La Mesa del Congreso vetará previsiblemente las dos últimas solicitudes para crear una comisión de investigación sobre las cuentas del emérito. Los miembros del órgano de gobierno de la Cámara Baja del PSOE, PP y Vox volverán a aunar sus votos para rechazar sendas peticiones registradas el pasado viernes, una de Unidas Podemos para investigar las tarjetas black de Juan Carlos I, y otra de ERC, Bildu, JxCat, Más País, la CUP, Compromís y BNG para crear un órgano que tenga por objeto indagar sobre "las presuntas irregularidades cometidas por miembros de la Familia Real, así como de sus cómplices, el origen y destino de los fondos y flujos monetarios referidos en los registros de uso de las tarjetas black y sus posibles influencias en la política diplomática y comercial del Estado español con Arabia Saudí".

Fuentes parlamentarias sostienen a Público que es "difícil" que la Mesa admita a trámite estas peticiones. De hecho, la vicepresidenta primera del Gobierno, la socialista Carmen Calvo, señaló el pasado viernes que esta propuesta no tiene "mucha viabilidad política". De rechazarse, sería la cuarta vez en menos de un año que el el órgano de gobierno del Congreso, presidido por la socialista Meritxell Batet, frustre los intentos de investigar sobre las finanzas de Juan Carlos I. El criterio, sometido a estudio por los servicios jurídicos del Congreso, siempre es el mismo: la Constitución establece la inviolabilidad del rey, una figura que, por lo tanto, "no está sujeta a responsabilidad". Asimismo, los letrados sostienen que, a pesar de que Juan Carlos I abdicó en junio de 2014 en favor de su hijo, su inviolabilidad constitucional "abarca todo el periodo en que se ejerce la jefatura del Estado", esto es, es permanente. Además, el equipo jurídico añade que el Congreso tiene por objeto fiscalizar al Gobierno, no a la Casa Real.

Los últimos acontecimientos sobre las finanzas del monarca, huido desde el pasado mes de agosto a los Emiratos Árabes, han motivado estas dos últimas solicitudes presentadas por los partidos. En concreto, su abogado, el exfiscal Javier Sánchez-Junco, comunicó el pasado miércoles que el padre de Felipe VI presentó ante la Agencia Tributaria "una declaración sin requerimiento previo, de la que ha resultado una deuda, ya satisfecha, por importe de 678.393,72 euros incluyendo intereses y recargos". De esta forma, según ha podido saber Público, el emérito podría haber ocultado a Hacienda al menos 800.000 euros después de haber abdicado en junio de 2014.

Esta declaración para intentar regularizar su situación fiscal y evitar así un delito fiscal está vinculada al supuesto uso de tarjetas opacas de las que se habrían beneficiado tanto el emérito como el resto de miembros de la Familia Real entre 2016 y 2018, utilizando fondos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. No obstante, la Fiscalía del Tribunal Supremo anunció que, a pesar de esta regularización, seguirá investigando al rey emérito para comprobar la "espontaneidad, veracidad y completitud, en el marco de una investigación más amplia".

Así las cosas, Unidas Podemos pidió el pasado viernes abrir una comisión para investigar si Juan Carlos I y la reina Sofía usaron entre los años 2016 y 2018 las tarjetas opacas con cuentas ubicadas en el extranjero y si se pagaron "abundantes cuantías de dinero en gastos propios y de otros miembros de la Familia Real". También, quiere que se indague sobre la eficacia de "las medidas aprobadas en materia de prevención y detección del blanqueo de capitales". Como la Fiscalía del Alto Tribunal descarta el uso de estos plásticos por parte de Felipe VI y sus hijas, estos "quedarían al margen de la investigación" en dicha comisión parlamentaria. La formación morada propone además que la constitución de este órgano "a la mayor brevedad posible".

