El “caso Almería” no puede olvidarse

Este diario se ha ocupado en distintas ocasiones de recordar aquellos crímenes cometidos por miembros de la Guardia Civil, pero quizás sea bueno refrescar la memoria ahora que se cumplen cuarenta y tres años de los hechos: un joven almeriense que trabajaba en Santander decidió acudir en mayo de 1981 a la celebración de la primera comunión de su hermano pequeño, y aprovechó la ocasión para invitar a dos de sus amigos a conocer la tierra donde nació. Mientras atravesaban en coche la península de norte a sur, en Madrid tres militares mueren tras sufrir un atentado en la calle Conde de Peñalver esquina Goya.

En algún lugar de entre los que se detuvieron por el camino, alguien debió creer que las caras de los presuntos autores de la acción terrorista, rápidamente divulgadas por todos los medios, se parecían a las de los jóvenes viajeros, así que decidió denunciarlos. Juan Mañas apenas tiene tiempo de presentar la familia a sus amigos Luis Cobo y Luis Montero, o de enseñarles algo de Almería porque la guardia civil no tarda en detenerlos. Al día siguiente, en el desierto de Tabernas-Gérgal y no lejos de la carretera, aparece carbonizado el coche en el que llegaron a Almería con los cuerpos de los tres jóvenes destrozados y prácticamente irreconocibles.

El teniente coronel Castillo Quero, que así se llamaba el jefe de la Comandancia, y sus hombres declararon que cuando se proponían trasladar a Madrid a los tres detenidos, al poco de iniciar el viaje se vieron obligados a disparar a las ruedas del coche para que estos no escaparan; el automóvil cayó por un terraplén y, tras incendiarse, los tres murieron sin que ellos pudieran hacer nada por salvarlos. La explicación no podía ser más burda para un asunto tan espantoso.

Una patata caliente más para el Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo (UCD) en aquella primavera de 1981, año que ya venía de por sí bastante cargadito: en enero había dimitido Adolfo Suárez, al mes siguiente tuvo lugar el intento de golpe de Estado en el Congreso de los Diputados (23F); poco después el Banco Central de Barcelona fue asaltado por un grupo armado que, tras encerrarse con casi trescientos rehenes, pedía la liberación de Tejero y de varios golpistas más; además, una intoxicación masiva producida por el consumo de aceite de colza causó la muerte de trescientas personas y afectó, con graves secuelas en algunos casos, a más de veinte mil…

Cuando Juan José Rosón, ministro del Interior, se vio obligado a comparecer para explicar qué demonios había pasado en Almería, lo calificó de “trágico error”. Costó mucho trabajo que la cosa no quedara ahí, dado que los intentos por correr un tupido velo desde instancias oficiales fueron muchos. Darío Fernández, el abogado que se hizo cargo del asunto en nombre de las familias de las víctimas y consiguió que al teniente coronel y a dos de sus hombres se les condenara por tres delitos de homicidio, fue sometido a todo tipo de presiones y amenazas durante el tiempo que duró la instrucción del caso.

Aunque los jueces denegaron la reconstrucción de los hechos, en la sentencia quedó probado que “el teniente coronel Castillo y sus hombres torturaron hasta la muerte a los tres detenidos en un cuartel abandonado llamado Casasfuertes y que posteriormente, y con el fin de intentar eliminar evidencias, despeñaron su vehículo por un terraplén, le dispararon numerosas veces y le prendieron fuego”.

Puede uno imaginarse la sensación de impotencia de las familias de Cobo, Montero y Mañas. Durante un tiempo se llegó a insinuar que, aunque había sido un error, se trataba de delincuentes comunes. Cuando faltaban solo unos meses para que el PSOE llegara al poder, se intentó organizar un festival para recaudar fondos con los que ayudar a pagar los gastos judiciales. Entre otros, iban a actuar Paco Ibáñez o Carlos Cano, pero el gobernador civil de Almería lo prohibió. Esa era la cera que ardía aún, cuando hacía ya casi siete años que había muerto Franco y la celebrada Transición estaba a punto de acabarse.

Hasta 1999 no supimos que los tres condenados -por homicidio, que no por asesinato- fueron expulsados de la Guardia Civil, sí, pero estuvieron cobrando durante años con cargo a los fondos reservados. Y hasta enero de 2023, es decir, hasta el año pasado, a las familias no se les había pedido perdón. Les pedimos perdón “desde el corazón del Estado”, les dijo el secretario de Estado de Memoria Democrática tras entregarles tres diplomas de reparación en una acto celebrado en la Subdelegación del Gobierno de Almería. “No cabe justificación”, añadió la directora general de la Guardia Civil, “aquellos terribles hechos no deberían haberse producido jamás”.

“Demasiado tarde”, comentó Francisco, el hermano de Juan Mañas, quien se quedara sin celebración cuando tenía diez años y que ya cuenta cincuenta y tres. Desde luego es demasiado tarde para casi todo, pero no para procurar que no se olvide. Este fin de semana, varias decenas de personas han acompañado un año más a sus familiares al lugar donde ardió el coche para homenajear a las tres víctimas de aquel acto de terrorismo de Estado.

Un pequeño monumento recuerda lo sucedido, como lo hace la película que Pedro Costa Musté dedicó al caso (se llama “El caso Almería” está en Filmin), o los libros de Antonio Ramos Espejo, “Mil kilómetros al sur” y “Abierto para la historia”. Abierto sigue, porque aquel juicio cerrado en falso (entre otras razones porque en los hechos participaron once guardias civiles y solo fueron juzgados tres) acabó –técnicamente- con la posibilidad de que algún día pueda saberse la verdad de lo que ocurrió y por qué ocurrió.

J.T.