Desenterrando en soledad las vidas que sepultó el franquismo

MADRID.- Vicente Trabanca Durán era carabinero. En 1939 tuvo la mala suerte de que se le escapó un preso. Vicente salió corriendo detrás de él y cuando pudo atraparle, le pidió de mil maneras que volviese ya que si no, su vida podría estar en peligro. El recluso, que era cura, siguió desobedeciéndole e intentó huir de nuevo. Fue entonces cuando Vicente le disparó un pie para inmovilizarle. Una vez quieto, le llevó de vuelta a la cárcel y, sin querer, el carabinero firmó la crónica de una muerte anunciada.

El 1 de abril de 1939 terminaba la Guerra Civil con la victoria de los falangistas. Vicente seguía trabajando, siempre con dos ojos clavados en la nuca. Unos meses después de que la cruzada entre republicanos y nacionales terminase, el carabinero fue sorprendido en su casa. Tres falangistas irrumpieron en su vivienda de Collado Mediano (Madrid) para que "respondiese a algunas preguntas de la Guardia Civil”. Su hija mayor, de cinco años, veía por la ventana cómo se llevaban a su padre. Su hijo pequeño, de cuatro, no sabía qué estaba pasando. Papá se iba. Y María del Carmen Trabanca, la más pequeña de los tres hermanos y quien cuenta esta historia, no pudo conservar en su retina el último adiós de su padre.

Vicente entró en la cárcel de San Lorenzo del Escorial. Tuvo que ser juzgado y, a pesar de que la Fiscalía constataba que “no veía causas” para condenarle, “salieron testimonios falsos para meterle en la cárcel”, cuenta María del Carmen. Fue la mujer de Vicente y madre de Carmen quien escuchó que su marido había sido fusilado justo en el momento en el que estaba yendo a visitarle. Era 14 de julio de 1939 cuando el padre de sus tres hijos, con tal solo 31 años, era fusilado y enterrado en una de las fosas comunes del cementerio de San Lorenzo del Escorial junto con otras 14 personas.

Cecilio García Hiruelas era adoquinero. Le metieron en la cárcel y después le trasladaron al cementerio del Escorial para fusilarlo. “Mi padre escuchó los tiros cuando empezó a andar y fue entonces cuando supo que habían matado a su padre. Con 41 años se despidió de él y jamás volvió a saber nada”, cuenta su nieto, Miguel Ángel García, que no tuvo la oportunidad de conocer a su abuelo y quien movió cielo y tierra para saber dónde estaba enterrado: en el patio central o en las avenidas de los patios laterales del cementerio parroquial del Escorial.

Han pasado ya diez años desde que estas tres voces se unieron a más de un centenar para pedir la apertura del cementerio de San Lorenzo del Escorial, lugar donde descansan sus familiares. Y a pesar de la insistencia, la respuesta sigue siendo negativa por parte del Ministerio del Interior y del Gobierno.

Desde el año 2004, todos los meses de abril, el Foro Social de la Sierra de Guadarrama y el Colectivo de Familiares de Represaliados de la Fosa común de San Lorenzo del Escorial se unen para homenajear a las 85 personas que fueron sepultadas en las tumbas comunes durante el régimen franquista.

Después de mucho tiempo –y con la ayuda del Registro Civil para la comprobación de los datos sobre el lugar donde fueron fusilados y el sitio donde fueron enterrados los represaliados por el régimen franquista—, estos dos colectivos sociales consiguieron publicar un listado con las personas que se encontraban allí enterradas. “Mucha gente, tras la publicación de la lista de los fusilados, ha conocido la existencia de sus familiares en la fosa”. A día de hoy, el Foro Social de la Sierra de Guadarrama y el Colectivo de Familiares de Represaliados de la Fosa común de San Lorenzo del Escorial estiman que hay 300 personas sepultadas en estas fosas.

Estos dos colectivos sociales se han unido para exigir “verdad, justicia y reparación para las y los represaliados de la Guerra Civil y la dictadura franquista”. Los familiares quieren recuperar los restos de sus familias y preservar su memoria de la forma en que ellos elijan: conservar los restos humanos del familiar junto con los compañeros de batalla, o trasladándolos a una tumba única.

El régimen franquista bautizó a sus familiares como criminales, delincuentes y rebeldes. Hoy piden la limpieza del nombre de sus parientes, quienes defendían el régimen republicano, que eligieron de forma democrática. Por dar “auténtico significado a las palabras libertad, igualdad y fraternidad”, hoy quieren que España se entere de “quiénes fueron los verdaderos terroristas”.

La única esperanza: el Consulado Argentino

“Tras la condena al juez Baltasar Garzón por abrir la investigación penal sobre los crímenes del franquismo, se ha cerrado toda posibilidad”, dice Santiago Grande, perteneciente a los dos colectivos sociales que quieren abrir las fosas comunes del Escorial.

Grande denuncia que la Ley de la Memoria Histórica establece que son los familiares los que tienen que hacerse cargo de los costes de los juicios y de la extracción de los cuerpos de las fosas. “La única posibilidad que dejó el Tribunal Supremo fue la denuncia a los tribunales territoriales de las zonas donde se localizaron las fosas. Se tendría que haber denunciado en los tribunales del Escorial, pero para ello tienes que tener medios económicos porque el Estado no se hace cargo de las exhumaciones”.

Los dos colectivos pidieron la subvención al Estado en 2007 pero no se la concedieron porque el Gobierno consideró que “no estaba justificada”, cuenta Grande. “Hemos desistido de pedir justicia a nivel interno porque nos han cerrado todas las puertas”, sentencia.

A día de hoy, su única esperanza en la “perseguida petición de justicia para los republicanos y antifascistas asesinados” es la querella interpuesta en el Consulado Argentino. Todo este proceso comenzó con la apertura de la investigación que levantó la jueza argentina María Servini de Cubría y la querella de un familiar de uno de los represaliados durante la Guerra Civil.

“Nosotros nos adherimos a esa querella y para denunciar el resto de los asesinatos, hemos puesto una denuncia”, cuenta Grande. A la espera aún de declarar, él y todas las víctimas de los familiares tienen la esperanza de que el Consulado Argentino –que tiene competencia porque es un caso de justicia internacional— les dé la solución que llevan buscando más de 10 años.

Las víctimas de los familiares, amordazadas

La hija de una de las víctimas de la represión franquista, María del Carmen Trabanca, está dispuesta a vengar la muerte de su padre tal y como él le pidió. “Mi padre murió diciendo que sus tres hijos vengarían su muerte. Y yo necesito hacerlo. Que alguien me diga cómo. Porque aparentemente, aunque tengamos libertad de expresión, hay límites”.

La Ley Mordaza, aprobada por el gobierno del PP el pasado 26 de marzo, pretende callar las voces de los familiares que luchan por defender a aquellos que sufrieron “represión política, torturas y muertes violentas por inmersión en el agua”, propiciados por el Ejército franquista.

Quieren que se sepa la verdad. Que el Estado les ayude a conservar la memoria de sus familiares. Sin embargo, la respuesta es la contraria. “La mordaza del Gobierno viene por la falta de razón y por la falta de ayudas”, denuncia Miguel Ángel García, que acusa al gobierno español de tratar de taparlo e intentar no sacarlo a la luz. “Nos intentan amedrentar mediante detenciones y multas para evitar que defendamos estas conquistas”. Unas conquistas, que aun yendo poco a poco, van desenterrando lo que algún día enterró el franquismo.