Por vez primera desde la reinstauración formal de la democracia en España, hace más de 40 años, se ha podido iniciar un proceso sancionador legal en el País Valencià contra varias personas por exhibir símbolos y enseñas que exaltan y hacen apología de la dictadura franquista y sus crímenes mientras participaban en una manifestación autorizada.

Este proceso sancionador supone la aplicación por vez primera de la Ley de Memoria Democrática de la Comunidad Valenciana, promovida en 2016 por la consellera de Justicia socialista Gabriela Bravo, a través de la dirección general de Reformas Democráticas, y tras intensos debates en la correspondiente comisión parlamentaria de Les Corts Valencianes.

La ley entró en vigor en diciembre de 2017, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, pero nunca había sido aplicada hasta ahora, coincidiendo con el desafío antidemocrático de la nueva ultraderecha y con el nombramiento en 2019 de la abogada Rosa Pérez Garijo, secretaria general de Esquerra Unida del País Valencià, como consellera de Transparencia y Calidad Democrática.

Benimaclet y la Ley de Memoria Democrática

Como ya adelantó Público la pasada semana, el inicio de las actuaciones se produce después de la denuncia presentada ante la Conselleria de Transparencia por la Coordinadora de Asociaciones por la Memoria Democrática del País Valencià.

En el escrito presentado por Ángel González, presidente de la coordinadora, se señala que durante la marcha organizada por el partido ultraderechista España 2000 en Benimaclet el pasado 12 octubre, se cometieron actos contrarios a la legalidad vigente en materia de memoria democrática.

En el escrito se pone de manifiesto que "los participantes exhibieron simbología nazi, la bandera española con el escudo franquista, la bandera de la Falange, realizaron saludos fascistas" y que tales actos atentan contra la legislación autonómica vigente en materia de memoria democrática y contra la dignidad de las víctimas.

En el pleno de Les Corts Valencianes del jueves pasado, la consellera de Memoria Democrática señaló que los denunciantes aportaron además la identidad de varias personas como autoras de la infracción legal, recogida en los artículos 39 y 40 del citado texto legal y que prevé sanciones económicas de entre 2.001 y 10.000 euros.

"En su escrito, explicó Rosa Pérez Garijo, los memorialistas valencianos solicitaron sanciones contra seis personas identificadas gracias a la colaboración vecinal y los colectivos antifascistas", ya que ni la Policía Local ni la Policía Nacional lo hicieron.

Si bien, tras analizar la documentación, los servicios legales de la Conselleria determinaron que había indicios suficientemente claros para actuar plenamente y con absolutas garantías solo contra tres de las personas referenciadas.

De hecho, en la información aportada por la Delegación del Gobierno a la Conselleria se incluían varias fotografías de personas exhibiendo banderas preconstitucionales, que habían sido obtenidas durante la manifestación de Benimaclet y que coincidían con las reseñadas por la Coordinadora de Memoria Democrática del País Valencià.

Los tres ultras propuestos para sanción

Según ha podido saber Público, las tres personas que finalmente serán propuestas para sanción son dos mujeres y un hombre, ambos viejos conocidos por sus actividades públicas y sobradamente activos desde hace décadas en los entornos de la ultraderecha catalana y valenciana.

Se trata de Marta Carlota Sales Prendes, Francina Viñals Subirana y Vicente Casinos Garcés. Las dos primeras vinculadas a Vox y con anterioridad a Plataforma X Cataluña, así como a actividades de la Fundación Francisco Franco, además de otros colectivos de la oligarquía financiera y fascista catalana.

El pasado 20 de noviembre ambas fueron captadas por las cámaras de televisión en el cementerio de Mingorrubio, donde está enterrado ahora el dictador, enzarzadas en un enfrentamiento entre ultraderechistas que, ante la presencia de diversos medios de comunicación, intentaron frenar sin éxito con frases como "no sigáis así, que estamos dando carnaza a los rojos".

El tercero al que le será aplicada la legislación valenciana de memoria democrática es, como ya se ha publicado, Vicente Casinos Garcés, un vigilante que trabajó para Levantina de Seguridad y que, en la actualidad, lo hace para Clece, la empresa de seguridad propiedad de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Este activo militante nazi presta sus servicios actualmente en el Hospital Clínico Universitario de València, de titularidad autonómica, tras quedar en libertad provisional después de ser detenido hace un año en su casa del Cabañal por tenencia ilícita de armas en una operación antiterrorista.

"No se puede defender la democracia sin ser antifascista"

La consellera de Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, aseguró en su intervención en Less Corts Valencianes que la apertura del expediente "supone la aplicación de la ley, una obligación de todas las administraciones" y que "lo que ha pasado en este país es impensable en otros países como Alemania; después de 40 de dictadura, que suponen la época más oscura de nuestra historia, hemos soportado 40 años más la exaltación de esa época por parte de los que nos quieren sin derechos y sin libertad".

Asimismo, señaló que "el fascismo no es una ideología; es una forma de opresión que hay que combatir con todas las herramientas legales". "No olvidemos que no se puede defender la democracia sin ser antifascista, porque el fascismo es lo contrario al derecho y a las libertades", subrayó la dirigente de EUPV y consellera.

En Balears ya se sancionan las banderas franquistas

El Govern de les Illes Balears también dispone de una ley muy similar a la valenciana, que entró en vigor en abril de 2018, conocida como Ley de Memoria y Reconocimiento Democrático. La primera vez que se aplicó fue el pasado 28 de abril a instancias de una denuncia realizada por la Policía Local de Sa Pobla, al noreste de Palma de Mallorca.

Los agentes propusieron para sanción al propietario de una vivienda que había colgado sendas banderas franquistas, una bandera rojigualda con el águila y otra con el yugo y las flechas falangistas, tras recibir las quejas vecinales y su difusión en redes. Finalmente, la Secretaría Autonómica de Memòria democrática del Govern balear impuso una sanción de 2.001 euros al infractor.