La defensa de la unidad de España y una ley del flamenco como única propuesta cultural, claves del pacto PP-Cs en Andalucía

Puede parecer un acuerdo para formar gobierno en Catalunya pero lo cierto es que, en realidad, el pacto alcanzado por PP y Ciudadanos tiene que ver con Andalucía. No obstante, el acuerdo sellado por estas formaciones dedica sus primeras líneas a Catalunya, incluyendo dos apelaciones a la unidad de España, una mención al "independentismo radical" y un dardo contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por "pactar con quienes sólo quieren romper la unidad de España".  Todo, en la primera página.

Podrían considerarse como un guiño a Vox las alusiones al adelgazamiento de la administración, si bien el pacto también defiende el Estado Autonómico, que no goza del visto bueno de los ultraderechistas

Lo cierto es que el pacto dado a conocer este domingo ─Medidas de desarrollo y prosperidad para un nuevo Gobierno en Andalucía─ se ve introducido por la defensa de las posiciones de ambas fuerzas en una región que está al otro lado del mapa; en su primer punto ─Regeneración democrática e institucional─, que se introduce recordando cómo la corrupción política "ha lastrado el desarrollo y progreso" en Andalucía, el primer apartado es Defensa de la unidad de España y el Estado de las autonomías: "Desde Andalucía defenderemos la Unidad de España y del Estado de las Autonomías bajo los principios de igualdad y solidaridad consagrados en nuestra Constitución", reza el texto. La unidad de España aparece mencionada de este modo cuatro veces en las 11 primeras páginas de medidas desglosadas, la mitad de ocasiones en las que el texto recoge la palabra "andaluces". Ambas fuerzas han dado a conocer este lunes una nueva remesa de propuestas, que consta de ocho páginas.

Y, si bien podrían considerarse como un guiño a Vox las alusiones al adelgazamiento de la administración andaluza, el texto defiende explícitamente el Estado de las Autonomías, el mismo que no gusta a la formación ultraderechista. Sin su apoyo parece muy difícil que la investidura salga adelante.

Por otro lado, entre las 52 medidas ─20 páginas─ que ya se conocen, no hay una sola mención a la igualdad entre hombres y mujeres, ni a la violencia machista, ni tampoco hay una sola propuesta política en este sentido.

Sí aparece, resumida, como última medida y sin concreción, la apelación a un "Gran Acuerdo" contra la violencia machista, en otro documento: el texto que recoge una veintena de medidas de aplicación en los primeros 100 días de gobierno. "Impulsaremos un Gran Acuerdo contra la Violencia de Género que desarrolle en nuestra comunidad los avances logrados con la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que implemente, con dotación presupuestaria suficiente, todas y cada una de las medidas previstas en la ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la ley 13/2007 de 26 de noviembre de prevención y protección integral con la violencia de género, a fin de acabar con esta lacra social", reza.

Además, del texto queda deliberadamente excluida la exigencia de apartar del cargo a quien manipule o mienta en su currículum, pero sí se recogen iniciativas que el PP se ha visto obligado a tragar, y que a nivel nacional no contempla.

Una de ellas es la de la obligatoriedad de "separación inmediata" de los cargos públicos "que hayan sido o sean imputados formalmente por delitos de corrupción"; la dirección nacional de Pablo Casado tiene este listón puesto en la apertura de juicio oral y, salvo en contadas excepciones, este guión se sigue a pies juntillas.

También aceptan ahora regular la protección de los denunciantes de corrupción, si bien la proposición de ley registrada por Cs en 2016 en el Congreso sigue empantanada, en parte por culpa de los conservadores. Y ambos se opusieron a la ley de protección de denunciantes registrada en junio en el Parlament de Catalunuya, planteada por la plataforma Xnet, 

Además, el partido que llevó a su número dos a un debate entra candidatos a las elecciones generales ─Soraya Sáenz de Santamaría, entonces vicepresidenta del Gobierno─, el del jefe del Ejecutivo ─Mariano Rajoy─ que rechazaba discutir en televisión con Pablo Iglesias y Albert Rivera, también candidatos, ahora pide debates electorales "obligatorios". Y por si fuera poco, en Andalucía sí quiere una "mejora de la proporcionalidad en el reparto de escaños", lo mismo que rechazó en el Congreso cuando lo plantearon Unidos Podemos y Ciudadanos.

En la misma línea, el acuerdo contempla la limitación a dos mandatos (ocho años en total) para quien ostente la Presidencia de la Junta, la elección de los directivos públicos en base a criterios técnicos ─directores de agencias, sociedades mercantiles, fundaciones─, mediante concurso público y sujetos a una evaluación continua. Y plantea mejorar la supervisión del régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses, el encargo de una auditoría integral a la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre todos los gastos de la Junta; así como los informes correspondientes a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF).

En la misma línea, hay propuestas en materia de transparencia, otra asignatura pendiente del Gobierno Rajoy ─el Gobierno del PP se fue sin publicar el patrimonio de sus ministros─, así como alusiones a la necesidad de mejorar los procesos de contratación, excluyendo a cargos políticos de las mesas de contratación.

De haber puesto en práctica esta misma restricción en Madrid, habría sido imposible que Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad, formara parte de la mesa que concedió el contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández, donante confeso del PP, en 2009 ─hechos por los que fue investigada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO─.

Entre las medidas por concretar, se menciona una reducción de los altos cargos "a los estrictamente necesarios" sin dar más detalles, lo mismo que ocurre con el compromiso de establecer mecanismos de control "para garantizar la recuperación del dinero defraudado con los ERES" de los gobiernos socialistas, o con la promesa de " garantizar la conciliación profesional y familiar de los empleados públicos".

La protección del flamenco como única medida cultural

En otro orden de cosas, entre las nuevas medidas dadas a conocer este lunes —bajar el IRPF, una nueva Ley del Suelo y exigir al Gobierno la reforma inmediata de financiación autonómica, también sin concretar— se hace alusión a la cultura como "motor de desarrollo de Andalucía".

No obstante, de las 51 iniciativas desglosadas hasta la fecha, sólo tres se encuadran en este apartado: la aprobación de una Ley del Flamenco para su protección y reivindicación, la creación de una "Tarjeta Turística Cultural de Andalucía", y la voluntad de prestar apoyo institucional a la conmemoración del Quinto Centenario de la Primera Vuelta al Mundo.

El PSOE andaluz alerta de que subirán "hasta el 50% del salario a los altos cargos"

En última instancia, el PSOE andaluz ha advertido este domingo de que el pacto supone "subir hasta el 50% el sueldo de los cargos políticos" de la Junta. Así lo recoge un mensaje de los socialistas andaluces publicado en su perfil de Twitter, en referencia a la medida de este pacto destinada a que los salarios de los cargos de la Junta estén "en referencia" a sus homólogos en el Gobierno central.