Un informe publicado este miércoles por Human Rights Watch responsabiliza al Ejército y a la Policía de Perú de muertes que podrían constituir "ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias", así como de otros "abusos brutales contra manifestantes y transeúntes" durante las protestas que tuvieron lugar en el país entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

La ONG ha documentado en un informe titulado Deterioro letal. Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en el marco de la dura represión de Dina Boluarte –que asumió el control del país el pasado 7 de diciembre– con miras a aplacar las manifestaciones antigubernamentales.

"Durante semanas, mientras las fuerzas de seguridad mataban a manifestantes y transeúntes, el Gobierno de Boluarte parece haber mirado hacia otro lado", señaló César Muñoz, director asociado de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Hubo graves actos de violencia por parte de manifestantes, que deben ser investigados, pero eso no justifica la respuesta brutal, indiscriminada y desproporcionada de las fuerzas de seguridad". 

Después de entrevistar a 140 personas y verificar más de 37 horas de vídeo y 663 fotografías de las movilizaciones, así como autopsias e informes de balística, Human Rights Watch ha documentado la muerte de 49 manifestantes, incluidos ocho niños, debido a la "excesiva" respuesta de las Fuerzas de Seguridad.

Boluarte, bajo investigación fiscal

Dina Boluarte, quien sucedió constitucionalmente a Castillo tras el fallido autogolpe del 7 de diciembre pasado, está bajo investigación fiscal y podría afrontar un juicio por graves violaciones a los derechos humanos. Además, es la jefa suprema de las fuerzas armadas y policiales y lidera una coalición conservadora y autoritaria, que rechaza en las encuestas más del 75% de la población.

Desde que empezaron en diciembre las protestas contra su Gobierno y en demanda de un adelanto de las elecciones, la fuerza pública se ha empleado a fondo. Algunas de las víctimas eran transeúntes e incluso ente ellas hay un paramédico que asistía en primeros auxilios a heridos por la Policía. La defensa de Boluarte ha logrado obstruir el derecho de los abogados de las víctimas a estar presentes en los interrogatorios.