El Ministerio de Infancia pide a la Fiscalía medidas para proteger al hijo menor de Juana Rivas

El Ministerio de Juventud e Infancia ha solicitado a la Unidad de Menores de la Fiscalía General del Estado proteger a Daniel, el hijo menor de Juana Rivas, ante el inminente regreso con su padre este miércoles. El niño, que ya ha relatado que sufre maltrato en su domicilio de Italia, se encuentra de visita en España.

En un oficio enviado a la fiscal Teresa Gisbert Jordá y al que Público ha tenido acceso, Juventud recuerda que Daniel ya ha manifestado "que sufre amenazas, diferentes tipos de violencias y miedo a regresar con su padre". Por este motivo, consideran que si el hijo de Rivas regresa a Italia este 8 de enero, "podría suponer una clara vulneración de los derechos fundamentales" del niño, al desatender el "interés superior del menor".

La cartera que lidera Sira Rego subraya en el oficio que Francisco Arcuri está imputado en Italia "por un presunto delito de maltrato a sus dos hijos". El mayor, Gabriel, tiene ya 18 años y reside en España. Este expresó a principios de diciembre con rotundidad que su padre "no es capaz de controlar su impulsividad y su ira", y que ve a su hermano "en gran peligro", según un mensaje esgrimido por la representación de la madre.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se comprometido a hacer "todo lo posible" para que el hijo de Rivas no tenga que regresar con su padre. "Un maltratador nunca será un buen padre. Desde el Gobierno de España estamos al lado de Juana Rivas y sus dos hijos. Vamos a hacer todo lo posible para que Daniel no tenga que regresar a un clima de violencia", escribió en la red social X. 

La propia Rego también opinó: "He escuchado a Daniel, hijo de Juana Rivas, decir que muchas veces piensa que se va a morir. Estamos preocupadas por su seguridad. Su testimonio es desgarrador. Yo le creo".

Retorno

Daniel, de diez años, llegó a España el 22 de diciembre para celebrar la Navidad con su madre y hermano. Un día más tarde, Rivas y su hijo mayor denunciaron a Arcuri por cuatro nuevos delitos: uno de intimidación o violencia para influir en un testigo de un procedimiento judicial; otro de amenazas; además, coacciones, y otro de violencia de género. Aunque tenía previsto su regreso el 2 de enero, Daniel continúa en Granada.

La Corte de Apelación de Cagliari (Italia) ha dictado este martes que el menor debía retornar al país con su padre este 8 de enero. El bufete Aránguez Abogados, que representa a la madre, ha agotado todas las vías legales disponibles para evitarlo. Y es que el Juzgado de Primera Instancia de Granada ha notificado que no se considera competente para dictar medidas cautelares.

El menor relató al llegar a España que su padre "le obliga a mentir sobre el maltrato que sufre" y declarar a su favor en el procedimiento italiano bajo coacciones y amenazas. En este contexto, el Ministerio de Infancia insiste en que es "urgente" que Daniel "sea oído por un órgano judicial en España".

En los últimos días, Rivas también ha denunciado a Arcuri por enviarle varios mensajes "intimidatorios" y por un "constante acoso telefónico" con más de 40 llamadas en una semana que, según su equipo jurídico, constituyen un delito de violencia de género por amenazas leves y acoso telefónico. Estas denuncias se suman a un nuevo procesamiento a Arcuri en Italia por delitos de maltrato a sus dos hijos.

Esta misma semana, un grupo feminista ha puesto en marcha una campaña mediática para pedir protección para el hijo de Rivas y solicitar al Gobierno y la Justicia que intervengan para garantizar que el menor se quede en España con su madre.

Desde la Coordinadora VVVI se ha difundido un vídeo en el que se hace llamamiento para proteger a Daniel. "Daniel no debe ser entregado a su 'padre' procesado por maltratarle. En Italia está ocurriendo, en España no puede ocurrir", denuncian.

Con el reloj marcando la cuenta atrás para el regreso a Italia del hijo de Rivas, el Ministerio de Juventud e Infancia reclama el despliegue de "medidas cautelares que aseguren su plena protección" y remarca la necesidad de garantizar el interés superior del menor.