Isabel Rodríguez se estrena con polémica y con el reto de aterrizar la ley de vivienda y ampliar el parque público

El acceso a la vivienda es uno de los problemas más acuciantes del país. No solo por los disparados alquileres en las grandes ciudades, sino también por el inflado precio de compra y, ahora, por los elevados tipos de interés de las hipotecas. Este asunto se convirtió en uno de los grandes ejes de la última campaña electoral de Pedro Sánchez, en la que prometió ampliar el parque de vivienda pública y llegar a las 184.000 casas con alquileres sociales o asequibles.

La creación de un ministerio independiente de Vivienda y Agenda Urbana, dirigido por Isabel Rodríguez, es una "muestra de la prioridad que se le concede", ha dicho la nueva ministra durante su traspaso de carteras con la saliente Raquel Sánchez. "No puede que el principal problema de los españoles sea el acceso a la vivienda, que es un derecho constitucional", ha insistido.

Su objetivo es que la materia sea "política de Estado", "el quinto pilar del Estado del bienestar". Aunque durante la pasada legislatura, la vivienda se convirtió en un foco de tensión interna entre los socios del Ejecutivo (PSOE y Unidas Podemos) y sus apoyos parlamentarios. Todo a costa de una ley llamada a poner coto al alza de los alquileres, entre otras cuestiones.

Sin regulación de alquileres

"Nos ha costado, pero está aquí y no vamos a buscar ahora culpables, sino aportar soluciones", ha dicho Rodríguez. La norma se aprobó in extremis, pero la regulación del alquiler sigue sin aplicarse en ninguna comunidad autónoma, que son las que tienen las competencias en políticas de vivienda.

Solo Catalunya ha mostrado su interés en aplicar la ley estatal, pero ya ha habido choques entre ambas administraciones por la ausencia de un índice de precios de referencia que debe elaborar el Instituto Nacional de Estadística, en teoría, durante 2024.

Rodríguez se ha comprometido a desarrollar esta ley "desde la leal cooperación con el resto de las administraciones públicas", consciente de que es el PP el que gobierna en la mayor parte de las autonomías.

"Proteger al pequeño propietario de una segunda vivienda"

Sin embargo, el estreno de Rodríguez se ha visto empañado por una de las declaraciones de su discurso inaugural, que ya avanza que las sensibilidades en materia de vivienda están a flor de piel.

"Quiero tener también un mensaje de tranquilidad y de esperanza, de sensibilidad con los pequeños propietarios. Tranquilidad, porque este Gobierno pisa la calle y somos conscientes de que en España, muchas personas, especialmente personas mayores, dedicaron todo su esfuerzo, todo su trabajo, todos sus ahorros, a la compra de una segunda vivienda que complementa sus rentas. A ellos también les vamos a proteger", ha señalado.

Íñigo Errejón, diputado de Sumar, ha criticado que esta declaración de intenciones sigue "alimentando el bloque social rentista". La exministra de Igualdad, Irene Montero, se ha preguntado "de quién" necesitan protección los propietarios de segundas viviendas. 

El mensaje de Rodríguez no es muy diferente al de José Luis Ábalos cuando encalló la negociación para regular los precios del alquiler: "La vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado". Su antecesora, Raquel Sánchez, también ha subrayado en varias ocasiones que la ley de vivienda también es "garantistas para los propietarios".

Las palabras de Rodríguez no han sentado bien, sobre todo, a los sindicatos de inquilinos, que la acusan de "proteger al rentista" y señalan, precisamente, que la ministra no hace otra cosa que protegerse a sí misma. Según su declaración de bienes en el Congreso, a su sueldo bruto de 6.617,93 euros al mes hay que sumarle 5.130 euros ingresados en 2022 en concepto de "alquileres". De hecho, el PSOE es el grupo parlamentario con mayor número de arrendatarios en sus filas.

184.000 viviendas en alquiler asequible

Por otra parte, Rodríguez tiene ahora que cumplir la gran promesa electoral de Sánchez: disponer de 184.000 nuevas viviendas públicas para destinarlas a alquileres sociales y asequibles. La ministra ha asumido sin dudas el "ambicioso" objetivo del presidente, que se propuso en campaña colocar al país en la media europea de vivienda pública, es decir, pasar del actual 2,5% al 9%.

