El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha incoado diligencias informativas sobre la denuncia realizada por el partido Contrapoder para aclarar si el juez de la 'Operación Lezo', Eloy Velasco, habría solicitado un trabajo para su mujer Beatriz Saura al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, a quien ha encarcelado por su presunta implicación en esta trama corrupta.

Según el acuerdo del 4 de mayo de 2017, el promotor del CGPJ, Antonio Jesús Fonsceca-Herrero, pide un informe al propio titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 sobre los hechos denunciados. También excluye de las diligencias el chivatazo que dio una magistrada al exdirigente madrileño de que estaba siendo investigado, aunque deduce testimonio para que se investigue si se cometió algún delito.

Precisamente, la denuncia presentada el pasado 26 de abril señala que el instructor del 'caso Lezo' preguntó a González (antes de tomarle declaración como investigado) si consideraba que debía abstenerse de la causa, dada la existencia en el sumario de una grabación en la que el expresidente de la Comunidad de Madrid aseguraba que en el pasado había contratado a la esposa del magistrado a petición de éste.

La denuncia de Contrapoder alude a informaciones periodísticas sobre una conversación telefónica intervenida a González en las que el exmandatario madrileño se asombra de la conducta del magistrado, ya que éste le habría pedido en una ocasión que contratara a su esposa. Dicha contratación efectivamente se produjo, como prestadora de los servicios jurídicos para la Consejería de Asuntos Sociales.

Tanto González como su letrado rechazaron entonces que esta circunstancia comprometiera la objetividad del magistrado, por lo que la declaración siguió adelante.

Cohecho impropio y falta disciplinaria

Según dice Contrapoder en la denuncia, de haberse producido "el hecho de pedir un juez a un político que contrate a su mujer estaríamos ante un delito de cohecho impropio y también ante una falta disciplinaria de carácter muy grave" prevista en el artículo 417.13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) . En concreto, se trataría de "abuso de la condición de juez para obtener prebendas de autoridades o profesionales", según los denunciantes.

La formación política considera que Velasco debería haberse abstenido de la investigación de este caso "por estar comprometido en el deber de devolver el favor que le hizo el investigado a su familia contratando a su mujer en la entidad pública que dirigía".

Por otro lado, el Promotor excluye de esa petición de informe otros hechos denunciados como "conexos" referidos a un posible chivatazo a González y otros implicados en la 'Operación Lezo' por parte de una magistrada de que estaban siendo investigados. Según Fonseca-Herrero, estos hechos "no guardan relación de ningún tipo con el objeto real de la denuncia".

Aún así, cree que sí "parecen estar relacionados con el objeto del proceso penal" que investiga Velasco, por lo que afirma que se deducirá testimonio "por si los mismos pudieran constituir algún tipo de infracción penal".

Para Contrapoder esta filtración supone la comisión de un delito de revelación de secretos, ya que la magistrada "amiga de la casa" que advirtió al expresidente de la Comunidad de Madrid del pinchazo de su teléfono, "tuvo que recibir la información de persona directamente implicada en la investigación", haciendo alusión a Velasco.