Ley del Suelo: ¿se puede hacer peor?

Alejandro Sánchez Pérez

“Cualquier situación, por mala que sea, es susceptible de empeorar”, dice la famosa Ley de Murphy, y es lo que parece ser el destino de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Y mira que la Ley del Suelo de 2001 era mala. Heredera de la Ley del “todo urbanizable” de Aznar de 1998, ha permitido que la burbuja inmobiliaria se cebara en la Comunidad de Madrid como ninguna, destrozando el paisaje de nuestra región, fragmentando nuestros ecosistemas y permitiendo la depredación máxima de un recurso tan escaso como el suelo. La Ley 9/2001 aprobada bajo el mandato de Ruiz Gallardón sufrió del orden de 15 modificaciones durante los mandatos de Aguirre y González hasta dejarla irreconocible y tan llena de agujeros que de entrada parecería que cualquier cosa que nos trajeran a la Asamblea de Madrid sería mejor. No contábamos con Cristina Cifuentes. Porque más que con la Ley de Murphy, este proyecto tiene que ver con las ansias liberalizadoras del Partido Popular de Madrid. Tras su máscara amable y de persona preocupada por las cuestiones sociales, Cristina Cifuentes no deja lugar a dudas con este proyecto de que pertenece al ala más neoliberal de su partido.

El proyecto de Ley del Urbanismo y Suelo de la Comunidad de Madrid, que así se llama el engendro, es sin lugar a dudas mucho peor que su antecesor y da una vuelta de tuerca peligrosísima a la liberalización del suelo en Madrid. No sólo no contempla la ordenación territorial global del territorio de la Comunidad Autónoma, la protección general del paisaje y los ecosistemas en tan grave riesgo de desaparición y fragmentación en nuestra región. No sólo no prioriza un urbanismo socialmente responsable, democrático y participativo frente a los intereses de los operadores y propietarios privados. No sólo no orienta el modelo urbanizador hacia la concentración y la densidad de edificación frente a la dispersión y ocupación discriminada del suelo. Por el contrario reduce los controles urbanísticos, la participación ciudadana y la transparencia a los mínimos imprescindibles mandados por las leyes estatales, facilita la desprotección del patrimonio cultural y natural, se olvida del cambio climático como condicionante del planeamiento, otorga más poder que nunca a las entidades “colaboradoras” privadas dándoles funciones de inspección y control de la legalidad, mantiene los CID que se inventaron para dar cobijo al proyecto Eurovegas, permite todo tipo de excepciones de uso para poder urbanizar en suelo rústico, incluidos usos industriales y reduce las superficies dotacionales a mínimos históricos (30 metros por cada 100 construidos, solo 10 en el caso de municipios de menos de 5.000 habitantes…).

Pero lo peor sin duda es la amnistía urbanística a cientos de construcciones y urbanizaciones ilegales y fuera de ordenación. En Madrid hay miles de construcciones ilegales, y no se trata solo de poblados chabolistas como la Cañada Real o Las Sabinas. Hay auténticas urbanizaciones “fuera de ordenación” como eufemísticamente las llaman, que fueron construidas en terrenos rústicos con un precio del suelo ridículo y sin pagar impuestos, pero que al cabo de los años reclaman todo tipo de servicios municipales, hasta el punto de que en casos extremos incluso se les llega a cobrar el IBI. El proyecto de ley prevé que puedan legalizarse las que”cuenten con acceso rodado, suministro de energía eléctrica, abastecimiento de agua y un sistema colector de aguas residuales” aunque este último se puede obviar “bien por no suponer ventaja alguna para el medio ambiente o porque su instalación implique un coste excesivo”. Es decir, se podrán legalizar casi todas las urbanizaciones hoy consideradas ilegales, incluso aquellas cuyo sistema de aguas residuales son pozos negros o fosas sépticas sin ningún tratamiento, un absoluto sinsentido en pleno siglo XXI.

Sin duda la Comunidad de Madrid necesita una nueva Ley del Suelo que impida los desmanes cometidos durante decenas de años y desacople el urbanismo de la financiación de los Ayuntamientos, raíz de tanta corrupción. Madrid necesita una ordenación territorial que proteja el paisaje natural y fomente el desarrollo rural frente a la especulación y la dispersión urbanística, basada en la salvaguarda del interés general y de las generaciones futuras. Pero el proyecto que Cifuentes ha presentado y que Ciudadanos ha apoyado tan alegremente, rechazando las enmiendas del PSOE y Podemos, no es la Ley que se esperaba. Este es un proyecto nacido sin diálogo político, ni consenso con la sociedad ni con los ayuntamientos a los que en teoría sirve. Un proyecto sin participación pública, que solo persigue dar facilidades a los propietarios de suelo. Por eso es necesario que ayuntamientos, partidos, sindicatos, asociaciones y entidades de todo tipo se unan frente a este proyecto que la coalición PP-Ciudadanos pretende aprobar a toda prisa. Hay que reclamar a Cifuentes el diálogo social que ha negado hasta la fecha. Porque es difícil hacerlo peor.

Alejandro Sánchez es coportavoz de EQUO Madrid y diputado en la Asamblea de Madrid por el Grupo Parlamentario Podemos