Roberto Vidal, presidente del tribunal especial para la paz de Colombia (JEP), está de paso en Europa para poner en valor ante la UE, la ONU o la Corte Penal Internacional de La Haya la enorme misión que tiene por delante: consumar la paz total en un país que ha vivido durante más de medio siglo bajo el fuego cruzado de las armas.

El colombiano reivindica el valor añadido de esta corte sui generis que dirige y que emana de los principios de la justicia restaurativa y transicional para superar las enormes heridas de un conflicto que ha dejado más de 262.000 muertos y casi seis millones de desplazados internos. Vidal pone de relieve que la reconciliación llegará de mano de la incorporación de los guerrilleros de las FARC en la vida social y política y no de la cárcel y la venganza.

Ha realizado un carrusel europeo por Europa reuniéndose con miembros del Parlamento Europeo, la Comisión, el Gobierno belga, la ONU o el Tribula de La Haya. ¿Cuáles son los principales resultados y conclusiones que saca de estos encuentros?

El mensaje fundamental de este viaje es que en Colombia no solo el tribunal sino el Estado están comprometidos con la búsqueda de la paz de forma muy seria. Agradecemos inmensamente el reconocimiento y el apoyo de las instituciones en Europa y del Tribunal Penal Internacional (TPI) a nuestro trabajo. La UE ha sido uno de los factores más importantes de estabilidad. En contextos difíciles políticos en Colombia su apoyo fue fundamental para que el tribunal de la paz pudiese desarrollarse.

Se cumplen ya siete años de ese histórico acuerdo de paz con las FARC. ¿Cuáles diría que han sido los principales resultados y los mayores obstáculos que ha enfrentado el tribunal que usted preside?

La principal aportación tiene que ver con la justicia restaurativa que hace el tribunal especial para la paz y que implica que los perpetradores han hecho contribuciones muy sustanciales a la verdad. Hemos sabido cosas que no se habían investigado o que no se habían denunciado antes y que la nación colombiana no conocía.

¿Por ejemplo?

El tema de los falsos positivos, las dimensiones del secuestro en Colombia, cómo afectó el conflicto a las poblaciones indígenas o la violencia sexual. No se sabía la profundidad de todos estos daños. Y todo ello genera una conciencia pública sobre la paz que es muy importante.

¿Y los logros?

Estamos comenzando nuestros juicios y pronto tendremos las sentencias. Hasta ahora hemos logrado hacer audiencias de reconocimiento. Públicamente ha habido un encuentro entre víctimas y victimarios. Y esos victimarios han reconocido al país lo que hicieron, han pedido perdón y han entrado en un proceso de reintegración. Sentimos que todo esto tiene un valor inmerso porque ha dinamizado mucho el proceso de paz. Y esta es una de las grandes contribuciones que puede hacer la jurisdicción.

Insiste mucho la necesidad de impulsar una justicia restaurativa. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la diferencia y el valor añadido de este tribunal especial con respecto a la justicia ordinaria?

La justicia ordinaria busca castigar a una persona por haber violado el derecho. Y causarle un dolor que haga que se arrepienta y no vuelva a hacerlo. En la justicia restaurativa buscamos no tanto castigar a los culpables como buscar la reconciliación del país. Y eso implica, por un lado, el reconocimiento de las víctimas, del daño que sufrieron y la búsqueda de la reparación. Y, por el otro lado, buscamos secundariamente castigar a los responsables, pero sobre todo reintegrarlos para que puedan ser personas normales después de haber sufrido también el trauma de la guerra.

Nosotros no solo investigamos y juzgamos, ofrecemos asistencia legal a los comparecientes, acompañamiento psicológico a las víctimas, pedagogía o presencia en territorio.

Los críticos dicen que el tribunal no está escuchando a las víctimas y está teniendo una mano demasiado laxa con los responsables que han infringido tanto sufrimiento en el país durante más de cinco décadas.

Decir que hay una mano demasiado laxa es injustificado y prejuicioso. El 95% de los comparecientes ha reconocido su responsabilidad y ha hecho aportaciones sustanciales a la verdad. Creo que es más difícil para un compareciente de los nuestros salir a la prensa mundial a admitir la responsabilidad por los graves crímenes, los mismos de los nazis, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Es más complejo reconocerse en ese nivel, admitirlo y pedir perdón a las víctimas que comparecer ante un juez normal y esperar que sea este quien pruebe lo que pueda. Es más complejo, más comprometido y es un mayor aporte a la sociedad.

Tienen un reto inmerso por delante en el que se fijan como objetivo alcanzar la paz total. Pero hay mucho dolor, heridas, intereses políticos o tensiones de todo tipo en medio de este proceso. ¿Está sufriendo presiones gubernamentales o de cualquier tipo para llevar a cabo su trabajo de forma autónoma e independiente?

Las presiones aumentan según el trabajo del tribunal va avanzando porque hay inmensas expectativas de las víctimas en términos de verdad, reparación y justicia. Pero también han crecido las expectativas de los comparecientes y de la sociedad. Una de las mayores riquezas de nuestro trabajo es que hemos podido atraer la atención del país. Esperamos estar a la altura de todas estas expectativas. 

Recientemente la JEP ha imputado 14 crímenes de guerra y de lesa humanidad a diez exintegrantes de las FARC. Por primera vez les imputa por reclutamiento forzado de niños y niñas. ¿Cuáles serán las implicaciones? ¿Irán a la cárcel?

Sobre este caso: cuando cualquier compareciente a la JEP ofrece verdad y hace un reconocimiento de sus hechos, la ley dice que no va a la cárcel. Durante cinco u ocho años trabajará en proyectos de reparación de las víctimas. Es lo que entendemos como una vía a la reconciliación distinta al aislamiento que supone la prisión para las personas.

En este, el caso cinco, le afean que están olvidando cuestiones de género como la violencia sexual.

En muchos de los once casos que tiene la JEP el tema de género está siempre investigado como una variable fundamental de la violencia en Colombia.

Colombia cerró un acuerdo histórico ante un conflicto demoledor. Europa creía que las guerras eran cosa del pasado o de lugares lejanos. Pero lo que está sucediendo en Ucrania ha recordado que no. Salvando las distancias de situaciones tan dispares, ¿qué podría aprender Europa de este proceso de reconciliación, saneamiento y reconstrucción que está llevando a cabo su país?

Seré muy modesto. Si bien nosotros hemos hecho muchos avances en el proceso de paz con las FARC y es exitoso, subsisten en Colombia siete conflictos armados. Nos falta muchísimo camino por recorrer. Diría que hemos aprendido que la voluntad de paz no se puede acabar nunca por más que la población se canse y por más que las atrocidades traten de derrotarnos. Tras tantas décadas de conflicto hemos aprendido que todos los conflictos armados terminan en paz.

Desde su perspectiva como magistrado con larga experiencia, ¿qué piensa sobre la ambición y llamadas de la UE para crear un tribunal especial que juzgue los crímenes de guerra cometidos en Ucrania? ¿Cree que es factible?

La creación de tribunales y el desarrollo de nuevas instituciones puede favorecer las posibilidades de la paz, siempre que se ponga al servicio de ello, como es el caso de nuestro tribunal.