A la celebración por el día de la paz y la reconciliación, el pasado día 4, los únicos que se desplazaron a Manhiça, 70 kilómetros al norte de Maputo, la capital, fueron los políticos. Los jóvenes se quedaron en la ciudad, celebrando la noche; y las familias aprovecharon que todavía no ha entrado el verano tropical para disfrutar primero de la brisa nocturna y después de las playas de la Costa del Sol. “Es que tampoco hay nada que celebrar. Los mozambiqueños sabemos que todo eso de la paz es un cuento que recitan cuando les interesa. Los únicos que van a esos actos de celebración son los políticos y los que hacen negocios con ellos. La gente se queda aquí, haciendo su vida”, resume Helder, quien ahora que es padre se levanta temprano para atender su negocio de venta ambulante.

Desde el fin de la guerra civil, que se prolongó durante más de quince años y dejó más de un millón de muertos, Mozambique ha firmado tres acuerdos de paz. El último el pasado mes de agosto. “Con este acuerdo venimos a decir que podemos entrar en desacuerdo, pero que siempre recurriremos al diálogo para resolver nuestras diferencias. Nunca, nunca, nunca más Mozambique debe ser escenario de guerra”, aseguró entonces el presidente y candidato a la reelección, Filipe Nyusi.

Pero hay dudas fundadas sobre su implementación y, especialmente, sobre su verdadero significado. La sensación entre los mozambiqueños es que el proceso de paz ha sido un pacto de conveniencia entre el Frente de Liberación de Mozambique (Frelimo), en el poder desde la independencia del país, y la histórica oposición de la Resistencia Nacional Mozambiqueña (Renamo). Desgastados los primeros por los escándalos de corrupción que llevaron al país a declararse insolvente en 2017, necesitan sosiego social para afrontar un proceso judicial que amenaza con llevarse por delante a la vieja guardia del partido. A la oposición, la muerte de su histórico dirigente Afonso Dhlakama, le ha sobrevenido una crisis de liderazgo que ha estallado con la excusa del proceso de paz.

La denominada Junta Militar de la Renamo, que mantiene el control de las fuerzas armadas en su feudo histórico en las montañas de la Gorongosa, se niega a entregar las armas y a aceptar el acuerdo de paz suscrito por el líder del partido Ossufo Momade. “El Gobierno tiene que negociar con Renamo, porque Renamo somos nosotros, los soldados que tenemos las armas”, declaró el portavoz del grupo, Joao Machava, tras tildar a Momade de “traidor y corrupto” “comprado por Frelimo”.

El presidente de Momzabique y candidato a la reelección, Filipe Nyusi, durante un acto de campaña en Mocimboa da Praia, en la provincia de Cabo Delgado. - EFE

Detrás de esta disputa de muchos egos y menos enfoques ideológicos, que se ha traducido ya en emboscadas, purgas y ejecuciones sumarias, se esconde en realidad una lucha por el control económico. Por primera vez, las elecciones presidenciales y legislativas del día 15 permitirán que los gobernadores provinciales sean elegidos por la lista más votada en cada región y no seleccionados por el Gobierno central como ocurría hasta la fecha.

Esta modificación, una de las exigencias históricas de la oposición, le permitirá pasar a manejar casi la mitad del país. En las generales de 2014, Renamo ya fue la fuerza más votada en cinco de las once provincias. “Aunque los gobernadores tendrán un poder bastante limitado sobre áreas de gobierno, las oportunidades de clientelismo son importantes ya que tendrán competencias sobre la concesión de tierras”, apunta el investigador del Institute for Security Studies Peter Fabricius.

En este escenario, son mayoría los que auguran un repunte de la violencia tras las elecciones. O bien porque, al igual que ocurrió en 2014, Renamo no reconozca el resultado electoral; o bien porque ya no le interese mantener el status quo de una negociación de paz. De hecho, a las denuncias por la alteración del censo electoral para otorgar más escaños a los territorios proclives a Frelimo le suceden los desafíos cada vez más elevados de la rama militar de Renamo. “Veremos lo que pasa 15 días después de las elecciones. Veremos si no estalla todo de nuevo”, advierte Helder Mendonça, líder del partido recientemente creado Podemos y sobrino del histórico combatiente por la independencia Francisco Manyanga.

Al norte del país, en la paupérrima región de Cabo Delgado, fronteriza con Tanzania, lleva una década asentándose la otra gran amenaza para la paz en Mozambique: un movimiento yihadista popularmente conocido como al Shabaab aunque sin vinculación demostrada con el grupo homónimo somalí. Aprovechando el resentimiento entre los jóvenes de la comunidad musulmana mwami, a los que fueron expulsado de sus tierras en favor de las inversiones extranjeras y de los animistas makonde, líderes radicales han creado un grupo insurgente capaz de poner en jaque a toda la región y obligar al Gobierno a contratar la ayuda de mercenarios internacionales rusos para contener la amenaza en una región clave para el futuro del país: allí se ha descubierto la mayor reserva de gas al sur del Sáhara, 5,7 billones de metros cúbicos, cuya explotación está en manos de empresas occidentales como Anadarko o ExxonMobil/Eni Project y convertiría a Mozambique en uno de los cuatro principales productores mundiales de gas natural licuado (GNL).

