El olor que producen las fábricas de celulosa se debe a que su proceso productivo para hacer pasta de papel emite sustancias como el dióxido de azufre y el ácido sulfhídrico, así como mercaptanos que recuerdan al hedor de los huevos podridos, aminas derivadas del amoniaco y otras cenizas y partículas hediondas. Esos compuestos, con todo, no son lo que peor huele en ellas. El negocio millonario que hacen costa del medio ambiente es lo que más apesta.

El 12 de febrero de 1963, el dictador Francisco Franco inauguró en Lourizán la factoría que la Empresa Nacional de Celulosas (Ence) había levantado en terrenos públicos ganados a la ría de Pontevedra, y que ya llevaba desde 1962 inundando la ciudad con su fetidez. Ence no solo asedió durante décadas a los pontevedreses con ese permanente olor a cloaca, sino que calcinó su ría vertiendo residuos organoclorados de mercurio, resultado del proceso de elaboración del cloro con el que luego blanqueaba la pasta de papel.

La industria pastera es una devoradora de recursos naturales, especialmente hídricos y forestales. Emplea cantidades ingentes de agua y de madera, pero también necesita de una alcantarilla en la que desaguar sus emisiones y vertidos: la naturaleza. Galicia lo tiene todo para que el negocio funcione: una desmedida masa forestal de eucaliptos −la madera más barata−, ríos de los que extraer agua limpia, rías donde devolverla contaminada... Y un input no menos necesario: gobernantes aún hoy permisivos con el maltrato ambiental. Especialmente si viene de la gran empresa.

Sin embargo, el país también cuenta con una sociedad civil contestataria. Desde que Franco inauguró la fábrica de Lourizán, la ciudadanía gallega ha logrado evitar hasta en ocho ocasiones que se levantaran otras factorías similares a la de Ence. El reciente aterrizaje de la multinacional papelera portuguesa Altri para instalar un macrocomplejo pastero en Palas de Rei (Lugo) junto al río Ulla, ha puesto de nuevo a prueba la tradicional resistencia patria contra la peste de las celulosas.

"Vamos a pararlo"

"Vamos a pararlo, no van a poder con nosotras", asegura Mónica Cea. Vive en A Vaqueiriza, una aldea de Palas donde explota con su familia una granja de vacas. Está a apenas 500 metros de donde Altri quiere levantar su instalación, que tendrá más 1,12 millones de metros cuadrados construidos sobre una superficie de 366 hectáreas y contará con una chimenea de 75 metros de altura que expulsará gases tóxicos y otras partículas.

Mónica nació en 1984 y apenas tenía conciencia de otros combates sociales contra las celulosas más allá de los de Lourizán. Cuando supo que la planta de Altri no era una biofábrica de fibras textiles, como la presenta la empresa, sino una pastera, se unió a la plataforma Ulloa Viva, que aglutina a quién se oponen a ella en la comarca. "Entonces empecé a conocer otros casos de movimientos contra las celulosas, como el de Ourense", explica.

A comienzos de 1975, con Franco aún vivo, la vasca Celulosas de Guipúzcoa quiso construir una de esas fábricas en Barbantes, en el municipio de Toén, junto al Miño y a unos 15 minutos en coche de Ourense. Contaba con el apoyo explícito de la entonces máxima autoridad en la provincia, el gobernador civil Joaquín Llobel Muedra, un franquista acérrimo que culpó a los partidos nacionalistas y de izquierda, aún en la clandestinidad, de organizar las protestas que levantaron a los ourensanos contra el proyecto. Se trataba de presentar la reacción nacional contra la peste como acción minoritaria de unos cuántos subversivos. Los de siempre, "los del no".

"Nunca más he vuelto a ver aquel espíritu de Ourense, aquella ciudad encendida, unida, solidaria, valiente y decidida", recordaba el periodista Fernando Ramos, nacido en Lugo pero vecino de la capital ourensana, en una crónica en La Región, el diario en el que glosó la contestación civil a la fábrica durante aquellos meses.

800 millones y 2.500 empleos

Altri planea invertir 800 millones en Palas y asegura que creará más de 2.500 empleos permanentes entre directos e indirectos. Celulosas de Guipúzcoa también se presentó a mediados de los setenta en Ourense con una campaña de propaganda, prometiendo que los 8.000 millones de pesetas que iba a invertir en Barbantes −hoy serían 727 millones de euros al cambio, teniendo en cuenta el incremento del precio del dinero− crearían también millares de puestos de trabajo.

