La doble deuda con las personas mayores

La crisis del coronavirus ha supuesto un retroceso a la recuperación económica que estaba impulsando nuestro país tras la crisis de 2008. La pandemia ha supuesto sufrimiento y dolor para muchas personas, que han perdido a familiares y seres queridos o han visto cómo se han congelado o destruido sus puestos de trabajo, aumentando sus niveles de pobreza o exclusión social.

Uno de esos colectivos más afectados ha sido el de las personas mayores. Personas que sostuvieron nuestro país en la anterior crisis, manteniendo el bienestar de sus familias y de nuestra economía con su pensión, en muchos casos mínima, y que ahora se han visto sumamente afectadas por la covid-19 en el deterioro de su salud, en buena medida como consecuencia de la mala gestión de la sanidad pública practicada por el gobierno del PP durante muchos años.

Nuestro país tiene una doble deuda con las personas mayores. Llevan años manteniendo sobre sus hombros gran parte de la estructura económica de este país y es hora de que el Estado le devuelva ese esfuerzo. Por ello, desde UGT reclamamos, por un lado, una reforma de las pensiones que aumente su poder adquisitivo año a año, derogando la reforma de 2013 del PP que lo único que ha conseguido es empobrecer a nuestros pensionistas; y, por otro, una reforma del sistema sanitario y del sistema de dependencia de nuestro país, que incluya una auditoría de las residencias para que lo que ha sucedido en esta crisis no vuelva a ocurrir.

En este sentido, llevamos más de un año denunciando la deficiencia en la gestión de la crisis practicada en las residencias. No se han realizado los test rápidos ni a las personas mayores, ni al personal trabajador de las mismas. Hemos exigido que se considerara a las residencias como foco de actuación preferente contra el coronavirus y hemos reclamado medidas de prevención, limpieza y desinfección de todos los centros, además de una inspección de los mismos ante posibles irregularidades en la atención a este colectivo, algo que se ha comprobado insuficiente a todas luces.

El sindicato también ha denunciado en muchas comunidades autónomas la deficiente aplicación del protocolo de intervención para frenar la expansión de la pandemia en los centros residenciales elaborado por el Ministerio de Sanidad, así como el ostracismo y hacinamiento que han sufrido nuestras personas mayores en las residencias cuando peor estaba su salud ante la negativa de la Consejería de Sanidad de turno a trasladarlas a un hospital.

Por ello, resulta intolerable que gobiernos como el de la Comunidad de Madrid, bajo el amparo de partidos como el PP o Vox, se nieguen a investigar los diferentes protocolos que han impedido estas derivaciones de los ancianos y ancianas a los hospitales durante lo peor de la pandemia. Hay una responsabilidad política que se pretende eludir y que debemos exigir. Se ha dejado morir a muchos de nuestros mayores por unos protocolos de vergüenza y por unas actuaciones políticas en distintas comunidades que han ido en contra de la salud de este colectivo.

Es la hora de corregir esta situación y reparar el dolor de las familias. Es imprescindible que se establezca una auditoría que rebele los efectos dramáticos del coronavirus en las residencias y las medidas que se han ido adoptando desde las distintas comunidades autónomas para evitarlos. Es necesario realizar un diagnóstico de lo sucedido, saber qué ha pasado y porqué para tomar las medidas necesarias y eficaces que eviten que esto vuelva a suceder.

Una precariedad laboral que afecta a nuestras personas mayores

El problema en las residencias viene de lejos. UGT ya lo había denunciado hace años y ahora se ha puesto de manifiesto de manera drástica. Nuestro país presenta una escasez de profesionales para atender a las personas mayores, con bajas ratios de gerocultoras en el sector y una pluralidad de legislaciones en las distintas comunidades que es necesario aunar.

La escasez de personal provoca un aumento de presión en el trabajo y la prolongación de las jornadas laborales, lo que genera cansancio y stress de las propias trabajadoras en relación a las medidas de protección, aumentando con ello el riesgo de enfermar. A las ya exiguas plantillas se unen las bajas laborales que no están siendo sustituidas, entre otras cosas, por la dificultad para encontrar trabajadoras cualificadas (el 90% son mujeres). Una dificultad que se constata cuando el 25 de marzo el BOE publica una Resolución por la que se permite contratar trabajadoras y trabajadores no cualificados.

Por otra parte, pese a ser considerados servicios esenciales, estos empleados y empleadas no han podido tener, en todos los casos, de la posibilidad de alojarse en lugares habilitados por las distintas administraciones para no contagiar a sus familias.

Además, hemos denunciado reiteradamente la dificultad de las residencias para mantener el aislamiento de los mayores, dificultad que se incrementa por el número de residentes, ya que están pensadas como espacios de convivencia. De hecho, algunas de estas residencias son pisos, sin el espacio ni las condiciones suficientes para asegurar el aislamiento.

Es el momento de mirar por nuestros y nuestras mayores. Llevan años aguantando los pilares económicos y sociales de este país y es hora de resarcir esa deuda. Esa doble deuda. Se lo debemos.