Primero Ayuso y, más recientemente, el presidente de Andalucía, abrieron o fuego de la reyerta promoviendo la práctica desaparición del impuesto de patrimonio en sus respectivos territorios. El debate está servido. La importancia del asunto no está en discusión. La claridad y la calidad con las que se está desarrollando esta controversia son manifiestamente mejorables.

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1. ¿El dilema es bajar o subir impuestos?

Para Feijóo y os dirigentes del PP, hay que bajarlos. Para quien pretenda acometer un acercamiento serio la esta temática, semejante reduccionismo es un insulto a la inteligencia. Un sistema fiscal es un conjunto de figuras tributarias que pretende alcanzar un volumen suficiente de recursos para que una determinada administración pública sea capaz de prestar un conjunto de servicios que aseguren un nivel digno de bienestar para las personas integrantes de ese cuerpo social. Hay que responder las dos preguntas básicas: cuál debe ser la dimensión, la calidad y, por tanto, el coste de los servicios públicos que se quieren ofertar (sanidad, enseñanza, dependencia, seguridad…) y cómo debe ser repartida esa carga fiscal entre os distintos segmentos de la ciudadanía.

Cuando una formación política entra en el territorio de la fiscalidad debe mostrar todas las cartas que tiene en sus manos: qué nivel de gasto público desea proporcionar desde los gobiernos que gestione y cómo va a aplicar la progresividad fiscal –aportación proporcional a la renta disponible y a la riqueza poseída– que reconoce el actual ordenamiento constitucional.

Al fin y al cabo, bajar o subir impuestos, crear nuevas figuras tributarias o suprimir algunas de las existentes son herramientas para conseguir determinados objetivos. Pueden ser utilizadas complementariamente para posibilitar aquel horizonte de bienestar público previamente definido. En el ámbito de las investigaciones académicas está demostrado desde hace tiempo la falacia de quien sostiene que una bajada sistemática de impuestos proporciona una mayor recaudación fiscal. Sin embargo, lo que asegura tal estrategia es e debilitamiento da capacidad de las administraciones públicas para asegurar y ampliar la carta de derechos sociales.

2. ¿España es un paraíso o un infierno fiscal?

La situación tributaria en el ámbito del Estado español presenta determinadas características singulares, algunas de ellas muy diferentes a las que rigen en la mayor parte de los países de la Unión Europea. Por ejemplo, hay una menor presión fiscal que minoriza las aportaciones de recursos a las haciendas públicas; o también, la distribución del esfuerzo tributario penaliza a los perceptores de rentas del trabajo –sobre todo en los sectores medianos y bajos– en favor de quien disfruta de los rendimientos proporcionados por su riqueza patrimonial y de los beneficios das grandes corporaciones empresariales. Además de lo anterior, se registra un elevado y persistente nivel de fraude que daña gravemente la salud das finanzas públicas. Esta seria anomalía deriva de dos causas concatenadas: el mantenimiento de una excesiva dimensión de la economía sumergida y los agujeros que ofrece la legislación vigente para esconder una parte de lo que debe ser objeto de tributación.

3. ¿Existe una cultura fiscal apropiada?

Para completar el cuadro de las sombras existentes en el sistema, hay que señalar la presencia –en amplios sectores de la sociedad– de una cultura fiscal poco compatible con la viabilidad de un Estado de bienestar de calidad comparable al de los territorios más desarrollados del entorno europeo. Desde hace tiempo, está instalada una cierta conciencia proclive a demonizar el pago de impuestos y a desconectar el esfuerzo tributario del fortalecimiento de una red de prestaciones públicas que garantice mayores niveles de igualdad en el acceso a los derechos establecidos en las legislaciones estatales e internacionales.