Las protestas de entonces, como las de ahora, no venían solo de los vecinos más afectados por la peste. Catedráticos y profesores, científicas, ganaderas, agricultores y ecologistas advirtieron de que los vertidos y emisiones, como los de Ence en Pontevedra, además de oler a podrido provocarían daños irreparables en el Miño y sus ecosistemas colindantes.

El creciente malestar social se vio apoyado por figuras de prestigio académico, como Francisco Bermejo, catedrático de Química Analítica en la Universidade de Santiago y quien hasta su muerte en 1992 defendió el veto a las celulosas; y el geógrafo Javier Martínez Randulfe.

La contestación social fundamentada en las opiniones de expertos hizo que Celulosas de Guipúzcoa buscara una localización alternativa, alejada de lo que la empresa consideraba meras protestas de ecologetas urbanitas: O Barco de Valdeorras, a un ciento largo de kilómetros de la capital, río arriba por la cuenca del Sil. La compañía no tardó en descubrir que al movimiento civil, ya medianamente organizado, se sumaban los viticultores y bodegueros de la zona, y acabó desistiendo de instalarse en la provincia.

"Celulosa que no cesa"

No era a primera vez que la peste sobrevolaba Galicia. Lo contó Xavier Navaza en 1977 en un artículo de la revista Teima titulado "Celulosa que no cesa": la firma Proullasa, vinculada al Banco Pastor, ya había intentado sin éxito en 1974 construir una factoría junto al Ulla en la provincia de A Coruña. Primero en el municipio de Dodro y después, tras el rechazo de los informes científicos, en Rois.

Al poco, Celulosa y Papel de Galicia (Cepagasa), participada por el Banco de Vizcaya y Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga, trató de instalarse en Pantín, en Ferrolterra. Si no pudo hacerlo, según Navaza, fue por las presiones de un poderoso general franquista que poseía unos terrenos situados al lado de los que Cepagasa quería usar para la factoría.

Dos años después, se conocieron los planes de Celulosas de Guipúzcoa para construir una planta en Cospindo, en el municipio de Ponteceso, al norte de la Costa da Morte coruñesa. Cuando tuvieron noticia de ellos, los alcaldes de la zona redactaron y firmaron un manifiesto en contra y llamaron a sus vecinos a salir a la calle. El 28 de febrero de 1976, miles de personas de la comarca de Bergantiños se manifestaron en Ponteceso con una marcha que solo puede compararse a las acciones que muchos años después surgieron con Nunca Máis, la marea negra y la gestión del Prestige. En aquella ocasión, los vecinos ganaron.

Una celulosa es una peste para quien la sufre, pero un negocio ingente para quien la posee. Por poner sólo dos ejemplos: en la última década, Ence, con sus dos plantas en Navia (Asturias) y Pontevedra, tuvo en la última década 1.639,92 millones de euros en beneficios antes de impuestos. Cerca de 164 millones al año. Altri, que explota tres plantas en Portugal −Celbi, en Figueira da Foz; Caima, en Constãncia; y Celtejo, en Vila Velha de Rodão−, suma más de 697 millones de ganancias netas en los últimos cuatro años. Casi 175 millones de euros limpios por ejercicio.

Catástrofes medioambientales

Esas plusvalías restan toda capacidad disuasoria a las sanciones que el Gobierno portugués ha impuesto a la compañía por sus incumplimientos. La última, en enero de 2018, cuando provocó una de las mayores catástrofes medioambientales en el Tejo −el nombre del Tajo a su paso por Portugal− por un vertido que lo cubrió de orilla a orilla en un tramo de varios kilómetros con cerca de un metro de costra de espuma contaminante. Le impusieron dos multas de 12.500 euros y 48.000 euros, que se redujeron luego en la vía judicial a la que recurrió la empresa.

Las pasteras son un gran negocio. A mediados de los años setenta del pasado siglo, Celulosas de Guipúzcoa no estaba dispuesta a rendir el suyo en Galicia. Tras sus fracasos iniciales en Ourense y Ponteceso, quiso llevar su proyecto a Brión, en el cinturón verde de Santiago, a un cuarto de hora en coche de la ciudad. Allí dio de nuevo con el rechazo ecologista, vecinal y del ámbito académico más contestatario con el franquismo.

