Anticorrupción pide que el Supremo investigue al eurodiputado Alvise Pérez por financiación ilegal

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imputación del eurodiputado Alvise Pérez en el Tribunal Supremo por presunta financiación ilegal en relación a la supuesta obtención de 100.000 euros de un empresario para su campaña electoral.

Fuentes fiscales han informado de que el ministerio público ha pedido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que eleve exposición razonada al Tribunal Supremo para investigar al líder de Se Acabó la Fiesta, al ser éste el órgano competente por su aforamiento.

Anticorrupción ha remitido un informe a petición del magistrado en el que expone los indicios que considera que existen contra Alvise, unas semanas después de que declinase acudir a la Audiencia Nacional, donde el juez Calama le había citado para declarar de forma voluntaria.

Pese a que en un principio su defensa anunció que la intención del eurodiputado era comparecer ante el juez, días después, en un escrito, comunicó que no lo haría.

Quien sí lo hizo fue el empresario Álvaro Romillo, investigado a su vez por una presunta estafa piramidal a través de la plataforma de inversiones Madeira Invest, que ratificó su denuncia ante el juez y afirmó haber entregado el pasado 27 de mayo 100.000 euros a Alvise para su campaña electoral de los pasados comicios europeos.

Recabada la declaración de este empresario, investigado también en la causa relativa a la supuesta financiación ilegal, la Fiscalía cree que ha llegado el momento de enviar el procedimiento que afecta a Alvise al Tribunal Supremo para que abra una investigación.

El juez Calama decidió investigar la denuncia del empresario Romillo al ver en ella "inicial verosimilitud" e incluso llegó a apuntar a que se podría considerar a Alvise como cooperador necesario o cómplice de la supuesta estafa de Madeira Invest, "dada la implicación que en la denuncia" se le atribuye "en la promoción de la actividad presuntamente ilícita llevaba a cabo a través del entramado financiero generado en torno" a la plataforma.

La denuncia de Romillo relataba distintos contactos mantenidos con Alvise Pérez con la intención de que el empresario obtuviera la promoción de sus servicios y el eurodiputado "podría financiar con seguridad y holgura su campaña sin persecución estatal".

Según la denuncia, el 27 de mayo comunicó a Alvise que podía recoger en efectivo 100.000 euros, a lo que este último respondió: "100%. Me posibilitas una parte urgente de la campaña. Mil gracias tío".

Tras conocerse la denuncia, Alvise se declaró "culpable como autónomo" de haber cobrado por su trabajo sin la preceptiva factura, animó a sus seguidores a la insumisión fiscal y se mostró convencido de que se libraría "como siempre" porque detrás de "las calumnias y los mensajes entrecortados no hay nada más que una complementaria de Hacienda".

Al admitir a trámite la denuncia, el juez reconoció que el líder de Se Acabó la Fiesta está aforado ante el Supremo por ser eurodiputado, pero también aclaró que dicha admisión no constituye un acto de "imputación formal". Ahora deberá decidir si lo envía al alto tribunal.