El Gobierno y Canarias se dan diez días para pactar un reparto extraordinario de menores migrantes

El Gobierno de España y el Ejecutivo canario han acordado este jueves un plazo de diez días para cerrar una fórmula de distribución puntual de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. Según Fernando Clavijo, presidente de Canarias, esta medida podría implicar el traslado de unos 4.000 menores desde las islas y 400 desde Ceuta, sin necesidad de modificar la ley de extranjería.

El acuerdo preliminar ha sido anunciado tras una reunión entre Clavijo y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Ambos han debatido la viabilidad de la propuesta canaria, que contempla un reparto extraordinario mediante un decreto ley.

"En esta reunión hemos aprobado una especie de calendario de actuación para las próximas semanas. ¿Para qué? Para buscar mecanismos que den una respuesta al fenómeno migratorio en Canarias en lo que es la atención a los menores no acompañados", ha apuntado Torres en declaraciones a la prensa al término del encuentro.

Los servicios jurídicos del Gobierno y de Canarias trabajarán en un texto definitivo

Clavijo ha explicado que el Gobierno central ha señalado "algunos matices" legales a la propuesta. Durante los próximos diez días, los servicios jurídicos de ambas partes trabajarán en un texto definitivo, que podría ser sometido al análisis de la Abogacía del Estado o incluso del Consejo de Estado.

El presidente autonómico se ha mostrado satisfecho con el establecimiento de plazos concretos, algo que, a su juicio, genera confianza en que se alcance un acuerdo. También ha expresado su voluntad de que este texto sea sometido a los informes jurídicos pertinentes para que luego pueda buscarse el respaldo de los grupos políticos en el Congreso.

Conflictos de competencias y apoyo político

El principal obstáculo identificado tiene que ver con una posible invasión de competencias autonómicas. La propuesta implica transferir la tutela de los menores de una comunidad autónoma a otra, un aspecto que ha generado cautela entre los expertos legales.

Preguntado por la posibilidad de obtener apoyo político, Clavijo ha reconocido que el optimismo es cada vez más difícil. Sin embargo, ha afirmado que espera que el Partido Popular, con quien gobierna las islas, respalde esta medida. "Nadie puede estar en contra de aliviar una situación de emergencia absoluta que tenemos en Canarias", ha insistido, aludiendo a la sobrecarga que representa la tutela de 5.812 menores en el archipiélago.

Clavijo espera que el PP, con quien gobierna Canarias, respalde la medida

Por su parte, Torres ha destacado que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, convocará próximamente una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. En esta reunión se discutirá tanto la propuesta canaria como la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería, que sigue siendo la prioridad del Ejecutivo nacional.

En cuanto al mecanismo legislativo más adecuado, Torres ha señalado que serán los servicios jurídicos quienes determinen si procede un decreto ley, una proposición de ley o un proyecto de ley.

Negociaciones con Junts y críticas al PP

Torres también ha confirmado que el Gobierno está negociando con Junts para incluir la modificación del artículo 35 entre otros temas. "Y vamos a seguir haciéndolo, cuando utilizo el gerundio es que no tenemos acuerdo, pero vamos a seguir trabajando", ha explicado.

En cuanto al Partido Popular, Torres ha criticado la postura de la formación. Según él, la prioridad del PP ha sido "salvar los presupuestos con Vox" en lugar de buscar una solución estructural al problema de los menores migrantes no acompañados. Ha acusado a la oposición de adoptar una actitud "miope, corta de vista y poco de Estado".

Canarias, al límite

El presidente Clavijo ha subrayado que Canarias enfrenta una situación insostenible. Además de los 5.812 menores bajo tutela, el archipiélago acoge a más de 300 jóvenes en recursos habilitados para 20 plazas. El líder autonómico ha señalado que la colaboración de otras comunidades es fundamental para aliviar la crisis humanitaria en las islas.

El plazo de diez días fijado por ambas partes será clave para determinar si es posible implementar un reparto extraordinario de menores. Tanto el Gobierno como Canarias confían en que los ajustes jurídicos permitirán avanzar hacia una solución viable.