Los diez años de Podemos dan para mucho. La irrupción de la formación morada ha marcado una década de cambios estructurales en la política española que pueden llenar libros enteros si son analizados en profundidad. Sin duda, uno de los mayores hitos del partido, el más reciente, es su entrada en el Gobierno de España, un paso por el Poder Ejecutivo que ha dejado una huella legislativa todavía muy presente en la actualidad (muchas de las normas siguen vigentes y operan a día de hoy).

La acción de Podemos en el Ejecutivo no podría entenderse sin la concepción que sus dirigentes, en especial Pablo Iglesias, tenían del mismo como el único campo o foro del debate y la lucha ideológicos destinados a marcar la producción legislativa de un país.

Con una derecha centrada en construir un relato de impugnación del Gobierno (que ya en 2020 calificaban como "ilegítimo"), en Podemos entendían que el Consejo de Ministros era el único ámbito posible para impulsar leyes (más allá de las negociaciones que se mantuvieron durante la pasada legislatura con los denominados socios de la coalición en el Congreso de los Diputados).

En estas batallas, los de Iglesias (que entonces contaban con tres ministerios, aunque en su rol como vicepresidente el entonces secretario general de Podemos estaba presente en muchas de las negociaciones de otros ministerios de Unidas Podemos) lograron sacar adelante medidas muy importantes.

Una de las primeras de la legislatura fue el despliegue de un ingreso mínimo vital. Podemos se fijó esta iniciativa como un objetivo prioritario y logró cerrar un acuerdo con el PSOE que, finalmente, no fue del todo satisfactorio para la formación morada, que desde 2014 había incorporado en sus programas una renta básica universal como una de sus medidas estrella.

Vicepresidencia, Igualdad y Derechos Sociales

La prestación aprobada nació con muchos problemas, que arrastra a día de hoy (excesiva burocracia para acceder, menos alcance del esperado...), y Podemos protagonizó varias negociaciones con los socialistas (sobre todo con Seguridad Social) para mejorarla y para garantizar el acceso de las personas más vulnerables.

Una de las mayores improntas del partido en el Gobierno la dejó la ministra de Igualdad, Irene Montero. Su proyección legislativa fue muy diversa (desde los planes de igualdad hasta el Pacto de Estado contra la Violencia de Género), pero sus dos medidas estrella, las de mayor alcance, fueron la denominada ley trans y la ley del solo sí es sí.

En ambas, la exministra libró una intensa batalla contra una parte del feminismo del PSOE liderado por la exvicepresidenta Carmen Calvo, pero finalmente logró sacar adelante sus contenidos e impulsó dos normas pioneras en España y en Europa. Con la ley trans se permitió la autodeterminación de género a partir de los 16 años y se prohibieron las denominadas terapias de conversión, entre otras muchas medidas.

La ley del solo sí es sí situó el consentimiento como elemento principal a la hora de determinar una violación. La rebaja de condenas de agresores sexuales que algunos jueces aprobaron tras los cambios penales que introducía la norma desató la mayor batalla entre el PSOE y Unidas Podemos en el seno del Gobierno, y los socialistas reformaron la ley con el apoyo del Partido Popular y en contra del criterio de Igualdad y de Montero.

El tercer ministerio dirigido por Podemos fue el de Derechos Sociales y Agenda 2030 (liderado primero por Iglesias y después por Ione Belarra). La ley de familias iba a ser su medida estrella en la legislatura, pero el adelanto electoral decretado por Pedro Sánchez impidió que viera la luz. 

Más allá de las leyes: los escudos sociales y la fiscalidad

Sin embargo, Belarra fue la principal negociadora de una ley de vivienda que se convirtió en la norma más enquistada de la coalición. Mientras Unidas Podemos defendía la intervención de los precios del alquiler para pinchar la burbuja del alquiler, los socialistas rechazaban fijar límites y apostaban por fórmulas como la de incentivar fiscalmente a los arrendadores que voluntariamente bajaran sus precios.

La negociación duró varios años y Podemos denunció que el PSOE bloqueaba esta medida, pero en la recta final de la legislatura se desbloqueó y fue una de las medidas estrella en la campaña electoral que los socialistas llevaron a cabo para las municipales y autonómicas de mayo de 2023 (para confrontar con un PP que rechazaba aplicarla para bajar los precios del alquiler).

La norma tampoco recogió todas las aspiraciones de Belarra, y fue tildada de insuficiente por parte de algunos colectivos de vivienda y asociaciones de inquilinos, pero finalmente recogió un sistema para declarar zonas tensionadas en las que poder fijar límites a los precios del alquiler (siempre que la entidad territorial competente, ayuntamiento o comunidad, quiera hacerlo).

Más allá de las leyes, Podemos dejó su huella legislativa en los escudos sociales de la covid y de las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania (sobre todo en materia de protección frente a los desahucios y de prohibición de cortes de los suministros básicos para familias vulnerables).

También fueron artífices, con el trabajo y las propuestas diseñadas por Nacho Álvarez, de algunas reformas fiscales importantes (tasas Tobin y Google, impuesto de solidaridad de las grandes fortunas...), así como de la reforma del mercado eléctrico para que parte de los denominados beneficios caídos del cielo de las grandes empresas energéticas sirvieran para bajar el precio de la factura de la luz de los ciudadanos.

Diez años de Podemos que cambiaron la política española, y tres y medio en los que, batalla a batalla con el PSOE, dejaron su huella legislativa en el Boletín Oficial del Estado.