El escándalo de Pegasus y el ciberespionaje contra disidentes políticos no es nuevo, pero la confirmación del uso de estas técnicas contra más de 60 independentistas catalanes por parte de Citizen Lab sirve para recordar hasta qué punto las llamadas cloacas de Interior utilizaron recursos del Estado para espiar a políticos y personajes públicos, sobre todo del independentismo catalán,mediante herramientas adquiridas al margen de cualquier control, siquiera judicial.

Durante años, Público ha investigado y publicado toda una ristra de casos de uso cuando menos irregular de herramientas de espionaje electrónicos reservados para usos estatales y, al menos en España, sujetos en cualquier caso a una autorización del juez.

Citizen Lab desvelaba esta semana que hasta 65 teléfonos de políticos, abogados y activistas catalanes fueron espiados mediante el sistema israelí de ciberespionaje Pegasus, entre los que están los expresidentes Quim Torra y Artur Mas o el actual presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès.

Sin embargo, ya en 2014 altos cargos de Interior se habían hecho con sistemas informáticos de espionaje israelíes pagados con fondos reservados y que tenían como destino final Barcelona.

En una exclusiva sobre la llamada brigada política del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz (Partido Popular), este diario desveló pruebas documentales de que su director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, adquirió ilegalmente al Rayzone Group Ltd (con sede en Tel Aviv y relacionado con el Grupo NSO israelí) sistemas tecnológicos con el que el comisario jubilado José Manuel Villarejo hizo las grabaciones de la Operación Cataluña: la actuación de una policía política creada en la sombra por miembros del Gobierno de Mariano Rajoy para atacar los dirigentes soberanistas.

De esta forma, en un correo electrónico desde una 'cuenta pantalla', Eugenio Pino especificó sobre el sistema adquirido: "Para pasar el material de forma segura, se ha de utilizar el aeropuerto de Madrid y después llevarlo a Barcelona".

El interlocutor del DAO, Matan Caspy, propietario del 20% del Grupo Rayzone Ltd., participó en la primera venta ilegal a un país extranjero del software de espionaje Pegasus de la empresa israelí NSO en el año 2015, tal como descubrió en su día la compañía israelí Catcalist tras una larga batalla en los tribunales.

La adquisición de esas herramientas de ciberespionaje tuvo lugar sin conocimiento ni autorización judicial (como es preceptivo para sistemas de interceptación de comunicaciones privadas protegidas por la Constitución, que las salvaguarda como un derecho fundamental), porque la transacción no fue registrada en la Dirección Operativa del Cuerpo Nacional de Policía.

El propio ministro del Interior Jorge Fernández Díaz fue grabado mediante este sistema secreto en varias entrevistas con el entonces jefe de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, en el despacho del primero, algo que también desveló en exclusiva este diario en 2016 al publicar también los propios audios.

Ese mismo sistema de grabación además se empleó para grabar ilegalmente la reunión entre agentes del servicio secreto del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de Asuntos Internos, hecho del que se abrió una pieza separada en el sumario del caso del pequeño Nicolás.

Asimismo, el móvil del president del Parlament, Roger Torrent, así como el del líder de ERC en Barcelona, Ernest Maragall, resultaron infectados por Pegasus, confirmó en 2020 también Citizen Lab.

"Atentado a la democracia"

El último capítulo desvelado ha movilizado al independentismo catalán.  Entidades y partidos soberanistas han comparecido conjuntamente en el Parlamento Europeo para señalar al Estado español como responsable de un espionaje "masivo e ilegal" que consideran un "atentado a la democracia", y han anunciado querellas en varios estados europeos para denunciar los hechos, aparte de llevarlos también ante la ONU.

Los portavoces de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, y de En Comú Podem, Aina Vidal, han pedido este martes explicaciones "claras" al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha negado tener constancia de estas ciberintrusiones, cosa que siempre ha hecho. "No tenemos nada que ver", insistió varias veces la ministra portavoz Isabel Rodríguez tras la rueda de prensa porterior al Consejo de Ministros de esta semana.

La Moncloa se escuda normalmente en que la ley le impide desvelar si el CNI espió los teléfonos de los políticos catalanes y vascos señalados. Y desde el CNI recuerdan que las acciones del servicio secreto están supervisadas por un magistrado del Tribunal Supremo.

De hecho, toda actuación que suponga una intervención en el domicilio o en las comunicaciones (convencionales y electrónicas) por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado requieren de una autorización judicial previa.

Notablemente, en el caso de las actuaciones del CNI es un magistrado en el Tribunal Supremo quien tiene que autorizar previamente dichas actividades. Se trata de Pablo María Lucas Murillo de la Cueva, que ejerce ininterrumpidamente el cargo desde 2009, tras haber sido sido reelegido por el CGPJ en dos ocasiones.