Dos personas han muerto como consecuencia del incendio declarado durante la tarde del domingo en el centro de recepción e identificación del campo de internamiento de inmigrantes de Moria, en la isla griega de Lesbos, según ha informado la Policía.

Uno de los cadáveres ha sido trasladado por un vecino al Hospital General de Lesbos y se sabe que corresponde a una mujer. La Policía está intentando acceder a un segundo cadáver, el de un menor, que se encuentra dentro de uno de los habitáculos prefabricados utilizados para alojar a los inmigrantes, según fuentes policiales citadas por la agencia de noticias griega AMNA. 

Durante la tarde del domingo se declararon dos incendios que ya han sido extinguidos: uno a las 16.45 hora local (13.45 GMT) en un olivar a unos 400 metros del campo y otro, 20 minutos después, dentro del centro.

Según medios locales, el segundo incendio se declaró mientras una mujer afgana cocinaba en el contenedor que hacía las veces de su vivienda y se propagó rápidamente, debido a las condiciones de hacinamiento del campo.

La situación en el campo de Moria es insostenible

Tras los incendios un grupo de refugiados se enfrentó a los agentes de policía y bomberos lanzándoles piedras y palos, a lo que la Policía respondió con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras.

Medios locales apuntan que los refugiados destruyeron dos camiones de bomberos y parte de las instalaciones del Servicio de Asilo durante los disturbios y un portavoz de la Policía ha explicado a Efe que, aunque la tensión se ha reducido, el campamento aún está fuera de control y la operación policial continúa.

Las autoridades de la isla han recibido refuerzos desde la capital ateniense, de donde esta tarde salió un avión Lockheed C-130 con dos brigadas antidisturbios, el director de la Policía griega y el viceministro de Orden Público.

Desde hace tiempo la situación en este campo de Moria es explosiva, principalmente por el hacinamiento y la insalubridad consecuencia de que acoge a unas 12.000 personas aunque solo está preparado para unas 3.000, algo que tanto la ONG como la sociedad local han denunciado durante años.