Asimismo, para evitar que la Mesa del Congreso volviera a vetar esta iniciativa, Unidas Podemos esgrimió en el escrito sólo estos hechos, referidos al comportamiento del monarca posterior a su abdicación, y así sortear la "inviolabilidad" de éste contemplada en el artículo 56.3 de la Constitución. Por ello, también, presentaron esta iniciativa al amparo de lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento del Congreso los Diputados, el cual recoge que el Pleno "podrá acordar la creación de una comisión de investigación sobre cualquier asunto de interés público".

Preguntada sobre el posible nuevo rechazo del PSOE, su socio en el Gobierno de coalición, la portavoz de Podemos, Isa Serra, ha dicho que es una cuestión que corresponde hablar a los socialistas. No obstante, ha expresado que "todo el mundo sabe" que Podemos es un partido republicano y la otra parte del Ejecutivo es "monárquica", un planteamiento legítimo pero que contrasta con la crisis de la institución por su corrupción. 

Otros grupos piden ampliar la investigación

Por su parte, ERC, Bildu, JxCat, Más País, la CUP, Compromís y BNG ampliaron su petición a otras investigaciones que involucran al ex jefe del Estado, además del uso de las tarjetas black. En este sentido, los grupos exponen la investigación abierta por la Fiscalía suiza a Juan Carlos I, quien presuntamente recibió en 2008 una donación de casi 90 millones de euros por parte del entorno del entonces rey de Arabia Saudí, Abdullah bin Adbul Aziz Al Saud, a través de una cuenta del banco suizo Mirabaud en Ginebra. A su vez, el ex jefe del Estado habría donado parte de ese dinero –unos 65 millones de euros– en 2012 a la que en su momento fue su amante, la aristócrata y empresaria Corinna Larsen.

También, añaden que el ministerio público del Supremo habría detectado indicios de delitos, con la presunta implicación de Juan Carlos I, relacionados con blanqueo de capitales, cobros de comisiones y fraude fiscal por la contratación de la segunda fase de construcción de la línea del AVE a La Meca. A raíz de estos hechos, el fiscal del Supremo ha abierto diligencias para realizar una investigación centrada en "delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que presuntamente se atribuyen al rey emérito.

Y recuerdan las informaciones que señalan a Felipe VI como beneficiario de una sociedad offshore creada por Juan Carlos I y vinculada a la donación del régimen saudí. Estas investigaciones propiciaron el anuncio posterior del jefe del Estado por el que renunciaba a la herencia que le pudiera corresponder de su padre y que éste dejaría de percibir la asignación que tenía fijada en los presupuestos de la Casa de Su Majestad el Rey.

Por ello, los grupos solicitaron el pasado viernes la apertura de una comisión de investigación sobre la "existencia de estructuras opacas, con la participación del ex jefe del Estado, para la adjudicación de contratos comerciales", las posibles cuentas irregulares de los miembros de la Familia Real, el presunto blanqueo de capitales de Juan Carlos I, y el posible conocimiento que pueda tener de los hechos el actual rey, entre otras cuestiones.

Otras peticiones para investigar las finanzas del emérito

En la presente legislatura, la XIV, Unidas Podemos, ERC, Bildu, el grupo Plural y el Mixto han presentado, tanto juntos como por separado, hasta seis solicitudes concentradas en cuatro ocasiones (marzo, junio y diciembre) para indagar sobre las presuntas actividades ilícitas del monarca. Hasta la fecha, los votos del PSOE, PP y Vox en la Mesa han impedido una comisión de investigación sobre esta cuestión. 

En la legislatura pasada, el PSOE, PP y Cs tumbaron dos iniciativas para indagar sobre la monarquía, una de Unidos Podemos y otra de este grupo con ERC. Y en la XII Legislatura, estos tres grupos vetaron otra petición de Unidos Podemos para la creación de una comisión de investigación relativa a las presuntas ilegalidades cometidas por Juan Carlos I desde que dejó de ser jefe de Estado.