Entre quienes lideraron aquel movimiento figuraban el catedrático Francisco Bermejo, que ya había combatido el proyecto en Ourense, y su compañero en la Universidade de Santiago Xosé Manuel Beiras, vecino de Brión, catedrático de Estructura Económica y quien acababa de publicar el ensayo Contaminación industrial y desarrollo.

Beiras llegó a amenazar con una querella al entonces alcalde de Negreira, José Domingo Vidal Martínez, por las amenazas que este profería en las asambleas de los colectivos que se oponían a la fábrica. El regidor, que había ofrecido su localidad a la empresa para que se instalara allí y que incluso propuso a los vecinos que le vendieran a él las tierras donde construirla, también calificaba en la prensa regional de la época como "elementos subversivos" a quienes se oponían a ella

"Os tiraréis de los pelos"

Celulosas de Guipúzoca, cuyo proyecto también había sido rechazado en Euskadi un par de años antes, no quería bajo ningún concepto renunciar al negocio de una nueva fábrica en Galicia. Así que lo intentó también en Ponteareas, en la provincia de Pontevedra, donde el alcalde franquista José Castro −padre de la exdiputada del Partido Popular, expresidenta de la Agencia Turismo de Galicia y hoy alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro− advirtió a sus vecinos: "Si la llevan la otro lugar [la fábrica] os tiraréis de los pelos".

La corporación municipal, como ocurrió en Negreira, aprobó ofrecer a la compañía terrenos públicos. La presión popular, de nuevo, lo evitó. La empresa reiteró poco después el intento en As Neves, a 20 kilómetros de allí. Como había sucedido en otras localidades, los empleados a los que envió para convencer a los vecinos de las supuestas virtudes de la celulosa tuvieron que escapar como el rayo y bajo protección policial cuando la indignación social se situó en el borde de la violencia física contra los mensajeros de la peste.

Dos décadas después de amenazar con una querella al alcalde de Negreira, ya como portavoz del BNG en el Parlamento de Galicia y con el exministro de Franco Manuel Fraga en la presidencia de la Xunta, Beiras inició su discurso en el debate sobre el Estado de la Autonomía de 1996 hablando precisamente de la peste. Porque el mismo término con el que identificamos el olor que provocan las celulosas define también la infección epidémica contagiosa y mortal que Albert Camus convirtió en novela. El entonces líder nacionalista describió con aquella metáfora a los gobiernos autoritarios de la derecha en Galicia desde hacía décadas.

Desde A Ulloa a Arousa, donde desembocarán los residuos que Altri vertirá al Ulla si su planta llega a construirse amenazando la supervivencia de la ría y la de miles de familias que viven del marisqueo, se habla también de catástrofe. Y de solidaridad. "Este es un problema de país, no solo de los que vivimos en los municipios ribereños del Ulla", asegura Xosé Carril, alcalde nacionalista de Arzúa.

Fondos europeos

Carril y otros regidores, junto a concejales, vecinos, mariscadoras, investigadoras, ecologistas, científicas, agricultores, ganaderas, mariscadoras, portavoces de asociaciones culturales y de colectivos sociales diversos, se plantaron a principios del pasado abril en Bruselas invitados por la eurodiputada nacionalista, Ana Miranda, para reclamar a la Comisión Europea que no financie el proyecto de Altri.

La empresa pretende obtener más de 200 millones de euros de los fondos de recuperación y resiliencia acogiéndose a los programas de descarbonización de la Unión Europea, pese a que su contribución a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero será nula. Al contrario.

El grupo gallego fue recibido en la Eurocámara, donde el funcionario encargado de explicarles el funcionamiento de la institución, tras conocer el motivo del viaje a la capital de la Unión, se permitió contarles su propia experiencia con las celulosas. Es de Balaguer, en Lleida, donde Industrias del Papel y la Celulosa (Inpacsa) explotó una factoría pastera desde principios de los años sesenta hasta que la cerró en 1993.

