El juicio de los ERE arrancó el pasado 13 de diciembre a las 10.00 horas de la mañana en la Audiencia Provincial de Sevilla. La fecha y la hora eran públicas desde hacía meses. A las 10.01 horas, cuando ya habían entrado los 22 exaltos cargos del Gobierno andaluz imputados, decenas de cámaras y periodistas vieron llegar a Mercedes Alaya, la jueza que había iniciado la instrucción de los ERE siete años atrás, y que perdió la causa a mitad de camino al cambiar su puesto en el Juzgado de Instrucción número 6 por una plaza en la Audiencia. Ella solicitó una prórroga para seguir en su puesto hasta que culminase la instrucción de los ERE, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se la denegó.

El cambio de destino de Alaya no fue impuesto, lo había solicitado ella misma. Pero fueron muchos los que hicieron una lectura política de aquel relevo de la magistrada que se había convertido en azote de la Junta y de la cúpula del PSOE andaluz, el único partido que ha gobernado Andalucía en 38 años de democracia. A la magistrada no le sentó bien perder el caso que ella misma había levantado, pieza a pieza, hasta sumar casi 300 imputados, entre ellos dos expresidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, responsables de 23 años de gobiernos en Andalucía. Alaya estaba en el epicentro mediático. Apenas dialogaba con la prensa por los pasillos de los juzgados, pero sus extensos y demoledores autos se convirtieron en una fuente inagotable de análisis periodísticos, tertulias, debates parlamentarios.

El PP, personado en la causa como acusación particular, citaba párrafos enteros de Alaya durante las convulsas sesiones parlamentarias de 2012. Aquel año los populares ganaron por primera vez unas elecciones andaluzas usando la corrupción, los ERE y la crisis como arma de derribo contra el PSOE, pero su mayoría fue insuficiente para evitar el Gobierno de coalición de socialistas y comunistas. “Hasta aquí hemos llegado”, sentenció Javier Arenas aquella noche electoral desde el balcón de la sede del PP en la calle San Fernando.

El día que arrancó el juicio de los ERE, Mercedes Alaya había perdido todo protagonismo sobre el caso, sin embargo, hizo coincidir su llegada al trabajo con la hora del comienzo del proceso. La superjueza recuperó por un momento toda la atención mediática. Casi en una imitación de sí misma, entró en los juzgados tirando de su famoso trolley (donde solía llevar la montaña de papeles de los ERE) y rodeada de cámaras. Eran las diez de la mañana, el termómetro marcaba los tres grados, los periodistas que estaban apostados desde primera hora a las puertas de la Audiencia iban abrigados hasta las orejas y se quitaban el frío golpeándose una mano con la otra. Alaya apareció con un abrigo desabrochado y un vestido fino y descubierto. “Esto le encanta”, dijo un veterano fotógrafo de tribunales apuntándola con su cámara.

El tribunal de la sala en la que se juzga a 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía en la pieza política del caso ERE, en la Audiencia de Sevilla. EFE/Julio Muñoz

Quien pensó que aquello podía ser una mera coincidencia, no tardaría ni 24 horas en darse cuenta de lo contrario. Sobre Alaya siempre han volado las “coincidencias”, porque sus autos y resoluciones más duras solían coincidir con momentos claves del PSOE-A: la campaña electoral o la toma de posesión del Gobierno andaluz, en septiembre de 2013 cuando preimputó a Chaves y a Griñán.

De modo que, coincidiendo con la segunda y monótona jornada del juicio de los ERE, Alaya pronunció una conferencia en Valencia donde puso en duda la imparcialidad de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, que tendrá que resolver los recursos de Chaves, Griñán y el resto de acusados, en caso de que sean condenados en primera instancia por la Audiencia de Sevilla. “Como instructora del caso, mis sensaciones son buenas lógicamente. Luego, la sentencia que se dicte pasará a la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, teniendo en cuenta que un tercio de sus miembros ha sido elegido por el Parlamento autonómico, y que el presidente del TSJA, al que tengo todos mis respetos, también es un cargo discrecional”, dijo.

“Incertidumbre fea”

La jueza avisó de que esta situación le provocaba una “incertidumbre fea” respecto a la futura resolución del juicio de los ERE, y aquel exabrupto viajó de Valencia a Sevilla para estallar en mitad de la sala de vistas como una bomba de racimo. Sentó mal a casi todos: a sus compañeros jueces, que se vieron descalificados por la jueza, a los magistrados del TSJA y, sobre todo, a los abogados defensores, que no quisieron tolerar sombras de sospecha sobre una posible exculpación política de sus clientes.

