El Gobierno de coalición desempolva sus viejas batallas: pasado y presente de las leyes que dividen a PSOE y UP

El pasado lunes el Gobierno de coalición fue el protagonista de tres conflictos en menos de 24 horas. En una sola jornada, el PSOE y Unidas Podemos mantuvieron enfrentamientos a cuenta de la ley trans, de las pensiones y de la ley de familias; choques que se sucedieron en un periodo muy breve, como si de una operación orquestada se tratase.

Todas estas normas, lejos de ser novedosas, se corresponden con viejos debates que los socialistas y el espacio confederal arrastran desde prácticamente el inicio de la legislatura. Algunas de ellas, como las pensiones, vienen y van cada cierto tiempo, en concreto cada vez que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social lanza una propuesta para aumentar el periodo de cómputo para calcular la jubilación.

Otras supusieron en su día un enfrentamiento de primer orden que hizo tambalear los cimientos de la coalición, y cuyo cierre en falso ha despertado ecos de ese conflicto; este es el caso de la ley trans. El tercer episodio es uno de los más repetidos en el seno del Ejecutivo: Unidas Podemos denuncia el bloqueo por parte de los de Pedro Sánchez de una ley pactada en los distintos acuerdos que alcanzaron para gobernar, un incumplimiento que tensiona la convivencia del Gobierno (a esto responde, a grandes rasgos, el conflicto sobre la ley de familias).

El ambiente en la coalición está agitado. Una sensación que contrasta con el gran triunfo conseguido en el Congreso la semana pasada con los terceros Presupuestos Generales del Estado (PGE), el aval a tramitar la reforma del delito de sedición y la aprobación de los nuevos impuestos. A eso precisamente se aferran en Moncloa. Minimizan la importancia de este "ruido", lo enmarcan como los debates habituales previos al acuerdo y sacan pecho de las 170 iniciativas legislativas sacadas adelante durante la legislatura. Justifican también los trámites parlamentarios legítimos por parte de los grupos. 

La ley trans, una batalla ideológica de primer orden

El de la ley trans es uno de los conflictos más profundos y que más brecha han llegado a causar entre el PSOE y Unidas Podemos. Los capítulos de diferencias y desacuerdos entre ambos socios a cuenta de esta norma se cuentan, al menos, por una docena (plazos, retrasos, bloqueos, discrepancias jurídicas en torno a contenidos de la ley o a la forma de legislar...).

Sin embargo, todos ellos actuaron en cierta manera como velo de una pugna ideológica soterrada entre los socios de Gobierno que en su día se encarnó en las figuras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y de la ex vicepresidenta primera, Carmen Calvo. La pugna entre ambas partes se saldó con la salida de Calvo del Ejecutivo y con una redacción de la norma que recogía el derecho a la autodeterminación de género (la discrepancia fundamental), como defendía Montero.

Para Unidas Podemos y para el Ministerio de Igualdad esta norma es fundamental, y consideran que en su día ya se dio el debate sobre la autodeterminación de género, que finalmente el PSOE aceptó, y que debería, a su juicio, estar cerrado. El cierre de este conflicto resultó ser en falso, y la batalla de la ley trans se mantiene a día de hoy. Con una solución que todavía es una incógnita. El PSOE decidió finalmente no tocar la autodeterminación de género de la norma de forma directa. 

Pero sí introdujo una serie de enmiendas que tocan algunos asuntos relativos a la franja de edad entre 14 y 16 años o la violencia intragénero. El PSOE no cuestiona de manera abierta la ley pero está decidido a introducir unos retoques que no gustan en UP ni tampoco a los colectivos LGTBI. El argumento es que así la ley tendría más "seguridad jurídica", unos argumentos que descalifican en sus socios por haber sido pactada dentro de un Consejo de Ministros de forma conjunta. 

Al espacio confederal le preocupa que si la norma se sigue bloqueando en el Congreso, el complicado calendario haga inviable su aprobación en 2023. Entre los meses inhábiles de la Cámara y las tres dos electorales (municipales y autonómicas en mayo, y generales previstas para la segunda mitad del año), el plazo para tramitar las leyes es más que ajustado. De momento, este miércoles los socialistas han convocado la primera ponencia sobre la ley con el objetivo de acelerar los acuerdos. 