"Un hedor insoportable"

"Mi infancia allí es el recuerdo de un hedor insoportable que se advertía a nueve kilómetros del pueblo, y del caudal del río Segre cubierto siempre de una espuma grasienta hasta 20 kilómetros río abajo. Aun hoy los índices de incidencia del cáncer en Balaguer están entre los más altos de toda la provincia", recuerda, tras pedir a Luzes que su identidad quede en el anonimato.

En 2007, ocho años antes de que Ence se comprometiera a reducir el nivel y la intensidad de sus emisiones pestilentes, una encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) situó a Pontevedra como la segunda capital de provincia del Estado que peor olía. Solo por detrás de Huelva, donde la misma compañía gestionó hasta 2014 otra fábrica de celulosa.

Según la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel), en el Estado, quinto productor de celulosa de la UE, hay diez plantas en activo como las de Lourizán, además de las ya clausuradas de Huelva y Balaguer. Producen anualmente 1,5 millones de toneladas de celulosa al año. Si Altri se sale con la suya, la factoría de Palas tendrá capacidad para producir 400.000 toneladas anuales, casi un tercio de esa cantidad.

La multinacional portuguesa tiene el apoyo explícito de la Xunta, del Gobierno español y de la patronal gallega. Pero está enfrentada a un movimiento social espontáneo aunque bien organizado y con una sólida estrategia comunicativa, que usa las redes sociales para sortear la censura de los medios públicos y concertados. Buena parte de quienes lo lideran son hombres y mujeres jóvenes en la veintena o en la treintena, que no tienen memoria de las luchas anteriores porque, como Mónica Cea, ni siquiera habían nacido entonces.

Del 'Prestige' a los pellets

Es el caso de la investigadora de Ecologistas en Acción Ana Díaz Freiría (O Porriño, Pontevedra, 1994), quien sí presta atención a las semejanzas entre la reacción social y vecinal ante otras amenazas de pestes y catástrofes medioambientales recientes en Galicia. Desde el Prestige hasta los pellets, pasando por decenas de batallas contra los embalses, las minas y los megaparques eólicos.

"Aunque estén a mucha distancia los unos de los otros y no se conozcan entre sí porque la prensa los oculta, son movimientos con características similares: una reacción vecinal espontánea y unida, solidaridad entre los afectados y, aunque las caras visibles sean en su mayoría hombres, siempre con mujeres llevando en la sombra a infraestructura de la organización", explica.

En Pontevedra, poco después de que Franco inaugurara la fábrica de Ence, quienes protagonizaron la lucha contra la contaminación de la ría fueron precisamente las mariscadoras, que se manifestaron una y otra vez con célebres protestas. Algunas tan duras que motivaron que la dictadura enviara para frenarlas a los infantes de Marina del cañonero Hernán Cortés como refuerzo de los antidisturbios de la Guardia Civil. Esa lucha aún sigue viva hoy, encabezada por la Asociación para la Defensa de la Ría de Pontevedra.

En 2016, décadas después de aquellos enfrentamientos, el Gobierno local del alcalde nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores declaró persona no grata a Mariano Rajoy, criado en la ciudad y que, a punto de caducar la licencia de Ence, se la prorrogó otros 60 años para que siga ubicada en los terrenos públicos que contaminó en la ría de Pontevedra.

Rajoy y José Blanco

Rajoy extendió la concesión cuando estaba en funciones como presidente del Gobierno tras perder la mayoría absoluta del PP en las elecciones generales de 2015. Se ganó la condición de apestado en su propia ciudad porque obvió la evidencia de que los vertidos habían acabado con uno de los bancos marisqueros más ricos del país. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló aquella decisión, pero el Tribunal Supremo la validó recientemente condenando así a los pontevedreses a convivir con la peste hasta 2073.

En Palas, de donde es natural uno de los impulsores de la planta, el exministro socialista José Blanco, propietario de la consultora que abrió la Altri las puertas de las administraciones españolas, deberán acostumbrarse a ella por lo menos hasta el siglo que viene. La solicitud de captación de agua en el Ulla que la empresa presentó a Augas de Galicia tendría una vigencia de por lo menos 75 años.

Es cierto, como en el caso de Ence, que a veces la reacción social no da sus frutos. Pero en muchas ocasiones sí, y no es la primera vez que los vecinos tumban los planes de una pastera para instalarse en la provincia de Lugo. Celulosas de Guipúzcoa lo intentó también en Quiroga, a unos cien kilómetros al sureste de Palas. Allí se produjo una de las mayores oleadas de protestas contra las celulosas de toda la historia de Galicia que anticipó el rechazo, solo tres años después, a la construcción de una central nuclear en Xove.

