Amnistía Internacional (AI) ha enviado una carta a Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, ambos encarcelados en Lledoners, para informarles de que seguirá de cerca el juicio a los dirigentes independentistas para "analizar si se cumplen las garantías de un juicio justo".

En la misiva, enviada por el director de AI en Europa, Fotis Filippou, también se expresa el "apoyo y la solidaridad" por la "situación injusta" que afirma que viven Sànchez, Cuxart y sus familias. "Estamos muy preocupados de que haya pasado más de un año desde su arresto y que todavía estén en prisión preventiva. Es una situación que consideramos injustificable, que hemos denunciado internacionalmente y que continuaremos denunciando hasta que seáis liberados y los cargos de rebelión y sedición sean retirados ", añade el texto.

Para la ONG, la prisión preventiva "es una medida excesiva y desproporcionada que viola su derecho a la libertad de expresión y la libre manifestación". La organización se ha comprometido a "continuar emprendiendo acciones que se espera que tengan un impacto positivo en las causas" del 1-O, sobre todo desde las oficinas que tiene en Barcelona, ​​Madrid y Londres.

No es la primera vez que la organización, dedicada a la defensa de los derechos humanos, manifiesta su oposición al encarcelamiento de los dirigentes soberanistas y reclama su liberación. Ya lo hizo, por ejemplo, a mediados de marzo, en una reunión de la coordinadora de AI en Catalunya, Adriana Ribas, con el presidente del Parlamento, Roger Torrent. Ya entonces apuntaba que la situación de prisión de Cuixart y Sánchez era "desproporcionada e injustificada". Eso sí, de momento AI nunca les ha considerado a ellos y al resto de dirigentes independentistas como presos políticos.

El pasado 15 de octubre, el día antes de que se cumpliera el primer año de encarcelamiento de Cuixart y Sànchez, AI emitió un comunicado en el que denunciaba que no había "ninguna justificación" para mantenerlos en prisión preventiva y en reclamaba la liberación "inmediata". Para AI, su detención continuada "constituye una restricción desproporcionada de sus derechos de libertad de expresión y reunión pacífica".

Además, la organización también ha denunciado los obstáculos que pone la Fiscalía en la investigación de la violencia policial durante el 1-O y en su informe anual también referirse a la represión de aquella jornada, que tildó de "desproporcionada".