La sombra de la ampliación del cálculo de las pensiones

Algunas voces del Gobierno atribuyen esta discrepancia a un solo hombre: José Luis Escrivá, ministro de Inclusión y Seguridad Social. La ampliación del periodo de cómputo para calcular la pensión de jubilación ha provocado conflictos con Unidas Podemos y con las principales organizaciones sindicales en varios momentos de la legislatura, aunque las principales se concentran en 2021 (más allá de la de este lunes).

En enero de ese año, todos los ministerios del Ejecutivo estaban inmersos en la elaboración de una serie de reformas a las que Bruselas debía dar su visto bueno para transferir los denominados fondos de recuperación Next Generation. Entre los borradores de Inclusión y Seguridad Social se manejó una propuesta para ampliar el periodo para calcular la jubilación desde los 25 a los 35 años, algo que causó un profundo rechazo en UP y en los sindicatos; finalmente esa propuesta no formó parte del documento remitido a la Unión Europea.

Aunque la batalla parecía cerrada, en noviembre de ese año se conoció el contenido de otro documento firmado entre el Gobierno y la Comisión Europea sobre el acceso a los fondos de reconstrucción en el que se incluía, de nuevo, la ampliación de este periodo, aunque en esta ocasión sin especificar los años. Escrivá se enfrentó otra vez a Unidas Podemos y a los sindicatos, y el tema volvió a zanjarse.

Este lunes, el Ministerio de Inclusión ha planteado a los agentes sociales una nueva ampliación del periodo para calcular la pensión, desde los 25 hasta los 30, pudiendo elegir el trabajador los mejores 28 años de cotización. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, calificó la propuesta de "recorte" de las pensiones, y Comisiones Obreras y UGT han mostrado, como en las anteriores ocasiones, su rechazo. A un año (o menos) de que finalice la legislatura, el acuerdo en esta materia se antoja más que complicado.

La ley de familias, una cuestión de plazos y contenidos

La ley de familias forma parte del acuerdo de coalición rubricado en 2020 entre el PSOE y Unidas Podemos, y es una de las medidas más importantes impulsadas por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Los dos socios del Gobierno se comprometieron en el pacto presupuestario de octubre a aprobarla antes de que finalizara ese mes, pero el PSOE pidió modificar y rebajar algunos de los permisos que contenía, la aprobación se retrasó y ese primer plazo se incumplió.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la de Derechos Sociales, Ione Belarra, negociaron para tratar de sacarla en noviembre. La pasada semana, la norma se vio en los dos órganos que validan el contenido del Consejo de Ministros: la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y la Comisión de Secretarios y Subsecretarios de Estado.

Desde Unidas Podemos confirmaron el jueves de la pasada semana que la ley vería la luz en el Consejo de Ministros de este martes, después de introducir algunas modificaciones exigidas por el PSOE. Sin embargo, el lunes por la noche, a apenas 12 horas de la celebración de este Consejo, Derechos Sociales avanzó que el ala socialista del Ejecutivo había sacado esta norma del orden del día.

La versión de Moncloa es diferente y resaltan que esas "observaciones" apuntadas el jueves no se solventaron. En el ala socialista del Ejecutivo deslizan que la fuerza morada se precipitó al anunciar de forma prematura que la ley iría este martes. Pero en todo caso lo atribuyen a asuntos técnicos que no deberían, según su visión, poner en peligro la aprobación de la norma. 

Las subidas de tono, los cruces de declaraciones y los diferentes posicionamientos políticos en algunas cuestiones se han sucedido de forma regular durante toda la legislatura. Al mismo tiempo la estabilidad de la coalición se ha demostrado con los hechos. Pero todo ello puede verse empañado en 2023, año electoral. Porque la cercanía de las elecciones, tanto las autonómicas y municipales, en mayo, como las generales de diciembre, es un factor que todas las partes tienen ya en cuenta. Y las diferentes estrategias pueden visibilizarse aún más durante estos meses.