La injerencia del Tribunal Constitucional para frenar la votación sobre su renovación en el Senado ha actuado como acicate para un cierre de filas en el Gobierno, en el Parlamento y en el PSOE en torno a la figura de Pedro Sánchez. El líder del Ejecutivo ha protagonizado diferencias con sus socios y compañeros de partido en distintos ámbitos en las últimas semanas, pero el movimiento del lunes por la noche del tribunal de garantías ha provocado que todos estos actores pasen página y se centren de manera prioritaria en una cuestión: la respuesta al choque institucional.

Tanto en Ferraz como en Moncloa han querido en las últimas horas poner el foco especialmente en las maniobras del PP. Con declaraciones muy gruesas. Desde el "secuestro de las instituciones" que ejercen los populares hasta el "complot burdo" que denunció el propio Sánchez el pasado jueves. Es un terreno en el que se manejan bien los socialistas, la confrontación directa con Alberto Núñez Feijóo. Una estrategia que en los últimos meses les ha funcionado también con los resultados de las encuestas. 

Desde la dirección del PSOE consideran que si hay algún cierre de filas se produce porque el PP "está echado al monte y se entiende perfectamente que la prioridad ahora es poner freno a la escalada de Feijóo para no renovar el CGPJ y el TC". Mientras, destaca Ferraz, "se sigue gobernando el país para seguir bajando los precios, tomando medidas para que las repercusiones de la guerra de Ucrania afecten menos y crear más empleo y más estable".

La cúpula socialista insiste en que "una vez más ha quedado demostrado que Feijóo no está en esto, ni por el bienestar de los ciudadanos". Por tanto, indican, "sólo queda estar más unidos y plantar cara a unas derechas que no van a dejar que el país prospere bajo un gobierno progresista". 

No pasó inadvertido en el PSOE el mensaje que quiso trasladar el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. El barón ha sido habitualmente crítico con Sánchez, especialmente en los últimos tiempos debido a cuestiones como la reforma de la sedición o la malversación. Tampoco se mostraban del todo convencidos con esta última reforma todos los diputados, por la complejidad de defenderla y por la propia maraña en sí en lo que al principio era una proposición de ley sobre un solo asunto. 

Pero en este tema hasta Page ha salido al paso en defensa de su presidente y su Gobierno. "Aplaudo la llamada del Gobierno a la serenidad y al cumplimiento de la ley y la Constitución. Aunque haya un clima de confusión general, no hay que olvidar que el origen de todo esto es que una minoría parlamentaria impone un bloqueo en las decisiones de la mayoría", escribió en Twitter. 

Unidad de acción 

En el Gobierno las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos afectan a distintos asuntos. Por un lado, ambos partidos arrastran cierta conflictividad (en algunos casos, resuelta) de procesos como la tramitación parlamentaria de la ley trans, la ley de protección animal o la reforma de las pensiones.

También se encuentran inmersos en la actualidad en la negociación para definir las medidas que incluirá el decreto anticrisis que se aprobará antes de que acabe el año, una norma que impulsará reformas relativas a la contención de los precios de los alimentos, la rebaja del precio del transporte o la limitación de los alquileres y las hipotecas, entre otras cuestiones. En este momento, hay diferencias importantes en muchas de las medidas que se pretende impulsar

En el Congreso, los socialistas han confrontado con los grupos del bloque de la investidura por distintos motivos (leyes, situación en Catalunya...). Sin embargo, las diferencias han quedado, al menos de manera temporal, aplazadas, y los frentes de Sánchez en el Gobierno, en el PSOE y en la Cámara Baja han sido desplazados por una unidad de acción que pretende articular una respuesta al desafío del Constitucional.

La votación de la reforma del Código Penal que se dio la pasada semana en el Congreso fue una muestra del poder aglutinador que está teniendo la estrategia del PP y de la derecha judicial conservadora entre Sánchez y el resto de actores políticos. El Ejecutivo llegaba al Pleno con los votos suficientes para impulsar esta proposición de ley (que contenía, entre otras cuestiones, la reforma de la elección de los miembros del Constitucional por parte del Consejo General del Poder Judicial).

Sin embargo, algunos grupos de la investidura rechazaban apoyar esta propuesta porque no estaban de acuerdo con algunos puntos de la misma (este era el caso de Más País, Bildu o Compromís). El anuncio de que el Constitucional iba a celebrar una reunión para tratar de frenar la votación en el Congreso (algo que al final no se produjo, como sí ha ocurrido en el Senado) empujó a estos grupos al 'sí', y finalmente la proposición obtuvo 184 votos a favor, una mayoría holgada superior a la de la investidura de Sánchez.

Este martes, después de que el TC impidiese al Senado votar la reforma sobre su renovación, todos los grupos de la investidura escenificaron unidad de acción. El portavoz de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Pablo Echenique, reunió a las formaciones de este bloque para explorar las vías de respuesta legislativa al tribunal de garantías, y el propio Echenique y Patxi López, portavoz del PSOE, hablaron del asunto durante la celebración de la Junta de Portavoces.

¿Y ahora qué? Proposición de ley

La decisión estaba clara: renovación cuanto antes tanto el Tribunal Constitucional como el Consejo General del Poder Judicial, y acabar así con el bloqueo que sufren desde hace años por parte del PP. La magnitud del terremoto causado por la injerencia del TC en el Senado es tal que el PSOE ya no rechaza abiertamente rebajar las mayorías parlamentarias necesarias para elegir a los vocales de ambos órganos, como pide desde hace tiempo Unidas Podemos. No parece un escenario cercano todavía pero llamó la atención que se dejara alguna mínima puerta abierta a ello. 

El mensaje que traslada el Gobierno es doble: por un lado pide serenidad, calma y una respuesta tranquila para resolver la situación (el propio Sánchez anunció este martes que acataba la decisión del tribunal de garantías, aunque no la compartiera). Por otro lado, un aviso: el Ejecutivo tomará las "medidas necesarias" para superar el veto y acabar con la crisis institucional tras una decisión que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, calificó como "la más grave que ha pasado en democracia".

La primera decisión concreta ya se conoce. Será una proposición de ley impulsada por el PSOE en el Congreso y en la que buscarán los máximos apoyos posibles, precisamente con el bloque de la investidura unido. El objetivo es que se tramite por la vía urgente. En paralelo, la agenda de fin de año es frenética, con asuntos muy importantes a resolver en el Congreso y especialmente con la aprobación del tercer paquete de medidas anticrisis, prevista para el próximo martes.