere ser transversal y unitario, pero en la práctica un movimiento que sólo ha reunido al centroderecha independentista y que está dirigido por personas fieles al ex presidente de la Generalitat. Unas llamadas a la unidad que no esconden tampoco las pésimas perspectivas electorales del espacio liderado por Puigdemont.

Pero más allá de la estricta pugna electoral, ¿cuándo arranca la división estratégica del independentismo? Pues podríamos decir que casi inmediatamente después del 1 de octubre. Después de unas semanas frenéticas, en las horas previas a la proclamación de independencia, Puigdemont se planteó la convocatoria de elecciones catalanas para evitar la aplicación del 155. La respuesta de Junqueras fue amenazar con la salida de los republicanos del gobierno. Finalmente, la DUI se aprobó en el Parlament, aunque nunca se llegó a aplicar. Y, el mismo día, se activaba el 155 en el Senado que provocaría la intervención de la autonomía catalana. La posterior marcha de Puigdemont a Bélgica, mientras que Junqueras optaba por quedarse en Catalunya –sería encarcelado el 2 de noviembre– marcaría el inicio de la distancia física entre los dos dirigentes. Una distancia que hoy también es política, hasta el punto de que no mantienen contacto directo.

La guerra fría entre posconvergentes y republicanos vivió un momento decisivo el 30 de enero de 2018, cuando el presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), decidió suspender la investidura a distancia de Carles Puigdemont a raíz del veto del Tribunal Constitucional. La decisión provocó reproches de JxCat. Y un año después se mantienen. El pasado 30 de enero, JxCat emitió un vídeo en el que el portavoz del grupo, Albert Batet, manifestaba que "justo hoy hace un año que debería haberse celebrado el pleno de investidura para restituir al presidente legítimo de Catalunya, Carles Puigdemont", mientras que otros diputados manifestaban que "lo había decidido la ciudadanía en las urnas el 21-D y lo había acordado la mayoría independentista". El dardo a ERC era evidente.

La restitución de Puigdemont, que fue la gran promesa electoral de JxCat en la campaña del 21-D, vuelve a estar en la palestra. Sectores de la formación no descartan que se plantee como respuesta a una hipotética sentencia condenatoria del Supremo a los dirigentes independentista. La reacción a este supuesto, por otra parte bien posible, es otro de los elementos no resueltos dentro del independentismo.

ERC apuesta por ampliar la base

Paralelamente, el centro-derecha independentista también vive una etapa de recomposición y de cierta tensión interna. Fieles a Puigdemont controlan el grupo parlamentario de JxCat y tienen peso en un Govern encabezado por Quim Torra, al fin y al cabo una persona leal al expresidente. Ahora bien, con la idea de desbordar el espacio de la antigua CDC, Puigdemont, junto con Torra y Jordi Sànchez –expresidente de la ANC, diputado de JxCat y uno de los dirigentes juzgados en el Supremo– ideó la Crida. El movimiento no ha servido para cooptar ni ERC ni la CUP –como era de prever, teniendo en cuenta quien la impulsaba–, pero sí ha generado tensiones y recelos dentro del PDeCAT, el partido del propio Puigdemont.

El discurso más de agitación de la Crida y la voluntad, no escondida, de tragarse al PDeCAT ha molestado a una parte de los dirigentes de este partido, donde conviven personas que apuestan por mantener una vía más pragmática y explorar las vías de diálogo con el Gobierno, con otras totalmente alineadas con Puigdemont, como la diputada en el Congreso Miriam Nogueras. La semana pasada, el presidente del PDeCAT, David Bonvehí, avisó que si la Crida actúa como un partido político, el PDeCAT lo tratará "como a cualquier otro partido".

Aparentemente ajeno a las críticas de los sectores más inflamados del independentismo, ERC ha optado por devolver lo que podríamos llamar una vía gradualista hacia la república catalana, que pasa primero por fortalecer –es decir, ampliar– los que son partidarios del objectivo. En esta línea, ERC fue el primer partido independentista que tras la represión sobre los hechos del otoño de 2017 retornó a la apuesta por un referéndum de autodeterminación como vía de resolución del conflicto político. Una vía, ahora también compartida por los posconvergentes, que cuenta con un apoyo claramente mayoritario entre la sociedad catalana, pero alejada de la unilateralidad que defienden la CUP, la ANC o los CDR, que siguen bien activos en determinadas movilizaciones en la calle. En cambio, Òmnium Cultural ha mantenido su independencia respecto de los partidos y ha centrado su actuación en la denuncia de la represión y la vulneración de derechos democráticos y en una estrategia a largo plazo para ganar aliados, tanto en Catalunya como en el Estado, para una solución política al conflicto. La unidad independentista es, por tanto, un espejismo.