Según la ministra, ya hay 70.000 de estas viviendas en marcha, aunque hay poca claridad y mucha confusión en las cifras, que se enmarcan en cinco programas diferentes, algunos de ellos con promociones estancadas desde hace años, como la Operación Campamento en Madrid, que ahora parece avanzar de nuevo y supondría unas 10.700 nuevas viviendas públicas.

Préstamos ICO a promotores: 43.000 viviendas

Uno de los programas es una línea de créditos del ICO con 4.000 millones de fondos europeos para construir o rehabilitar 43.000 viviendas. Son préstamos dirigidos a promotores públicos o privados. Financiarán tanto la compra de suelo e inmuebles como la edificación y las reformas, y se entregarán antes de agosto de 2026. La construcción deber durar entre cuatro y años con posibilidades de prórroga.

20.000 casas con fondos europeos

Otras 20.000 proceden del mismo modelo de la llamada colaboración público-privada anterior. En este caso se contempla la para la promoción de viviendas nuevas o la rehabilitación en terrenos de titularidad pública. La partida es de 1.000 millones de fondos europeos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) entregados a las comunidades autónomas.

La vivienda debe ser pública, de alta eficiencia energética y destinada a alquiler social durante al menos 50 años. Solo así las promotoras pueden conseguir una subvención de 700 euros por metros cuadrado hasta 50.000 euros como máximo por cada vivienda. El compromiso con la UE es que empiecen a adjudicarse en 2026.

50.000 viviendas de la Sareb

Uno de ellos pasa por el uso de 50.000 casas de la Sareb (el banco malo que absorbió activos tóxicos inmobiliarios de los bancos) para destinar a alquiler asequible. Las cifras son engañosas. 14.000 de esas viviendas ya estaban habitadas cuando Sánchez hizo en anuncio y 21.000 ya deberían estar a disposición de municipios y comunidades autónomas mediante fórmulas de compraventa a precios por definir. Se han materializado algunos de estos acuerdos, pero el grueso sigue paralizado, pues unas 12.000 de estas casas necesitan rehabilitación o inversión para finalizar las obras.

Las 15.000 viviendas restantes todavía tienen que construirse en suelos de la sociedad semipública. Este es uno de los retos que deberá pilotar Rodríguez, aunque la Sareb depende de la cartera de Nadia Calviño y los ayuntamientos y comunidades tienes la última palabra sobre las compras o cesiones.

11.000 viviendas del Fondo Social

Otro gran contingente de vivienda asequible procede del Fondo Social. En realidad, es una iniciativa del Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Su objetivo fue dar una alternativa a las familias víctimas de desahucios tras las crisis de 2008. Para ello, varias entidades bancarias pusieron vivienda a disposición y, en la actualidad, el Gobierno cifra en unas 11.000 las casas disponibles de las que unas 10.000 ya estarían adjudicadas.

Plan Estatal y convenios locales: 24.000 viviendas

El Plan Estatal de Vivienda ya contemplaba la construcción de más de 14.000 pisos de forma coordinada con comunidades autónomas y municipios. Ya habría más de 7.200 viviendas comprometidas en varios acuerdos, y el Ministerio tiene comprometido casi 1.500 millones de euros para este fin.

Fuera de este plan, Vivienda ha proyectado más promociones para levantar más de 9.800 viviendas de las que unas 5.000 ya están proyectadas.

Más de 35.000 en suelos de Defesa y el SEPES

Rodríguez también tendrá que impulsar la construcción de 20.000 viviendas en suelos del Ministerio de Defensa en todo el país que serán comprados poco a poco por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes). Esta entidad ya ha recibido más de 620 millones de euros desde 2018, según la anterior ministra, para impulsar operaciones de envergadura por más de 16.800 viviendas. Entre ellas, la ya mencionada Operación Campamento, con casi 11.000 viviendas, pero también en País Valencià, Balears, Andalucía, Ceuta y Melilla.