El domingo 18 de abril de 1976, entre 3.000 y 4.000 personas se manifestaron por las calles de Quiroga en una marcha no autorizada que acabó con 11 personas detenidas y sancionadas por orden del entonces gobernador civil y secretario general del Movimiento en la provincia, José Antonio Trillo y López Mancisidor. Era un represor de libro de los que luego quisieron aparentar ser demócratas de toda la vida. Primero como promotor de UCD y más tarde como diputado en el Congreso con la Alianza Popular de Manuel Fraga.

Sanciones

Trillo detuvo y multó, entre otros, a los escritores Manuel María, natural de Outeiro de Rei, y Lois Diéguez, de Monforte de Lemos, que recibieron sanciones de 300.000 pesetas. Teniendo en cuenta el incremento de la inflación, esa cantidad ascendería hoy la unos 24.000 euros, el sueldo medio anual en Galicia.

"La gente iba saliendo de sus casas a medida que llegaban más y más guardias civiles. Habíamos preparado la manifestación con mítines y reuniones previas, pero nos asustaba que venciera el miedo", recuerda Diéguez. Al final, la fuerza y la dignidad pudieron con él. "Ganamos al miedo. Estoy convencido de que con Altri sucederá lo mismo", añade.

El gobernador Trillo, que sería destituido pocos meses después de la manifestación por desairar a Juan Carlos de Borbón en una visita a Lugo, sancionó a otras siete personas con multas que equivaldrían en la actualidad la entre 4.000 y cerca de 12.000 euros. Entre ellos estaba el periodista Xosé Manuel Pereiro, codirector de la revista Luzes y también natural de Monforte, a media hora en coche de Quiroga. Tenía veinte años. Lo detuvieron, le dieron una paliza en la que llegaron a partirle una silla en la espalda y le impusieron una multa que le devolvieron meses después gracias a la Ley de Amnistía.

"Una funcionaria llamó a la casa de mis padres para decir que por favor fueran a recogerlo en metálico, que estaba intranquila con tanto dinero en el cajón". Lo que más recuerda, sobre todo, es la implicación de los habitantes de Quiroga, que llegaron a concentrarse frente al cuartel de la Guardia Civil para exigir la liberación de los detenidos.

Lucha apartidaria

"Muchos no pertenecíamos a ningún partido, como pretendía hacer ver el régimen. Claro que entonces aprovechábamos cualquier cosa para protestar contra el franquismo, pero la mayoría de la gente en aquella manifestación de Quiroga eran vecinos que no estaban dispuestos a permitir que la celulosa acabara con su pueblo y su modo de vida", rememora el periodista,

En 1976, un editorial de la revista Triunfo sobre los sucesos de Quiroga, que podría extenderse a todas las luchas contra la peste que se produjeron en Galicia, concluía así la crónica de lo ocurrido: "Las airadas reacciones gobernativas (prohibiciones de actos que informen a la gente, prohibición de la manifestación de Quiroga y estas espectaculares multas) vienen a confirmar la impresión de que en Galicia se va a imponer por el poder central una industrialización salvaje que no la va a sacar del subdesarrollo y que sólo va a cambiar el sistema de colonialismo interior que padece, no el colonialismo en sí".

Hace medio siglo el poder no pudo con Galicia en Quiroga. Ni en Ourense, O Barco, Brión, Ponteceso, Negreira... A los vecinos de Palas les está sucediendo ahora lo mismo que a los resistentes de aquellas villas a mediados de los años setenta. Lo mismo que al doctor Bernard Rieux, el protagonista de La Peste de Camus, que abre la trama de la novela cuando al salir de casa una mañana encuentra una rata muerta a los pies de su escalera.

El hedor que producen las celulosas provoca lo mismo que aquella rata en el portal: asco y estupor. Y aunque se le venza, como descubrió el doctor Rieux y está redescubriendo Galicia ahora, la peste no muere ni desaparece jamás. Lo cuenta Camus en la última frase de su novela: "Siempre puede llegar un día en que, para desgracia y enseñanza de los hombres, vuelva a despertar a sus ratas y las envíe a morir a una ciudad dichosa".