Dos días después de que cerca de 300 neonazis desfilasen por las calles de València con antorchas, el Gobierno autonómico que dirige Ximo Puig ha movido ficha para advertir a ayuntamientos e instituciones de la Iglesia sobre los posibles actos de apología franquista que podrían registrarse a finales de esta semana en el marco de un nuevo aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco.

La proximidad del 20-N, un acto central en el calendario de las organizaciones franquistas, ha activado las alertas de la Conselleria de Qualitat Democràtica, que ha entendido conveniente recordar a alcaldes y obispos sobre la existencia de la Ley de Memoria Democrática de València, que estipula precisamente sanciones para aquellos actos de apología del régimen. 

En concreto, la norma autonómica señala establece multas de entre 2.000 y 10.000 euros para quienes celebren actos u homenajes "contrarios a la memoria democrática y a la dignidad de las víctimas y sus familiares". Asimismo, se incluye en esa categoría "la exaltación individual o colectiva de la sublevación militar o del franquismo" y "la utilización de expresiones ofensivas, vejatorias o atentatorias contra la dignidad de las víctimas o de sus familiares".

Esos aspectos aparecen expresamente recogidos en la carta que la consellera de Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, ha dirigido este lunes a todos los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana. "En aplicación de esta norma, y ante la eventual celebración en algunos municipios de actos y homenajes realizados en público que supusiesen la exaltación individual o colectiva de la revuelta militar o del franquismo, o la concesión de distinciones a las personas físicas o jurídicas que hayan prestado apoyo a la revuelta militar y la dictadura, ha de adoptarse por este Ayuntamiento, en ejercicio de sus competencias, las medidas oportunas para su prevención y evitación", destaca la nota.

En tan sentido, Pérez  Garijo destaca que dichos actos serían "contrarios a la memoria democrática y a la dignidad de las víctimas y sus familiares", al tiempo que apela a la "necesaria colaboración, coordinación y cooperación entre la Generalitat, las Entidades Locales y la Administración del Estado" para garantizar el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

En virtud de esa norma, València se ha convertido en el primer territorio de todo el Estado que multa a militantes ultraderechistas por exhibir simbología franquista y neonazi. Las sanciones de 4.000 euros recayeron en dos activistas que concurrieron a una manifestación convocada por el partido España 2000 en el barrio valenciano de Benimaclet el 12 de octubre de 2020.

El pasado sábado, España 2000 volvió a realizar una manifestación similar por las calles de València en la que se entonaron consignas franquistas y se exhibió simbología ultraderechista. Tras recibir los informes policiales pertinentes, la Delegación de Gobierno se había limitado a modificar el recorrido de la movilización para evitar posibles disturbios.

Este lunes, José Ignacio Pérez, director general de Qualitat Democràtica afirmó que se han pedido datos a la Delegación de Gobierno sobre lo ocurrido en la manifestación de España 2000. En esa línea, reclamó que la Policía "cuando vea que se incumple esta ley, que es igual que cualquier otra norma, identifique a los responsables. Nos preocupa que nuestra ley no se tenga en cuenta por parte de los cuerpos de seguridad del Estado", afirmó Pérez en una entrevista emitida por À Punt Media.

Si bien Aragón, Illes Balears y Andalucía cuentan con leyes de memoria similares, en dichas comunidades no ha habido aún multas contra activistas de ultraderecha. 

Carta a los obispos

Asimismo, fuentes de la Generalitat Valenciana señalaron a Público que este martes se enviará una  carta similar a los obispados de València, Orihuela-Alicante, Segorbe-Castelló y Tortosa –este último ubicado en Catalunya, aunque las comarcas del norte del País Valencià están bajo su jurisdicción–. 

En el caso de la Iglesia católica, la misiva del Gobierno valenciano tendrá como objetivo pedir que se eviten las misas de homenaje al dictador que se celebran cada 20-N. Este año está prevista una celebración litúrgica de ese tipo el día 18 de noviembre en la Concatedral de San Nicolás.