El letrado de Griñán, José María Mohedano, salió de la Audiencia disparado a hacer declaraciones ante los periodistas: “Con todos mis respetos, no parece prudente ni sensato que un juez ponga en cuestión de forma corriente la independencia de jueces de otros órganos jurisdiccionales, ni que envíe al público opiniones subjetivas sobre un juicio actual de cuya instrucción ella misma se ocupó. Tanta insistencia de un juez en la independencia de los demás me recuerda a un refrán español: Dime de qué presumes y te diré de qué careces”.

El comentario de Alaya no sólo fue inoportuno, sino desconcertante, porque además su análisis partía de un error de bulto. No es el TSJA quien tendrá que revisar el futuro recurso de Chaves y Griñán si son condenados en primera instancia, sino el Tribunal Supremo. A la jueza se le pasó por alto la última modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de octubre de 2015, que establece que “la segunda instancia penal en los tribunales superiores autonómicos será de aplicación solamente en procedimientos incoados con posterioridad al 6 de diciembre de 2015”. Y la instrucción de los ERE es anterior, como bien sabe Alaya, de modo que será el Supremo quien se encargue de los recursos de las acusaciones y las defensas del caso ERE.

Los 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes socialistas Manuel Chaves (4d), y José Antonio Griñán (3d), sentados en la sala de la Audiencia de Sevilla donde ha comenzado el juicio por el que se les acusa de prevaricación, malversación y asociación ilícita en la pieza política del caso ERE. EFE/Julio Muñoz

Durante los cuatro primeros años en los que instruyó la causa, Mercedes Alaya demostró ser metódica, puntillosa y perfeccionista. Por eso a algunos de sus compañeros no les pareció casual aquel patinazo en su conferencia de Valencia. La jueza estrella puso en duda la imparcialidad de la Sala de Gobierno del TSJA, incluido su presidente, Lorenzo del Río, que fue quien la apartó de las macrocausas que había empezado por las críticas que había vertido sobre su sucesora, la jueza María Núñez Bolaños. Además, aunque el recurso hubiera caído en la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, como denunció erróneamente Alaya, sólo uno de los tres miembros que componen esta sala fue realmente elegido por el Parlamento andaluz: Miquel Pasquau, nombrado en 2001 a propuesta del PSOE.

Tras el revuelo mediático, Alaya volvía a estar en el epicentro de la noticia, y tres planos por detrás, Chaves, Griñán y los otros 20 exmiembros del Gobierno andaluz acusados de prevaricación y malversación de fondos. La jueza envió un comunicado para corregir sus declaraciones cargando contra el periodista que reprodujo sus citas: en teoría ella nunca dijo textualmente que tuviera “una incertidumbre fea” sobre la sentencia de los ERE, aunque sí criticó el nombramiento de jueces por parte del poder Ejecutivo y lamentó la “injerencia intolerable del poder político en el poder judicial, a través del CGPJ” que, según la juez, está “absolutamente politizado” y al que corresponde el nombramiento de los “principales miembros de los tribunales y cargos del Poder Judicial”.

¿Qué queda en el juicio de los ERE del voluminoso trabajo previo que hizo Mercedes Alaya? La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones asumieron íntegramente su relato de los hechos, que apunta a toda una trama corrupta orquestada desde la cúpula del Gobierno andaluz para malversar fondos públicos, comprar la paz social y afianzar una red clientelar que perpetúe al PSOE en el poder.

Uno de sus sucesores, el juez de refuerzo Álvaro Martín, dejó aparcada esa tesis, y ahora se juzga si el “procedimiento específico” para agilizar el pago de los ERE y las ayudas directas a empresas en crisis era ilegal. El Supremo desimputó a la mitad de los políticos que ella había culpabilizado (algunos de ellos fueron apartados de sus puestos tras verse salpicados por el caso), y la Audiencia Provincial también exoneró a otros cuatro. De los 51 altos cargos de la Junta que Alaya sentó en el banquillo han llegado sólo 22. Ahora la jueza está fuera del proceso, pero de alguna manera sigue estando dentro y reclamando su protagonismo.