4. La OCDE, el FMI y el BCE, ¿son bolivarianos conversos?

Estamos asistiendo a un curiosa paradoja: mientras la derecha política, económica y mediática reitera, con un empecinamiento digno de mejor causa, que la solución a los problemas de la economía española reside en la bajada de impuestos, desde instancias tan poco sospechosas de izquierdismo bolivariano como la Comisión Europea, el BCE, la OCDE y el FMI alertan de que no es un momento apropiado para debilitar los ingresos de los Estados y proponen que, en todo caso, se practiquen políticas de ayuda específicas para los sectores más vulnerables del aparato productivo. Para explicar esta falta de sintonía hay que acudir a la lógica del cálculo electoral cortoplacista que se maneja en los gabinetes de las organizaciones conservadoras: la conquista de La Moncloa exige abandonar el uso de los matices y abanderar, sin escrúpulos, la reducción indiscriminada de la carga impositiva. Obviamente, el abuso de esta táctica puede provocar efectos no deseados: Mariano Rajoy conoce bien la experiencia vivida entre 2011 y 2015; la distancia entre la falacia propagandística y la dura realidad de administrar recursos escasos.

5. ¿Resulta eficaz la política fiscal para combatir la inflación?

Feijóo está basando su campaña fiscal en un diagnóstico superficial y unilateral sobre la crisis que están atravesando las economías occidentales. Asociar las medidas tributarias a una pretendida eficacia en la lucha contra la inflación supone obviar la evidencia de que la actual subida del nivel de precios deriva de graves desajustes en la oferta de los productos energéticos y de otras materias primas y que, por lo tanto, debería ser ese el centro del combate de los gobiernos. Reducir temporalmente el IVA de ciertos productos puede ser una medida paliativa frente a los efectos perversos del encarecimiento de los bienes y servicios, aunque origina una evidente injusticia distributiva: los impuestos que se aplican sobre el consumo no permiten discriminar según o nivel de renta o riqueza de los que adquieren os distintos productos gravados.

6. ¿Existirá la necesaria reforma estructural del sistema?

Desde hace muchos años, está pendiente una revisión estructural del sistema fiscal vigente en el Estado español. Están elaborados varios informes –el último solicitado por el actual Gobierno de Pedro Sánchez– en los que expertos y técnicos formulan diversas propuestas de cambio. La llave está en la existencia de una mayoría parlamentaria que tenga la voluntad política necesaria para establecer un nuevo marco legal con vocación de permanencia temporal que permita acercar un doble objetivo: obtener los recursos financieros suficientes para asegurar la sostenibilidad de un Estado de bienestar de calidad contrastada, y mejorar substantivamente los niveles de justicia distributiva, haciendo realidad la progresividad proclamada en los textos fundacionales del sistema democrático vigente. En la conformación de este nuevo marco regulatorio deberán contemplarse las nuevas realidades presentes en el universo económico: la capacidad de generación de riqueza asociada a la digitalización y otras formas productivas –con la consiguiente formación de grupos de poder que antes no existían–, la capacidad de evasión de las grandes corporaciones tecnológicas o la nueva pobreza originada por las dificultades del mercado de trabajo para sectores relevantes da juventud.

7. ¿Dumping o cooperación federal?

El debate sobre la fiscalidad está atravesado por otra circunstancia que provoca más complejidad analítica (y que también proporciona más combustible para las ceremonias populistas): la descentralización territorial de ciertas figuras tributarias. Concretamente, en el vigente modelo de financiación autonómica –pendiente de revisión desde hace casi 10 años–, las comunidades autónomas (excepto Euskadi y Navarra, que disponen de un singular régimen del concierto económico) tienen capacidad para fijar normas propias sobre el impuesto de patrimonio, el de sucesiones y donaciones y una parte del IRPF. Además, pueden establecer figuras tributarias específicas para atender sus necesidades financieras. Este nivel de autonomía fiscal –por lo demás, no especialmente elevado– cabe utilizarlo con una lógica federal cooperativa o, como está sucediendo desde hace tiempo, podría formar parte de una estrategia de dumping desleal para buscar réditos electorales más o menos inmediatos.