Al Shabaab, también conocida como Ansar al-Sunnah, “es un movimiento local que aprovecha un contexto de agravios para crear una secta extremista armada”, asegura el profesor de historia africana de la Queen's University de Belfast Eric Morier-Genoud. Hasta la fecha, han perpetrado ya alrededor de medio centenar ataques terroristas que han causado medio centenar de víctimas. “Desde la segunda mitad de 2018, la situación ha ido a peor con numerosos asesinatos, decapitaciones y la destrucción de cientos de casas y tiendas”, añade Morier-Genoud.

“Dicen que tenemos paz, pero cómo vamos a hablar de paz cuando nuestros hermanos en Cabo Delgado están muriendo”, se preguntaba al cierre de su campaña el actual alcalde de Beira, segunda ciudad del país, y líder del opositor Movimento Democrático de Moçambique, Daviz Simango.

Ossufo Momade, líder de la Resistencia Nacional Mozambiqueña (Renamo). - EFE

Frelimo, un debate generacional

“Usted, siendo hija de la Frelimo, ¿piensa votar a esos otros? No ve que el país solo crece si crece la Frelimo”. Ataviado con el polo y la gorra roja del partido, un veterano de Frelimo trata de convencer a la joven camarera de una pastelería donde ha ido a desayunar antes de participar en uno de los mítines para la reelección de Nyusi. Aunque pocos dudan de que el partido volverá a ganar las elecciones, tampoco se cuestiona que mantendrá la tendencia a la baja. “Ya no queremos más guerrilleros gobernando el país. Queremos espacio para mentes jóvenes y formadas en otra forma de entender el país”, comenta Hélder.

Esta disputa generacional llevó a la creación en los últimos meses de Podemos, una escisión conformada mayoritariamente por jóvenes vinculados a la Frelimo que no sentían su voz escuchada en el partido: “Mozambique ya no es el mismo país que era cuando los históricos líderes que aún controlan el partido llegaron al poder. Hace falta una mentalidad nueva en nuestros políticos”, continúa Mendoça, a quien una controvertida decisión de la Junta electoral impide participar en las elecciones presidenciales pero no en las legislativas. Hélder probablemente no votará por Podemos, “hace falta tiempo para confiar en ellos”, pero sí respalda sus mensajes: lucha contra el cambio climático, reformas que garanticen el derecho a la vivienda, la educación y los servicios sociales y, sobre todo, una lucha a muerte contra la corrupción.

Desde 2015, el país vive sobresaltado por lo que ha sido bautizado como el “mayor escándalo de corrupción del continente”: el gobierno de Armando Guebuza, en el poder durante una década, había contraído deudas por valor de 2.200 millones de dólares en un país cuyo PIB anual apenas supera los 12.000 millones dólares. El entonces ministro de finanzas, Manuel Chang, autorizó, a cargo de tres empresas estatales, la contratación de préstamos a Credit Suisse y al banco ruso VTB por valor de más de 700 millones de dólares para, supuestamente, renovar la flota pesquera con barcos y equipamiento que nunca ha aparecido.

El acuerdo, suscrito sin la aprobación parlamentaria que exige la Constitución, obliga al Estado a hacerse responsable de los pagos, lo que ha generado una crisis económica sin precedentes: en 2017, Mozambique tuvo que declararse insolvente, su moneda se devaluó más de 100% y el país fue excluido de las líneas de crédito internacional y de las ayudas del Fondo Monetario Internacional (FMI), quien sitúa a Mozambique como uno de los seis países de África subsahariana cuya deuda es insostenible. La previsión es que la deuda pública alcance el 130,3% del PIB en 2022.

Aunque el Ejecutivo de Nyusi ha intentado desmarcarse de la corrupción de sus predecesores, su ambigüedad a la hora de apoyar un proceso judicial que podría involucrar a más altos cargos del partido y los recortes obligados por la crisis económica han lastrado su apoyo entre su electorado tradicional. “No podemos proteger al Gobierno y que sea el pueblo el que sufre. Tenemos que investigar hasta el final lo que ha ocurrido, depurar las responsabilidades de los individuos involucrados. Sean los que sean y aunque haga caer el Gobierno”, sentencia Mendoça, cuyo agresivo discurso está levantando recelos en el país. Recientemente fue agredido por unos desconocidos en las calles de Maputo.

Con la disputa histórica entre Frelimo y Renamo delimitada en sus fronteras históricas, es este enfrentamiento generacional, el de los líderes históricos que participaron en la guerra y coaptaron desde entonces la gestión del país frente a sus propios hijos que reclaman un nuevo modelo para Mozambique, el elemento disruptivo que puede alterar el futuro inmediato del país.